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La otra parte del 155

La aplicación del artículo 155 de la Constitución Española es inconstitucional. No es que lo diga (y lo venga diciendo) yo, sino que así lo ha manifestado un amplio grupo de juristas y expertos en Derecho Constitucional (así como de otras disciplinas). Se llaman “Colectivo Praga” y cualquier jurista que esté de acuerdo con este planteamiento puede firmar y adherirse a su manifiesto.

Para que el lector pueda seguir los planteamientos que tanto el Colectivo Praga como quienes les apoyamos defendemos, le facilito aquí el texto del citado artículo:

a. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

b. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.

Como puede observar el lector, -sin ser necesario que usted sea Catedrático, ni siquiera Licenciado en Derecho- por ninguna parte se puede entender que este artículo permita cesar a un Gobierno, ni disolver el Parlamento. Por supuesto tampoco el hecho de intervenir ningún medio de comunicación público (ciertamente hasta el momento aún no ha tenido lugar el deseo expresado por Rajoy en su día, pero estaba en la lista de las medidas que vendrían por la vía del 155).

El artículo, respecto al requerimiento, dice literalmente “en el caso de no ser atendido”. Repito: “no ser atendido”. No se dice nada parecido a “ser atendido de manera poco comprensible”, ni “ser atendido de manera confusa”. No. Sencillamente habla del hecho de no recibir respuesta por parte del Presidente de la Comunidad en concreto, o sea, Puigdemont. Es evidente que el MHP contestó. Otra cosa es que no quedó claro lo que quiso decir, y por eso se le pidió que se explicase unos días después. Pero hacerlo, lo hizo. Y por lo tanto, no habría motivo para considerar que se cumple lo que determina el 155.

Este precepto atribuye al Gobierno Central, en caso de darse los requisitos que no se dan, a tomar el mando y dirigir al gobierno autonómico para que lleve a cabo aquéllas cuestiones relativas al interés general (y que se les pueda hacer cumplir de manera forzosa). En ningún caso habla este artículo de que puedan ser sustituidos los miembros del gobierno regional por otros. Ni cesados.

El derecho a la autonomía está recogido en el artículo 2 de la Constitución Española, lo que significa que no puede ser transferido al Gobierno Central. Del mismo modo, el artículo 152 de la Constitución establece que los estatutos de autonomía no podrán ser modificados salvo en caso de cumplirse el procedimiento que en ellos se establezca, y por lo tanto, este precepto también respalda todo lo anteriormente dicho (atendiendo al cese del Gobierno y a la disolución del Parlamento).

De manera concreta, la disolución del Parlamento solamente compete al Presidente de la Comunidad, y lo hará en base a los criterios y cauces establecidos, donde no se contempla la injerencia externa del Gobierno central. Además, supone un evidente ataque a un derecho fundamental como es el de la participación política y la libertad de conciencia y expresión.

No se sostiene de ninguna manera el cierre de las oficinas de representación del Gobierno de Cataluña en el exterior (todas menos una), ni la intervención de las cuentas públicas.

No es cuestión de hacer interpretaciones torticeras de la ley, no hace falta sacar nada de contexto para entender que lo sucedido no se ajusta a Derecho. Se mire por donde se quiera mirar. El precepto no es abierto, no deja al albur de la interpretación su posible aplicación. Sobre todo, teniendo en cuenta que nos encontramos ante una situación tremendamente delicada y que, en caso de tener que apercibir a un gobierno regional, en caso de compeler al cumplimiento forzoso de obligaciones para garantizar el interés general, es necesario ser rigurosos, incluso en exceso.

Se ve una peligrosa flexibilidad en la interpretación de las leyes, tanto del 155 como del Código Penal a la hora de iniciar procesos por delitos como la rebelión o la sedición cuando de manera evidente no concurren los requisitos que el tipo penal expresamente determina. Y ya van dos meses en los que dos personas inocentes se encuentran en prisión (Los Jordis), sin haber cometido ninguna de las actividades delictivas que define el Código Penal. Dos ciudadanos pacíficos, sobre todas las cosas cívicos (comprometidos con movimientos sociales culturales, informativos, que han trabajado durante años para promover participación ciudadana, desarrollar derechos sociales), en definitiva: dos perfiles que desde luego no tienen el más mínimo atisbo de peligrosidad desde el sentido penal. Otra cosa será, efectivamente, que puedan resultar peligrosos para los intereses que podría haber detrás de todo lo que está sucediendo. Podría imaginarse que, precisamente los Jordis deben estar encarcelados porque son dos piezas clave en la movilización de la ciudadanía catalana, de esa que sabe organizarse, sabe moverse, sabe informarse e incluso tener pensamiento crítico. Por eso, precisamente, creo que Los Jordis son peligrosos para este sistema. Y por eso están en la cárcel.

Por si todo esto le sabe al lector a poco, paso a relatarle el listado de medidas que, una vez aprobadas en el Parlamento Catalán, y por lo tanto, en trámite de comenzar a ser desarrolladas para su puesta en marcha inmediata, han sido suspendidas por el Tribunal Constitucional a petición del Gobierno del Partido Popular.

· Ley de consultas populares

· Ley sobre material audiovisual

·Decreto ley de horarios comerciales

· Decreto ley de impuestos a la banca

· Decreto ley contra la pobreza energética

· Ley de acompañamiento de presupuestos

· Ley de consultas populares no refrendarias

· Ley de creación de impuestos a la producción de energía nuclear

· Ley del Defensor del Pueblo

· Ley de Acción exterior

· Comisionado parala Transición Nacional

· Tasa de operadores de Internet

· Código de consumo de Cataluña

· Reforma de la ley de comercio de Cataluña

· Agencia Tributaria de Cataluña

· Declaración de Independencia del Parlamento

· Comisión de estudio del Proceso Constituyente

· Consejería de Asuntos Exteriores

· Ley de puestos a las viviendas vacías

· Ley de gobiernos locales

· Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres

· Ley de prohibición del “Fracking"

· Ley para la prohibición de grandes superficies fuera de las ciudades

· Ley que permitirá la creación de Medinyà como municipio independiente de San Julià de Ramos

· Ley de emergencia habitacional, o contra los desahucios

· Ley sobre el libro sexto del Código Civil de Cataluña relativo a obligaciones y contratos

· Ley de voluntades digitales

· Ley de Referendum

· Ley de transitoriedad jurídica

· Ley de la Agencia de Protección Social

· Declaración de Independencia

· Ley catalana contra el cambio climático

· Ley de creación de la Agencia de Ciberseguridad Catalana

Pues bien, una vez leído el listado detenidamente, es evidente que había otra parte del 155 que no nos han contado. Y era, en definitiva, bloquear todas las iniciativas que podrían dejar en evidencia al gobierno del Partido Popular (apoyado por el PSOE y Ciudadanos), demostrando así que otra política al servicio de la ciudadanía era posible. Y ojo, además, ¡pretendían romper con la Monarquía!

¿Vamos entendiendo ahora por qué los medios de comunicación tratan de tapar lo que realmente supone la revolución social de Cataluña? No, no son las clases de la burguesía las que promueven el independentismo. Son más bien los movimientos de las clases populares que quieren gobernarse de manera mucho más directa, transparente y en su propio beneficio, rompiendo así con las cuerdas tejidas por el poder que han llegado a atar las manos de la política española.

¿Vamos entendiendo ahora por qué es tan complicado enterarse de lo que realmente sucede en Cataluña?

Beatriz Talegón

Abogada.