No hay nada más peligroso que un maestro. Bien lo sabía el general Franco, que hizo del magisterio uno de los colectivos más castigados por su dictadura. El franquismo abrió unos 52.000 expedientes de depuración a maestros de primaria y sancionó a alrededor de una cuarta parte del magisterio nacional, unos 16.000 docentes. Otros regímenes actuaron de forma parecida. La Alemania nazi expulsó en pocos meses al 15 % del profesorado universitario y encuadró al resto en una liga de maestros que en 1936 agrupaba ya al 97 % del gremio. En la Ucrania soviética, miles de maestros fueron detenidos acusados de «nacionalismo burgués», y en la China de la Revolución Cultural, solo en agosto de 1966, fueron asesinados 201 profesores en Pekín, muchos a manos de sus propios alumnos. Las dictaduras militares siguieron pautas similares, de la Grecia de los coroneles al Chile de Pinochet, donde el Colegio de Profesores contabiliza 256 docentes asesinados o desaparecidos y más de 8.000 expulsados de la profesión.
Hay un denominador común, salvando las enormes distancias entre épocas y regímenes. Y esa lógica funciona también a la inversa, porque pocas cosas retratan mejor a un dirigente que su actitud hacia los profesores. Randi Weingarten, presidenta del sindicato estadounidense American Federation of Teachers, lo explica en su libro Why Fascists Fear Teachers. Los ataques del poder contra el profesorado, sostiene, suelen esconder un ataque contra el pensamiento crítico y contra quienes lo transmiten a las nuevas generaciones, que es la mejor salvaguarda frente a la autocracia. Para Weingarten, además, todo deterioro de los servicios públicos acaba deteriorando la propia democracia.
Frente a ello, el discurso neoliberal que defiende la escuela privada promueve un modelo segregado por origen económico que no solo perpetúa las divisiones sociales, sino que las acentúa. Y es que la escuela es la única etapa de la vida en la que es posible convivir con otras realidades y otros orígenes. Si renunciamos a ella, caminamos hacia generaciones que nunca habrán conocido nada más allá de su entorno inmediato. ¿Puede surgir de ahí un líder capaz de reunir a clases distintas en torno a un proyecto común? Difícilmente.
Fijándonos en otros países, los sistemas educativos que combinan buenos resultados en PISA con equidad, como Finlandia, Estonia o Canadá, tienen en común una escasa segregación socioeconómica entre centros. La OCDE ha mostrado que segregar no garantiza mejores resultados medios, pero sí agrava la desigualdad, porque en los sistemas más segregados el origen económico de los alumnos pesa más en lo que aprenden. Detrás de la defensa de ese modelo está la idea de una escuela pública entendida no como proyecto común, sino como un servicio asistencial para quienes viven en los márgenes de la sociedad.
Y eso se refleja en lo que se invierte. El gasto por alumno no explica por sí solo el éxito de un sistema educativo, pero sí dice mucho de las prioridades políticas. Según la OCDE, en 2023 sus países miembros gastaron de media 12.893 dólares por alumno de primaria, frente a los 10.534 de España. Finlandia destina unos 13.800, y Estonia, el sistema europeo con mejores resultados en PISA, gasta menos que la media, pero lo concentra en una red pública que escolariza a nueve de cada diez alumnos. Dentro de España las diferencias son enormes, además. En 2023, el País Vasco invirtió 12.484 euros por alumno de la enseñanza pública, mientras que la Comunidad de Madrid, la región con mayor PIB per cápita del país, se quedó a la cola con 6.502, prácticamente la mitad.
Mientras tanto, Madrid destina cada año más dinero a la concertada, con 1.391 millones en el anteproyecto de presupuestos para 2026, 37,2 millones más que el año anterior. Después del País Vasco, es la comunidad que mayor proporción de su gasto educativo dedica a esta red, un 18 %. Se trata, además, de una red mayoritariamente católica, algo llamativo en un Estado que la Constitución define como aconfesional.
En medio de todo ello, las protestas de los docentes han sido recibidas con encendidas críticas cuando deberían ser un motivo de esperanza. Un profesor que discrepa, que argumenta y que enseña a sus alumnos a discrepar argumentando es un buen indicio de salud democrática. Joel Westheimer lo explica con una comparación muy gráfica: de la misma manera que Darwin demostró que la evolución de las especies se nutría de la variedad genética, la evolución de la democracia necesita la suma de perspectivas y realidades distintas. Una educación pública de calidad supone creer en esa sociedad plural, que alimenta el debate y ofrece las mismas oportunidades a todos, independientemente de la familia en la que hayan nacido. Y eso pasa por dar autoridad, autonomía y respeto a nuestros docentes.
Sin embargo, su figura sufre un cuestionamiento cada vez mayor por parte de la sociedad y de los dirigentes políticos, una campaña de desprestigio que coincide con una propaganda política cada vez más polarizada, simplista y banal. Pero prestigiar una profesión no puede quedarse en buenas palabras, y pasa también por pagar salarios competitivos que la hagan atractiva. No es lo que ocurre en Madrid. Según la comparativa de CCOO, la comunidad ocupa el puesto 13 de 19 en salario de maestros y el 11 en secundaria, pese a tener el coste de vida más alto del país. Si se ajusta a ese coste, un profesor de secundaria sin antigüedad cobra en Madrid un 28,4 % menos que en el País Vasco. Como consecuencia, Madrid es la administración educativa que más docentes pierde en el concurso de traslados: en los últimos cuatro cursos se han marchado 1.223 profesores más de los que han pedido venir.
Este abandono institucional forma parte de un antiintelectualismo más amplio, que desprecia el saber y reclama enseñanzas centradas exclusivamente en las demandas del mercado laboral. Pero, como sociedad, deberíamos preguntarnos para qué educamos. ¿Estamos formando operarios dóciles o ciudadanos? Varias generaciones han demostrado que no es necesario elegir entre integración profesional y cultura, y renunciar a ese equilibrio supone romper con la idea ilustrada de progreso a través de la cultura. Bernard Crick definió la política, en su ya clásico En defensa de la política, como la forma en que la gente en una sociedad democrática se une y trabaja a partir de sus diferencias. La educación pública y universal es la única herramienta capaz de enseñar eso a todos los futuros ciudadanos. ¿No debería ser ese el verdadero patriotismo?
Este propósito choca, sin embargo, con una realidad social cada vez más dura. Según el informe El Estado de la Pobreza 2026 de EAPN, en 2025 uno de cada cinco menores madrileños vivía por debajo del umbral de la pobreza, unos 237.000 niños y adolescentes. Casi 150.000 se encontraban en pobreza severa, según la Plataforma de Organizaciones de Infancia de la Comunidad de Madrid, una tasa muy superior a la media española.
La conclusión debería ser evidente para nuestros gobernantes. Con estas cifras, una parte importante de quienes protagonicen el futuro de Madrid saldrá, por pura estadística, de barrios obreros y entornos desfavorecidos. Lo que está por ver es qué escuela encontrarán. Pueden crecer en una escuela pública bien dotada, con docentes respetados, que les abra puertas y les enseñe a pensar por sí mismos, o en una escuela empobrecida que les confirme, día a día, que el sistema no estaba hecho para ellos. En la primera se forman ciudadanos dispuestos a sostener la democracia. En la segunda, una generación que habrá dejado de creer en ella antes de poder ejercerla. Y eso se decide hoy, presupuesto a presupuesto. La responsabilidad será de quienes los firmen.
«El propósito de la educación debe ser consolar a los afligidos y afligir a los acomodados».
Maxime Greene
