Desde la trastienda del Congreso: hagamos algo

La iniciativa parlamentaria de un diputado requiere para ser tramitada, las autorizaciones del asesor de área, la del portavoz del grupo en la Comisión concernida y la de la dirección del grupo. Esas firmas representan el poder absoluto del grupo. En su caso, se exige, además, el plácet del gobierno. Solo así pueden avanzar en el Congreso iniciativas básicas y necesarias para que un diputado pueda desarrollar con eficacia y rigor las funciones parlamentarias. ¡Me parece inadmisible!

Se están usurpando derechos y facultades a los diputados y eso también afecta a la calidad de nuestra democracia. Sucede que los artículos del Reglamento del Congreso (7, 180 y 185) recogen de forma imprecisa las facultades hipotéticas de los diputados y no se están aplicando correctamente. Se imponen los filtros internos que garantizan el mandato imperativo de los grupos.

El viejo Reglamento tiene que reformarse para garantizar a cada diputad@ un turno específico para intervenir en las Comisiones en caso de debatirse una materia que sea de interés directo para su circunscripción electoral. Reconocerle competencia real para registrar iniciativas como interpelaciones, preguntas escritas o petición de datos y documentos al Gobierno o a la Mesa del Congreso, sin que lo pueda impedir la tutela del grupo.

Este espacio de autonomía ha de permitirle, también, la presentación efectiva -lo que supone su entrada en el registro- de proposiciones no de ley en el marco de las Comisiones de las que forme parte, así como de enmiendas a los presupuestos. Se trataría de equilibrar y hacer compatible en el Reglamento un ámbito de acción libre para el diputado individual con el inevitable y necesario protagonismo de los grupos del Congreso en las grandes decisiones y en el Pleno.

El Parlamento es el escenario esencial de un sistema democrático. En él sus miembros pueden llegar a convertirse en una parte de su atrezzo. Se priman los discursos de argumentario, las consignas, los aplausos forzados y la votación disciplinada con escaso debate previo. De ahí la necesidad de dar a conocer la trastienda de su funcionamiento para cambiar.

Sobre esta situación resulta muy ilustrativa la Sentencia 57/2011 del Tribunal Constitucional que consideró “vulnerado el derecho a la participación política en condiciones de igualdad (artículo 23.2 de la CE) ante la inadmisión, por la Mesa del Congreso, de una solicitud de información presentada por un Diputado socialista por no estar acompañada de la firma del portavoz del grupo”.

Una democracia que quiera ser avanzada ha de reconocer y garantizar un ámbito de autonomía/libertad al diputado en su actividad. Sería la manera de evitar la suplantación absoluta de los representantes de la soberanía popular por los intereses de los grupos parlamentarios que actúan al dictado de los órganos directores de los partidos. Aún es más grave cuando desde el propio gobierno se marcan todos los criterios a los grupos de la mayoría parlamentaria.

En resumen, los mandatos imperativos de los grupos parlamentarios de los partidos se imponen al mandato representativo y a las facultades que disponen, en teoría, los diputados para realizar sus funciones. Además, estos se resignan ante la fuerza de la disciplina de voto y actúan con docilidad para evitar su marginación.