Entre la revuelta agraria y el tractor amarillo
- Escrito por Jesús Membrado Giner
- Publicado en Opinión
Pocos dudan de la inmensa empatía que concitan las reivindicaciones del campo. Los aplausos con que los ciudadanos reciben las tractoradas, son la mejor muestra de ello. Sin embargo la “espontaneidad” de algunos unido a la aparición de “lideres o lideresas” de lengua afilada para los insultos e injurias subidas de tono (la portavoz de la plataforma 6 F refiriéndose a la guardia civil por no permitirles entrar en Madrid con los tractores “os mató poco la ETA”), están ahondando en un cierto escepticismo sobre este movimiento, que unido a la cada vez mayor visualización de su instrumentalización por la derecha política, es la peor imagen que los agricultores de nuestro país pueden dar para mejorar su futuro.
Porque hay razones y argumentos suficiente para la revuelta; solo hay que ver que la renta media de los agricultores es un 40% menor al del resto de las actividades. Lo cual está llevando al abandono de numerosas explotaciones agrarias, aunque aumente la mano de obra contratada. De ahí también que sea el sector más envejecido con una tercera parte de sus activos por encima de los 65 años, y una media de edad del sector rondando los 60 años. Difícilmente podrá España garantizar la seguridad alimentaria de su población con estos recursos.
Cuando oigo y leo, que algunos de estos “líderes” echan pestes de la PAC y defienden como alternativa la libre comercialización de sus productos, sin los corsés de la UE, me gustaría recordar algunos datos más que conocidos. La UE dedica a la PAC en los presupuestos de este septenio el 35%, es decir 387.000 millones de €, para el 4’5% de su población agraria que genera poco más del 1’6% del PIB europeo.
La PAC ha ido evolucionando a lo largo de la historia conforme cambiaba la sociedad y las necesidades políticas en la UE. Hemos pasado por unos primeros años, tras el Tratado de Roma de 1958, en el que se reconoce la necesidad de una política agraria que empezó a desarrollarse en 1962, con el objetivo de hacer frente a las necesidades alimentarias de entonces. Para ello se fijaron precios a los productos, se interviene el mercado, más con intencionalidad política que económica; la deriva fue un excedente de producción agrícola que obligó a reorientarla en los años setenta sustituyéndola por ayudas directas al campo, a las explotaciones agrarias, que a la postre han beneficiado a los grandes. Hasta 2022, en España el 2% de los perceptores (que recibían entre 50.000 y más de 500.000 euros) obtenían el 25% del total. Por el contrario, el 70% (con pagos inferiores a 5.000 euros) obtenían el 15% de las subvenciones La última reforma busca mantener el equilibrio entre las ayudas a la producción, por lo tanto, a las grandes explotaciones rentables, mantener las rentas medias y pequeñas que fijan población en el territorio y también garantizar el equilibrio ecológico contra el cambio climático, (fertilizantes no contaminantes, pesticidas inocuos, semillas nuevas y más resistentes).
Pero al margen de los intentos de instrumentalizar la revuelta por parte de la derecha, hay numerosas asignaturas pendientes. Debe suministrar alimentos cada vez más seguros para la salud, asumir los mayores costes que ello y sus exigencias medioambientales supone, al tiempo que debe hacer frente a una competencia desleal que un mundo globalizado le plantea.
Y todo esto en una actividad donde los beneficios son más volátiles que otras, pues las dependencias de la climatología, la fluctuación de precios y otros factores que se escapan al control del agricultor hacen que incluso en años de buenas cosechas hay productos que dan pérdidas. Por eso cualquier variante nueva, como el incremento del gasoil, los efectos de la guerra de Ucrania, la falta de agua o la sequía extrema no pueden afrontarlas sin las ayudas públicas.
Pero, sin duda, la diferencia entre precios de origen y destino, lo que llamamos trabajar a pérdidas, resume el conjunto de problemas. Entre la competencia desleal de las grandes explotaciones agrarias situadas en territorio extracomunitario, y por lo tanto poco regulado por las normas de la UE, su menor coste de mano de obra, y la presión de los intermediarios para rebajar los precios del campo que posteriormente multiplican al consumidor, hay unos beneficios que no retornan al agricultor, lo cual produce enorme indefensión. La reciente Ley de Cadena Alimentaria es un buen marco, difícil de cumplir sin un fuerte apoyo de todas las instituciones y el compromiso organizado de los productores en su exigencia.
La aprobación de estas políticas ha contado siempre con el apoyo de los dos grandes partidos o bloques políticos mayoritarios en el Parlamento europeo. Y, por cierto, desde su creación todos los comisarios que han tenido esta responsabilidad en la UE han sido de la derecha política, incluyendo el actual, Janusz Wojciechowski del Pis polaco que pertenece al grupo Conservadores y Reformistas donde está integrado Vox.
