Los Ayuntamientos como escuelas de sostenibilidad y democracia

No es una tarea fácil pero sí resulta urgente porque en distintos países se observa una regresión del sistema democrático. El retroceso de la democracia viene acompañada no solo de más autoritarismo, más desigualdades y desprotección social sino también de la negación del cambio climático. Tampoco debemos olvidar que la lucha por la sostenibilidad y la democracia están unidas y sus enemigos son los mismos.

Se acerca la fecha de las elecciones municipales y la formación de los nuevos gobiernos locales. Es oportuno que las candidaturas de progreso a las alcaldías planteen a los electores cómo piensan ensanchar los límites de la democracia representativa desde la institución más próxima a la ciudadanía que es el Ayuntamiento. Porque la aplicación de medidas de acción política con voluntad de transformación y de educación medioambiental solo van a venir de la mano de gobiernos que garanticen la democracia local.

Por eso es vital que las alcaldías y los gobiernos locales promuevan con procesos innovadores -tanto presenciales como online- una democracia avanzada de participación ciudadana con medidas concretas de transparencia, consulta y rendición de cuentas en la toma de decisiones públicas.

Desde esa premisa los Ayuntamientos deben hacer el esfuerzo de desarrollar el papel de escuela de civismo de cara a convertir en una tarea colectiva la protección del medio ambiente. Esto significa promover hábitos menos consumistas y más ecológicos, un desarrollo urbano más sostenible y hacer crecer un compromiso de solidaridad planetaria con el objetivo de hacer frente a la crisis climática. Porque el agua, los ríos, los océanos, las playas, la Antártida y el Ártico, el aire que respiramos y la capa de ozono son comunes y pertenecen a toda la humanidad.

En un mundo globalizado e interdependiente, la contaminación de plásticos que provocamos en los mares y ríos, el uso indebido de los vehículos en la población y las emisiones de gases de efecto invernadero, la producción desmedida de residuos y la insuficiencia en los hábitos de reciclaje y reutilización, los consumos insostenibles de agua y energía o la destrucción de espacios verdes, son el producto de politicas institucionales negligentes e insostenibles. Pero también de malas prácticas urbanas que tenemos que corregir.

Sin duda, estas problemáticas superan el ámbito y la competencia estrictamente local. Pero nada será posible si no se activan comportamientos cívicos desde los gobiernos locales en favor de concienciar y buscar la colaboración ciudadana en el marco de una sociedad global y compleja que ha de sentirse corresponsable del futuro del planeta. De los populismos no podemos esperar nada que ayude a reforzar la democracia, a reducir las desigualdades o a promover una transición ecológica justa.

Desde los municipios, bajo el liderazgo de Alcaldías comprometidas de verdad con la sostenibilidad y la ética pública, se ha de promover entre la población una toma de conciencia sobre el hecho de formar parte de una ciudadanía global. Los Ayuntamientos comprometidos con la defensa de la calidad de la democracia y las políticas cívicas y sostenibles, representan una cultura política que responde a los nuevos retos del siglo XXI: una transición ecológica y energética justa y el perfeccionamiento de la democracia representativa.

El papel de los Ayuntamientos como escuelas de democracia y sostenibilidad supondrá, sin duda, más esfuerzo a las alcaldías pero también mayor legitimidad democrática en la aplicación de sus políticas. Creer en una democracia participativa, en tiempos de crisis globales, supone pasar de la idea de un gobierno local, como único protagonista en la toma de decisiones, a una Gobernanza cívica y compartida que implique a la ciudadanía, agentes sociales, otras administraciones públicas y sectores privados. Todo ello ayudará a que la ciudad sea más inclusiva y favorezca la cohesión social.

Nos enfrentamos al desafío de desarrollar procesos de decisiones políticas desde el principio de coproducción de políticas públicas. Esto supone una nueva relación de diálogo y cooperación entre los gobiernos y la sociedad. Es otra forma de concebir la democracia y de gestionar las actuaciones más complejas, dando respuestas compartidas a las problemáticas del territorio, local y global.