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El Tribunal Constitucional garantiza la investidura de Puigdemont

Una semana esperpéntica dentro de un periodo atroz. Así podríamos definir lo que está sucediendo en España, de manera innegable, desde el verano. Sí, podríamos ampliar el periodo mucho más, pero no podemos disimular que desde que se produjeron los atentados en Barcelona todo está ocurriendo rápido, excesivamente rápido y de una manera descorazonadoramente agresiva.

Abríamos con la participación de Puigdemont en una conferencia en Dinamarca. Este episodio tenía su broche de oro con el auto dictado por el juez de instrucción, el Señor Llarena. Aquí expliqué por qué me parecía, posiblemente de manera equivocada, un auto sin desperdicio. Tan esperpéntico como para decir que, si bien el juez seguía considerando que había que detener a Puigdemont, no iba a ser en ese momento, básicamente por “no darle el gusto” porque aquél, en realidad quería ser detenido. Sí, como lo está usted leyendo: nunca se ha visto semejante cosa. Un terrible delincuente (según muchos que ya olvidan lo del “presunto” y la “presunción de inocencia”) sobre el que podrían recaer 30 años de prisión, se mueve libremente por Europa, atiende a los medios sin remilgos, y pudiendo ser detenido en cualquier momento (según algunos), no lo es porque, según el juez, quiere serlo.

Todo resulta increíble, alejado de cualquier mínimo atisbo que nos haga pensar que vivimos en un Estado de Derecho. Y por si hubiera dudas, los hechos se han sucedido de manera alucinante.

En Dinamarca, Puigdemont, avisó y trató de tender puentes. Hizo un llamamiento a la negociación, al diálogo, a su voluntad de querer ser investido como Presidente de la Generalitat (precisamente en ese momento fue propuesto como candidato por la mesa del Parlamento catalán). Precisamente al día siguiente tenía una cita en Bruselas con el presidente de la mesa, el Señor Torrent. Lejos de recoger el guante, el Gobierno de España decidió prohibirle la entrada a Puigdemont a la sede de la delegación catalana en Bruselas. Le cerró la puerta en las narices aduciendo que alguien que está “perseguido por la justicia” no puede pisar ninguna institución española. Una decisión que solamente aviva el fuego, aumenta la tensión y, por si fuera poco, conlleva que toda Europa se entere de la falta absoluta de intención de diálogo por parte del Gobierno de España. Desde luego, como estrategas, el tándem de Mariano y Soraya no tiene precio. De esa reunión salió la convocatoria para la investidura, que habrá de celebrarse el próximo martes, 30 de enero (cumpleaños del rey Felipe).

El siguiente paso del tándem Mariano-Soraya fue pactar con el Partido Socialista la solicitud de un informe al Consejo de Estado para que éste, a su vez, se pronunciase sobre la intención del Gobierno de recurrir la propuesta de investidura del único candidato a la Presidencia de Cataluña, el Señor Puigdemont. Este galimatías se puede explicar de otra manera: ante la convocatoria realizada por la mesa del Parlamento catalán, y ante las declaraciones de Puigdemont que apuntaban a que haría todo lo posible por ser investido, el Gobierno de España se pone en marcha para frenarlo todo. Y así decide paralizarlo antes de que suceda. No sé si usted habrá visto la película “Minority Report”, pero sería interesante revisarla: habla de unos agentes del futuro que, gracias al uso de los “poderes” de personas que pueden ver el futuro, detienen a los delincuentes antes de que cometan delito alguno.

Pues bien, el Gobierno, apoyado por el PSOE, deciden intentar parar esto como sea, aunque esto suponga comprarse una bola en la que adivinar el futuro y pedir que se suspendan las cosas por adelantado. Así deciden acudir al Tribunal Constitucional para que anule la investidura que, previsiblemente se producirá el martes 30, y de la que Puigdemont saldrá elegido Presidente legítimo de Cataluña. El Consejo de Estado contesta, aunque su respuesta no sea vinculante. Y señala que no considera que haya fundamentos legales para interponer este recurso al TC. Entre otras cosas, porque no puede recurrirse algo que no ha sucedido.

Al tándem le da lo mismo lo que dice el Consejo de Estado. Siguen considerando que tienen motivos para acudir al TC. Y así, el mismo viernes, Soraya llama personalmente por teléfono al Presidente del Tribunal para pedirle que se reúnan de inmediato (ese mismo viernes) y se pronuncien al respecto. El magistrado le contesta que no es posible, que él se encuentra en Estrasburgo y que, como muy pronto, podrán emitir su posicionamiento durante la jornada del sábado. (Huelga comentar aquí lo procedente o improcedente del hecho de que la Vicepresidenta del Gobierno llame personalmente al Presidente del Tribunal Constitucional).

Previa a la resolución del Tribunal Constitucional, que verá la luz a las nueve de la noche del sábado, por la mañana, los letrados emiten su informe: siguiendo la misma línea del Consejo de Estado, no ven fundamentos para que el TC admita tramitar la solicitud del Gobierno. Y de hecho, el ponente en el Constitucional así lo expone durante más de una hora ante sus colegas magistrados.

Tras una jornada de expectación, en la que se intuía una cabriola sorprendente para no dejar colgado de la brocha al tándem Rajoy-Sáenz, llegó la resolución. Un par de folios, donde no se cita absolutamente ningún artículo de ninguna ley (salvo para las notificaciones pertinentes), donde se determina que el TC no se posiciona por el momento, dando un plazo de diez días para que las partes presenten sus alegaciones. Pero eso sí, introduce un punto (el cuarto), en el que de manera totalmente escandalosa, se atribuye la competencia de dictar una serie de medidas que, ni le son competentes ni nadie le ha solicitado. Este hecho ha hecho saltar las alarmas de distintas personalidades, como el Catedrático de Derecho Penal, Joan Queralt (que fue letrado del Tribunal Constitucional), o como Joaquín Urias, Profesor de Derecho Constitucional (que también fue letrado del Constitucional). Concretamente, el TC señala que será suspendida “cualquier sesión de investidura que no sea presencial y que no cumpla las siguientes condiciones”. Esto viene a ser algo así como decir: no voy a pronunciarme sobre el asunto, pero mientras tanto, me pronuncio sobre el asunto entrando hasta la cocina.

Por si esto fuera poco, concretan y afinan estableciendo que Puigdemont no podrá ser investido por vía telemática, ni siendo sustituido por otro diputado; que en caso de personarse (consiguiendo zafarse de todos los controles que se están poniendo para detenerle en cuanto ponga un pie en España), tampoco será válido que tome posesión si no le autoriza previamente el juez instructor Llarena (en este punto se hace referencia a la orden de busca, captura e ingreso en prisión, cosa curiosa porque Puigdemont no tiene orden de entrar en prisión, sino de personarse ante el juez); se niega la posibilidad de delegar el voto por parte de los demás diputados que se encuentran fuera de España y sobre los que se dictó una orden de búsqueda y captura, diciendo nuevamente lo del ingreso en prisión, siendo nuevamente erróneo).

Con todo esto sobre la mesa, ahora hay que definir los pasos necesarios a dar:

- Puigdemont debe solicitar al juez instructor Llarena permiso para poder acudir a la sesión de investidura, cosa que acaba de hacer hoy mismo.

- El juez Llarena debe darle permiso para acudir y ser investido, puesto que no hay sentencia sobre Puigdemont, ni causa o fundamento alguno para limitarle su derecho político. Del mismo modo que ha podido ser candidato, concurrir en las elecciones, tiene derecho a ser investido Presidente.

- Si el juez instructor Llarena no permitiese que Puigdemont acudiera a ser investido, estaría incurriendo en un hecho delictivo contemplado por el código penal (así lo señala el Catedrático de Derecho Constitucional, Perez Royo)

- Después de ser investido, deberá el juez instructor determinar si considera que Puigdemont debe o no ser detenido y privado de libertad de manera preventiva. Y se abriría aquí el debate de si un Presidente, aforado, puede ser privado de libertad.

Dentro de lo rocambolesco de la situación, hay que señalar que con esta hoja de ruta del Tribunal Constitucional, se abre la puerta a que Puigdemont pueda ser investido Presidente con las garantías oportunas. Eso sí, para ello, Larena deberá cumplir también con los Derechos Fundamentales y con la ley, permitiendo que así sea. Bien mirado, y como dice Pérez Royo, quizás, de salir todo como debería (aunque a estas alturas esto es complicado adivinarlo y más teniendo en cuenta el esperpéntico auto de esta semana de Llarena), “no hay mal que por bien no venga”.

Media

Abogada.