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¿Acabará Putin en la Corte Penal Internacional?


(Tiempo de lectura: 4 - 7 minutos)

El descubrimiento de las fosas de Izlum, con cerca de quinientos cadáveres, se viene a unir a otros descubrimientos similares o la matanza de la prisión de Olenivka. Moscú tiene oficio en la perpetración de matanzas como se vio en Katyn y el caso de Izlum es otro más, porque si algo se ha comprobado en la agresión rusa contra Ucrania es que Putin no duda en atacar a la población civil y a las infraestructuras civiles como viviendas y hospitales. Nada nuevo en las guerras: estos días estamos viendo Londres con ocasión de los actos mortuorios de la Reina Isabel II, pero deberíamos recordar cómo era Londres a mediados de 1945, tras los bombardeos alemanes. Precisamente en los lugares donde ha estado expuesta la Reina, en el Hall y en la Abadía de Westminster, hay placas que recuerdan a las personas que murieron por causa de los bombardeos alemanes. No ha de extrañar por ello que tras los bombardeos alemanes en muchos países de Europa (Rotterdam, Belgrado, etc.) la propia Alemania fuera arrasada por los bombardeos aliados, empezando por Dresde.

Pero el hecho de que desde el siglo XX las guerras se dirijan a la población civil para debilitar al enemigo no obsta para que los gobernantes que ponen a la población civil como objetivo militar incurran en responsabilidad internacional. Ya en el siglo XIX nació el Derecho internacional humanitario para tratar de proteger a la población civil, pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando las Potencias Aliadas, siguiendo las recomendaciones de grandes juristas como Hans Kelsen, decidieron crear tribunales internacionales que juzgaran los crímenes de guerra de los países del Eje. Tras la Declaración de Moscú, en 1943, se decidió crear lo que luego serían los Tribunales de Núremberg y de Tokio que acabaron juzgando y condenando a las principales autoridades de Alemania y de Japón, sin perjuicio de los tribunales nacionales que se establecieron en algunos Estados como Francia, Países Bajos, Noruega, etc. Todo ello culminó en la aprobación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, que España ratificó en 2000 y publicó en el B.O.E., núm. 126, de 27 de mayo de 2002 (véase el núm. 330, de junio de 2022 de Temas para el debate, dedicado a ”Responsabilidades políticas y legales sobre la agresión a Ucrania”).

Si examinamos los artículos 7 y 8 del Estatuto de Roma, donde se tipifican los crímenes contra la Humanidad y los crímenes de guerra, vemos que Rusia ha incurrido en muchas de las conductas descritas como ilícitos internacionales:

“… se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) asesinato;

b) exterminio; …

d) deportación o traslado forzado de población;

e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;

f) tortura;

g) violación…;

i) desaparición forzada de personas” (artículo 7.1).

Si recordamos como han actuado las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania, casi todas las conductas tipificadas en el Estatuto de Roma son aplicables: ataques de artillería sobre vías públicas y sobre concentraciones de personas como las estaciones de ferrocarril, ataques a hospitales, destrucción de bloques enteros de viviendas, de centros de enseñanza y de monumentos histórico-artísticos, muertes a civiles que circulaban por vías públicas, detenciones, interrogatorios y torturas a civiles y, en fin, destrucción de infraestructuras y servicios públicos. Todos hemos visto imágenes de civiles tirados en las calles y de mujeres y niños mutilados por los bombardeos rusos. Y cada vez que los ucranianos liberan una ciudad empiezan a aparecer fosas de personas que desaparecieron tras su detención. La llamada de Katyn sigue sonando en los oídos de las autoridades rusas.

Es cierto que no es el primer caso desde 1945. Las agresiones estadounidenses contra Vietnam e Irak, las guerras civiles yugoslavas, la agresión iraquí contra Kuwait, la destrucción masiva de Gaza por parte de Israel o la destrucción de media Siria por parte de su propio Presidente con apoyo ruso son, entre otros, ejemplos de crímenes de lesa humanidad y de guerra que no han tenido castigo. ¿Qué posibilidad hay de que Putin, con sus cómplices los Ministros Lavrov y Shoigú, acabe siendo juzgado en la Corte Penal Internacional? Adelantemos primero dos circunstancias que nos ayudarán a entender la respuesta.

En primer lugar, la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional africano. Tiene su sede en Amsterdam, es verdad, pero los treinta y un asuntos que ha tramitado hasta el presente son africanos (República Centroafricana, República del Congo, Costa de Marfil, Kenia, Libia, Sudán, Uganda, etc.). Sólo hay investigaciones preliminares referidas a Bolivia y a Venezuela pero en ningún caso hay un asunto europeo. Y en segundo lugar, todas las personas que fueron juzgadas lo fueron por haber sido derrotadas en algún combate o incluso en un guerra, o porque, sin haber sido derrotadas, han sido capturadas por alguna Potencia europea como Francia. Ninguna de estas circunstancias es aplicable al Presidente de la Federación Rusa ni a sus cómplices, si bien es cierto que Lavrov ha salido alguna vez más allá de las fronteras de su país. Por ende, ¿no veremos a Putin y a sus cómplices en el banquillo que se merecen?

Si Ucrania llega a acorralar a Rusia y recupera el territorio que la ha robado la Federación, podrá hablarse de una derrota de Putin. En ese caso, para salvarse, no es imposible que los oligarcas rusos que deben a Putin su poder y su patrimonio acaben volviéndose contra su benefactor y acaben derrocándole. La Historia rusa y la Historia soviética está plagada de conjuras contra el gobernante. Y una vez derrocado Putin, nunca se sabe qué puede pasar. Es cierto que el nacionalismo ruso, como antes el soviético, está muy exacerbado y en principio repugnaría a mucho ruso ver cómo entregan a su actual dictador a un tribunal extranjero. Pero nunca se sabe y hasta es posible que los oligarcas que lo destronen prefieran la solución “limpia” de un tribunal internacional antes que mantenerlo en una cárcel rusa o liquidarlo.

Pero para ello es necesario que la Corte Penal Internacional atienda las peticiones de algunos países y aplique el artículo 58 del Estatuto de Roma, inicie una investigación (hay materia suficiente) y dicte una orden de detención contra Putin y algunos de sus colaboradores más próximos. Si es importantísimo que los Estados de la OTAN proporcionen mucho y buen armamento a Ucrania, es igualmente importante que algunos países insten a la Corte a abrir una investigación y a dictar las necesarias órdenes de detención, porque la batalla judicial es tan importante como la batalla armada contra el agresor.

Antes de acabar, conviene también avanzar una reflexión sobre la izquierda europea y latinoamericana que actúa de facto como cómplice de Putin. Como la agresión rusa es demasiado evidente y los daños a la población civil están a la vista de todos, han tenido la cobardía de no apoyar de manera directa al agresor. Pero lo hacen de manera indirecta con diversos argumentos falaces; a saber: que proporcionar armas a Ucrania prolonga la guerra (sic), que hay que dejar paso a la diplomacia (que se lo digan a Lavrov), que el apoyo a Ucrania va a provocar una crisis económica en el resto de Europa, que Europa está haciendo el juego al imperialismo americano o que se refuerza el expansionismo de la OTAN. Todas son falacias que no logran ocultar la miseria moral de una pseudo-izquierda que, sin atreverse a confesarlo, sigue teniendo como referente ideológico el bolchevismo.

 

Subsecretario de Cultura y Deporte, Director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar en el Ministerio de Defensa, Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Secretario General Técnico de los Ministerios de Vivienda, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Delegado de España en la primera reunión Intergubernamental de expertos sobre el anteproyecto de convención para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, organizada por la UNESCO, en los años 2002 y 2003.

Fue fundador y director del anuario Patrimonio Cultural y Derecho desde 1997. Hasta la fecha ha sido también vicepresidente de Hispania Nostra, Asociación para la defensa y promoción del Patrimonio Histórico.

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