CCOO exige a los grupos parlamentarios la convalidación del decreto de vivienda para dar garantía jurídica y evitar un sobrecoste en alquileres

“Ante la convalidación pendiente del decreto, lo obvio. Comisiones Obreras exige a los grupos parlamentarios la convalidación de un decreto que nos parece justo”, resaltó Sordo, ya que se trata de una herramienta que daría garantía jurídica tanto a propietarios como inquilinos y evitar, igualmente, un sobrecoste en los alquileres que ya están “absolutamente desmesurados”. 



Por otro lado, el secretario general del sindicato ha resaltado que la organización tiene voluntad de participar y de convocar, junto con otros sindicatos o con las organizaciones sociales que se dedican a la defensa del derecho a la vivienda, el acceso a la vivienda a precios asequibles, las movilizaciones que se estimen oportunas.

“Es bueno que la sociedad civil exprese en la calle la preocupación profunda que hay con los precios de la vivienda de alquiler de propiedad en España y se movilice para exigir a los grupos que estén a la altura de las circunstancias de la situación”, recalcó Sordo.

“Esto va de exigir a los poderes públicos un acuerdo y una política interinstitucional que garantice el acceso a la vivienda a todo ciudadano y a toda ciudadana española a precios que se pueda permitir”, añadía Sordo, que insistió en que se necesitan dos millones de viviendas a precio asequible en los próximos diez años, topar los alquileres de forma temporal en las zonas tensionadas y evitar la especulación de los fondos de inversión con las viviendas, que son un bien de primera necesidad. 


Sordo lamentó también que las comunidades autónomas –principales instituciones con competencias en política de vivienda- se están poniendo de perfil en la material. “Están boicoteando la ley estatal de vivienda”, afirmó. “No puede ser quien más competencias tenga en la materia, se ponga de perfil y se dedique solo a echar la culpa a otros. “Este es el gran problema de España, el mayor riesgo de fractura social”, destacó el sindicalista.

Una situación que afecta también al empresariado. “Estamos ante un gran problema de movilidad de los trabajadores y las trabajadoras en España, y el empresariado serio de este país tendría que elevar la voz, porque es un problema social y también un problema económico”, concluyó.

La reunión mantenida entre CCOO e IU se enmarca dentro de las relaciones que mantiene la organización sindical con las fuerzas políticas del país.