Ante la escalada racista y la crisis migratoria en Ceuta

Un mes después de la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos, la situación sigue sin resolverse. Miles de migrantes permanecen todavía en condiciones precarias, mientras crece el malestar de una población que lleva semanas soportando las consecuencias de una crisis que las distintas Administraciones no han sido capaces de afrontar con la rapidez y los recursos necesarios.

Ese malestar está siendo utilizado por los sectores políticos más reaccionarios para extender la criminalización de la población migrante y convertirla en responsable de una situación que no ha creado. La existencia de problemas reales en Ceuta no justifica perseguir a quienes duermen en la calle, impedir la llegada de ayuda humanitaria ni convertir delitos individuales en características atribuidas a todas las personas migrantes.

Las responsabilidades deben situarse donde corresponden. El Gobierno español ha reaccionado tarde y ha priorizado el control fronterizo y las devoluciones sobre una respuesta suficiente a las necesidades de alojamiento, protección de menores y atención básica. Las autoridades marroquíes, por su parte, utilizan su papel en el control de la frontera exterior de la Unión Europea como instrumento de presión en sus relaciones con España y con la propia UE.

La Unión Europea no es ajena a esta situación. Durante años ha externalizado el control migratorio hacia terceros países como Marruecos, financiando la contención de unos movimientos de población provocados por el desarrollo desigual del capitalismo, las guerras y la violencia creciente entre países derivada del agravamiento de las contradicciones interimperialistas.

Mientras tanto, el fomento del racismo contribuye a dirigir el malestar de quienes sufren el deterioro de sus condiciones de vida contra quienes tienen todavía menos. Así se construye una falsa comunidad de intereses entre trabajadores y explotadores por el simple hecho de compartir nacionalidad, mientras se presenta como enemigo al trabajador extranjero.

Los trabajadores migrantes forman parte de la clase obrera. Su defensa frente a la violencia, la garantía de sus derechos y su organización son una necesidad para el conjunto de los trabajadores en España.

El PCTE llama a la clase obrera y a los sectores populares a rechazar cualquier intento de convertir la crisis de Ceuta en una guerra entre pobres, a combatir el racismo y la xenofobia en los barrios y centros de trabajo y a exigir responsabilidades a quienes sí tienen capacidad para resolver la situación.

¡Contra el racismo, la guerra y la explotación, unidad de la clase obrera!