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Gruñir o razonar, esa es la cuestión


(Tiempo de lectura: 4 - 7 minutos)

La incultura en general y en particular la política, es una de las características principales de la denominada clase política, de la clase judicial y de la clase mediática en España. La falta de formación política, cultural e histórica es clamorosa en amplios ámbitos de esos dominios. Nociones básicas sobre ética, democracia, estrategia, táctica, relaciones de fuerza, hegemonía, historia social, división de poderes, alienación… y muchas más brillan por su ausencia en sus expresiones públicas; o bien son empleadas sin conocimiento de su significado y alcance en el lenguaje parlamentario, judicial, político y mediático al uso.

Nadie de entre sus titulares parece tomarse la molestia de estudiar un poquito de qué se trata esto de las categorías políticas y de su expresión adecuada. Claro que, basta con escuchar lo que tantos de ellos y de ellas se atreven a enunciar o a difundir desde las cámaras o los micrófonos, ante millones de telespectadores o escuchantes, para darse cuenta de la confusión en la que tratan de adentrarnos desde su propia ignorancia e incultura. La primera providencia que han de tener en cuenta es la que establece el carácter sustancialmente social de la política, arte, ciencia o método estrechamente vinculados a la satisfacción de intereses sociales en sistemas democráticos como el nuestro.

Una verdad básica que suele olvidárseles es que la soberanía nacional reside en el pueblo español, representado en el Parlamento. Se trata de un axioma cardinal de la democracia española, desgraciadamente tan olvidado estos días por parte de algunos jueces desprovistos de empatía social y cultura política que, por ignorancia, también quieren ser, por lo visto, poder legislativo per se. ¿Cómo pueden impartir justicia, es decir, aplicar leyes, si olvidan tan básico principio constitucional? Da la impresión de que quienes más ignorancia muestran al respecto, cuando estudiaban Derecho eran de aquellos que consumían su tiempo lector tan lejos de las aulas como cerca de las mesas de póker en el bar de la Facultad. A semejantes timbas, estudiantes de otras disciplinas, como política, periodismo, historia o economía, también acudían hurtándose el tiempo de aprender, cuyo rastro permanece vivo en sus actuales errores, errores cuyas consecuencias hoy pagamos todos.

En la arena municipal se dan también casos semejantes. En medios periodísticos se cuenta la anécdota de un primer edil de un pueblo de la Comunidad de Madrid quien, en vísperas electorales, tremendamente enfadado, se permitió propalar ante cientos de ciudadanos: ¡estos rojos de la izquierda, están intentando politizar, incluso, incluso, las elecciones municipales! O, como cuando otro edil, rogó a los periodistas: ¡no trasvaginen (sic) mis palabras! En la vida local, también, cosas de este tipo son frecuentes; pueden atribuirse, quizás, a la falta de profesionalidad de cargos electos que, procedentes, por ejemplo, del comercio, la hostelería o la restauración, deciden dar el paso a la política municipal y concurren a las urnas. Loado sea su compromiso cívico y sea pues considerada peccata minuta su ignorancia, siempre y cuando no trascienda dañinamente en perjuicio de sus representados.

Otro escenario, en ocasiones patético, es el de la política regional. A melonadas un día sí y otro también nos tienen acostumbrados personas que ocupan la jefatura de algunos gobiernos autonómicos. En ocasiones, incurren en pensar que tal o cual gobierno regional es un bien patrimonial que les pertenece en exclusiva, olvidando que una cosa es gestionar (¿) y otra bien distinta poseer. Ojalá se dedicaran a administrar sensatamente y con cordura, pensando en satisfacer los intereses y demandas de la ciudadanía y no únicamente, como acostumbran, dirigiendo su actuación a beneficiar a poderosos grupos de presión de intereses privados. Ojalá dejaran de litigar cansinamente contra el Gobierno de la nación y trabajaran por la ciudadanía.

Tampoco es de recibo es que portavoces parlamentarios, altos magistrados, incluso científicos, no sepan hablar en público, no solo en cuanto a observar las reglas mínimas del respeto social y la elocuencia, tan ausentes de la política regional y municipal, sino a la hora de pensar primero en términos sociales, políticos pues, para vertebrar cabalmente luego un pensamiento y saber exponerlo. Es precisamente esa carencia, tan irresponsable, la que determina el recurso permanente al insulto que tanto aplican. El linchamiento, la ofensa, el exabrupto, la interjección soez, la nota grosera, el humor vasto… se articulan en un gruñido irracional que suplanta al discurso sensato asentado en una argumentación lógica, inteligible y comprensible para el gran público. A éste, no se trata de aturdirle con barroquismos y florituras tan varias como hueras, sino mediante un habla llana y sincera, convincente, porque quien la emite esté convencido de que lo dicho es verdad. Solo en esa convicción se asienta la persuasión, tan necesaria en política, para lograr pactos, acuerdos, consensos…

Qué lamentable resulta escucharles cuando se manifiestan gruñendo. No es de extrañar que luego, en las denominadas encuestas a pie de calle, salgan a relucir las carencias de tantas gentes que no pudieron disponer del ejemplo de esos monopolizadores de la palabra pública, los políticos, tan presentes siempre en los medios, para imitar correctamente algunas formas expresivas. Cabe pues establecer una ley para explicar lo que sucede en ese ámbito de la expresión pública: cuanto más insultos vierte un político o una política, más ignorante es y cuenta por ello con menos recursos intelectuales, lógicos, históricos, cultura propia y argumentos de peso para oponerse o refutar algún argumento o medida ajena.

Gruñir es lo fácil; sin embargo, desmontar un argumento contrario implica inteligencia, voluntad, cultura y memoria, dimensiones casi inexistentes en las clases política, judicial y mediática españolas donde, desde luego, no todos los gatos son pardos: hay parlamentarios que dejan buena parte de su vida en arduas comisiones de trabajo; jueces exhaustos por la lectura y ponderación de farragosas instrucciones y por la conciencia de la responsabilidad de sus decisiones en forma de sentencias; periodistas sumergidos en descifrar el lenguaje político y transcribirlo en términos comprensibles y accesibles por un público heterogéneo; políticos con sentido de servicio público, que consumen sus vidas en reuniones eternas de dispar naturaleza para idear, discutir y decidir responsablemente medidas de alcance social… y un sinfín de gentes públicas que cumplen con las tareas que la sociedad les asigna y que ellos y ellas asumieron voluntariamente.

Pero los afanes de esas gentes responsables no medran, para verse eclipsados por las patochadas de tal señor o señora, irresponsables, que se vieron encumbrados al poder por votos no precedidos por una mera reflexión sobre la personalidad, la inteligencia, la cultura y la catadura del personaje que concurre a las urnas como candidato. Es absolutamente necesario que el mundo mediático, aunque no puede ni debe asumir las tareas judiciales, policiales y políticas que habitualmente se le exigen, se responsabilice de informar sobre quién es quien comparece ante las urnas. El acceso de personajes impresentables a puestos representativos es una de las lacras con las cuales ha de pechar la democracia española, a la que desacreditan con sus gruñidos fruto de su incultura. España no se merece tanto grito, tanta insidia, tanta ofensa irresponsable que profana el espacio público, patrimonio común de todos. Exijamos formación y cultura políticas a quienes ocupan cargos de responsabilidad social. Denunciemos la venalidad rampante. Impidamos el linchamiento del rival, tan en boga. Luchemos por sustituir el gruñido por el argumento, el grito por la razón, el odio por la concordia. Y pidamos a los que graznan, el respeto que nos deben.

 

Rafael Fraguas (1949) es madrileño. Dirigente estudiantil antifranquista, estudió Ciencias Políticas en la UCM; es sociólogo y Doctor en Sociología con una tesis sobre el Secreto de Estado. Periodista desde 1974 y miembro de la Redacción fundacional del diario El País, fue enviado especial al África Central y Oriente Medio. Analista internacional del diario El Espectador de Bogotá, dirigió la Revista Diálogo Iberoamericano. Vicepresidente Internacional de Reporters sans Frontières y Secretario General de PSF, ha dado conferencias en América Central, Suramérica y Europa. Es docente y analista geopolítico, experto en organizaciones de Inteligencia, armas nucleares e Islam chií. Vive en Madrid.


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