Un inicio de curso de clases medias y transversalidad

Simultáneamente, ha organizado una reunión con ciudadanos, que a lo largo de la legislatura se han puesto en contacto con él por algún medio, en la sede de la Moncloa. Un primer paso dentro de la campaña anunciada de  recuperación de la calle, mientras la vicepresidenta Díaz sigue con su proceso de escucha en el que Podemos reitera su disposición al acuerdo. Como respuesta, la ultraderecha ya ha organizado sus primeros escraches para reventar la presencia del gobierno en la calle.

Mientras tanto, el cordón sanitario frente a la extrema derecha en Europa se resquebraja con el inesperado apoyo del PP europeo a la candidatura de la alianza con la ultraderecha en Italia. Algo en lo que ha sido pionero el nuevo PP de Feijóo, que ha ido de la pasividad inicial a una estrategia cada día más compartida con la ultraderecha en España.

Por otra parte, la Presidenta de la comunidad de Madrid, después de la cena de hermandad, se ha desmarcado una vez más de la posición de Rajoy, ésta vez sobre el proyecto de ley de aborto, en relación a la extensión del derecho a las jóvenes de dieciséis y diecisiete años, en defensa de su libertad de decidir sin necesidad de permiso paterno, algo sorprendente, cuando hace unos meses defendía lo contrario. Con eso solo trata de seguir marcando su posición ultraliberal de verso suelto en el PP a costa de los derechos de las mujeres más jóvenes, frente al conservadurismo que representaría la actual dirección de Núñez Feijóo. Ésta, ante sus declaraciones, hace de la necesidad virtud y asume la transversalidad como algo positivo en la misma línea de la bendición del tándem con la ultraderecha en Castilla y León o de su opuesto en Andalucía.

La mencionada rebaja del IVA del gas, como la de tantos otros impuestos, ha sido desde el inicio la única aportación genuina de la derecha frente a la escalada de precios que se ha producido como consecuencia de la salida de la pandemia y sobre todo como efecto económico de la guerra de Ucrania y de las sanciones económicas a Rusia.

Una rebaja fiscal polémica que el gobierno pretende dirigir a las clases medias, pero que tiene afiladas aristas para los postulados fiscales de la izquierda, ante todo porque es fiscalmente regresiva, y además estimula el consumo frente a los compromisos de ahorro y eficiencia energética, pero ante todo porque entra en la lógica obsesiva de la rebaja de impuestos que ha sido y es el mantra de la derecha de Núñez Feijóo, y que tiene como principal derivada el consiguiente recorte de los ingresos públicos, imprescindibles para el mantenimiento del Estado del bienestar en un periodo de incertidumbre, de catástrofes y de profundas desigualdades. Una medida que además se suma a las rebajas previas de los impuestos a la electricidad y a la subvención lineal a los carburantes, ambas con un alto coste y que se han demostrado de dudosa eficacia, sino contraproducentes, frente al actual nivel de inflación. En definitiva, una concesión que tampoco dará satisfacción a la derecha porque, incluso como en este caso, cuando en algo les das la razón, para ella la izquierda siempre llega tarde y mal. En este sentido, la rebaja además del error que supone asumir su terreno de juego como en su momento hizo Rodríguez Zapatero con el impuesto del patrimonio, que nunca será interpretada como un acercamiento sino como un signo de debilidad y un nuevo motivo para aumentar la dinámica de confrontación preelectoral.

Por el contrario, tanto las subvenciones como las rebajas de impuestos ante la crisis energética y la inflación, deberían ser en cualquier caso selectivas y acotadas en el tiempo, para proteger a los sectores económicos más dependientes de los combustibles y de la energía, así como a los tramos de renta más bajos y por tanto más frágiles frente al impacto de la inflación sobre su reducida capacidad de consumo. En este sentido, serían preferibles otras medidas ya conocidas como los bonos a la electricidad, al gas y al transporte público, dirigidas a determinados colectivos y tramos de renta, antes que las rebajas lineales que tratan a todas las rentas por igual.

Mientras tanto, en la UE dan una de cal y otra de arena en relación a las graves consecuencias de la escalada de la inflación sobre la economía europea. Después de más de seis meses desde el inicio de la guerra, por fin Europa muestra su disposición a revisar el método marginalista para el cálculo del precio de la electricidad, como le había pedido desde un principio el presidente Sánchez, que ante el rechazo hubo de conformarse con Portugal con la llamada excepción ibérica del tope al precio del gas. Al parecer, ahora la Comisión Europea baraja reducir los beneficios caídos del cielo en la factura, sin diferenciar a las energías limpias, lo que dificultaría mantener el apoyo a las inversiones para su implantación y ampliación dentro de la estrategia de transición energética. En resumen, la Comisión y el Consejo de ministros tendrán que abordar una negociación complicada para diseñar una alternativa al método marginalista y deberán hacerlo rápidamente.

Asimismo, Rusia responde al tope del petróleo y al debate abierto en la UE sobre el del gas con interrupciones del flujo de gas por razones 'técnicas' y con nuevas amenazas de cierre de suministro, y entre tanto, el gobierno Francés se reafirma en su posición previa de rechazo con respecto a la construcción del gaseoducto del Midcat ante la competencia del hub en que podría convertirse España. Los intereses nacionales frente a las necesidades comunitarias. En otra materia bien diferente, aunque el gobierno continúa aplicando la ley penitenciaria y envía a las cárceles de Euskadi a dos de los principales dirigentes de ETA a cumplir sus penas pendientes, como réplica, el PP vuelve a apoyarse en las palabras de Otegui sobre la supuesta contraprestación a Bildu para considerarlo una traición a las víctimas, sin recordar los acercamientos efectuados por los gobiernos de la derecha en la época de plena actividad armada de ETA. Las asociaciones de víctimas reaccionan divididas, reprochando unas los acercamientos al gobierno y otras al PP la utilización de las víctimas para hacer política de oposición.

También el panorama del inicio del curso judicial sigue animado. Desde la persistencia del bloqueo a la falta de informe del CGPJ sobre el proyecto de ley de aborto, al parecer por falta de tiempo, a la tardanza para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Agitada también en la relación de los partidos y la justicia, mientras su familia promueve el indulto de Griñan, con la activa beligerancia preventiva del PP, se abre el posible encausamiento de Rodrigo Rato y el juez García Castellón continúa estirando el caso Dina.