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El espíritu de las leyes en la época de las catástrofes


(Tiempo de lectura: 4 - 8 minutos)

“La adversidad es nuestra madre; la prosperidad sólo es nuestra madrastra.” Barón de Montesquieu.

Sin casi darnos cuenta hemos entrado en la época de las catástrofes, llena de acontecimientos inesperados, incertidumbres y de complejidad. De la tragedia de la pandemia hemos pasado a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania y en este verano se agravan las olas de calor y los grandes incendios como efectos de la emergencia climática.

Por otro lado, avanza la polarización, la personalización de la política y la simplificación de los problemas y de las soluciones propias de estos tiempos populistas, pero paradójicamente se le pide a las leyes que contemplen la casuística en la que abarque toda la complejidad de cualquier acontecimiento por muy inesperado y desconocido que éste sea. Es algo que ninguna ley puede dar, más aún en tiempos como éstos donde la emergencia, la complejidad y la incertidumbre se han convertido casi en norma. Una contradicción en sus términos.

Lo mismo ocurre con las carencias de la cogobernanza de los gobiernos europeo y estatal con los gobiernos autonómicos y locales, junto a la participación de las organizaciones civiles. La última ratio de esta contradicción es el intento de enfrentar la ley a la justicia, el parlamento a los tribunales. En términos de Montesquieu, el enfrentamiento de la aristocracia frente al pueblo.

Tan es así, que al último decreto ley del plan ahorro y eficiencia energética, derivado de la invasión y la guerra rusa en Ucrania y en el contexto del cambio climático, tan pronto se le considera un ejercicio autoritario del gobierno socialcomunista como se le exigen todas las respuestas a las dudas reales o imaginarias de cada uno de los sectores y ámbitos del comercio y la hostelería en los que se pretenden aplicar las medidas de ahorro de energía, todo ello con los argumentos del agravio y de la seguridad jurídica, o se exige su retirada con la amenaza del recurso a los tribunales.

Por otra parte, el ruido provocado por el rechazo de la derecha en primer término, junto a la amplificación provocada por la polémica de su entorno social y mediático ante sus buenas expectativas electorales, han logrado crear una verdadera psicosis sobre los requisitos a cumplir y en relación a las posibles consecuencias, no solo sobre la actividad económica en general, sino en particular sobre las modificaciones en el sector hostelero y el pequeño comercio, pero también sobre el más que dudoso impacto en la salud laboral y la seguridad ciudadana del mencionando plan de ahorro y eficiencia energética al restringir mínimamente las temperaturas y los horarios de encendido de los escaparates en relación a la legislación vigente.

Un verdadero monumento a la histeria colectiva por parte de quienes recientemente han mirado para otro lado sobre las consecuencias económicas y sociales de la guerra, y además de un ejercicio de hipocresía por los que han eludido cualquier responsabilidad en el golpe de calor sufrido por los trabajadores de las empresas subcontratadas ya sean de la limpieza o de la extinción de incendios.

Sin embargo, el mencionado decreto de ahorro y eficiencia energética contiene unas restricciones mínimas en grados de temperatura, cierre de puertas y en horarios de escaparate con respecto a la legislación vigente, que por otra parte no alteran el confort de las compras y mucho menos la seguridad ciudadana. Con ello, la derecha demuestra su ignorancia o bien el incumplimiento del marco legal ya existente tanto en el real decreto de la estrategia de eficiencia energética como la ley de salud laboral, a partir de los que el propio decreto actual reconoce que se desarrollarían las nuevas medidas.

Pero, sobre todo, se pretende ocultar el mandato del reglamento europeo de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Consejo último, y por tanto la influencia del gobierno español en la rebaja a la mitad de las exigencias iniciales de la Comisión, y en particular la exclusión de lascpropuestas de restricciones más graves relativas a sectores estratégicos como la industria electrointensiva, así como de los ámbitos de los centros sociales y sanitarios y por tanto de las personas más vulnerables.

Como último recurso al que agarrarse, la derecha y sectores nacionalistas reprochan al gobierno la ausencia de un mayor número de reuniones, de negociaciones y de cogobernanza efectivas, que las reuniones habidas antes de su aprobación con los sectores afectados, con los ayuntamientos y las CCAA, en las que sin embargo una vez se han producido antes y después de la aprobación del consejo de ministros no se ha propuesto todavía ninguna alternativa para su inclusión en el plan de contingencia previsto para Septiembre. Finalmente, las derechas han propuesto como única alternativa la retirada de la totalidad del decreto, para así retomar los trámites desde cero, ignorando con ello las previsiones de urgencia establecidas en el calendario del Reglamento Europeo. Una cogobernanza deseable, pero constreñida por la urgencia y el tiempo.

Como colofón, se reprocha al decreto ley la escasa delimitación de las competencias que le sirven de base como argumento para presentar un nuevo recurso al Tribunal Constitucional, está vez por un supuesto conflicto de competencias.

De nuevo se traslada a los tribunales de justicia y al TC al modo de la participación de la antigua aristocracia en la política. Otra vez la reducción al absurdo de la judicialización de la política.

En el fondo, la derecha llega al límite de negar la urgencia y la propia necesidad del plan de ahorro y eficiencia energética, todo ello como conclusión de la negación, más o menos vergonzante, de las consecuencias de la guerra en Ucrania en Europa tanto en materia energética como en la inflación, así como del cambio climático a nivel global, para reducirlo todo a una mala gestión del gobierno. Una guerra que sin embargo agitan como parte de una nueva guerra fría y un cambio climático que por contra minimizan con el objetivo de mimetizarse y así hacer frente a la competencia electoral de la ultraderecha.

No es la primera vez que esto ocurre ni probablemente sea la última en plena época de alarma y de catástrofes. Ante la complejidad de lo real y el rechazo a implicarse, se contrapone como alternativa la demagogia negacionista y populista, pero paradójicamente se le exige al gobierno y a la ley que contenga todos los pasos de la cogobernanza, toda la seguridad jurídica y todas las posibles respuestas propias de la racionalidad política.

También desde el principio de la legislatura, ante la complejidad y la incertidumbre de la pandemia de la covid19, algunos sectores de la derecha respondieron con la simplificación de la negación de la gravedad de la pandemia. Más tarde, tan pronto reprochaban la tardanza en el confinamiento como recurrían por dictatoriales las declaraciones de estado de alarma.

Entonces exigieron y hoy exigen al gobierno la llamada ley especial de pandemias, una norma detallada y preparada para responder a cada una de las olas y en cada una de las situaciones y acontecimientos de la pandemia, de la actual e incluso también en previsión de epidemias futuras.

De igual modo, son los mismos que ignoraron las recomendaciones de la OMS así como las iniciativas conjuntas de la Unión europea y de sus instituciones de salud pública dentro de lo que se ha dado en llamar Unión Sanitaria Europea, tanto en relación a materias como las mascarillas, los respiradores o posteriormente en la compra de vacunas de la covid19, proponiendo como única alternativa la decisión unilateral, el mercado y el sálvese quien pueda.

Al final, como conclusión, la mano derecha no quiso saber lo que hacía la mano izquierda: unos utilizaron sus gobiernos regionales como ariete y otros recurrieron al Tribunal Constitucional contra los estados de alarma, para finalmente hacer prevalecer un mecanismo como el de excepción, que además de inadecuado supone aún más afectación de los derechos y libertades. Es decir, con más casuística, pero no por ello con más garantías.

Lo mismo ha ocurrido recientemente con la simplificación de atribuir la inflación en exclusiva a la gestión del gobierno de coalición, al margen de las consecuencias energéticas de la guerra y como consecuencia del contexto internacional de la escalada de precios.

Sin embargo, con objeto de ocultar lo logrado pretenden ignorar las iniciativas y negociaciones en el marco europeo para hacer frente al precio del gas en el mercado  mayorista, que tuvo como resultado la denominada excepción ibérica que ha permitido una mayor contención de los precios de la energía. Tampoco apoyaron los dos decretos de compensación a los efectos de la inflación de precios sobre los sectores económicos directamente afectados así como a los sectores sociales más vulnerables.

Finalmente, como única alternativa mantienen la obsesión de la bajada de impuestos con la manida deflactación de la tarifa, sin ningún efecto inmediato y con aún peores consecuencias sobre la escalada de la inflacion. A más largo plazo, proponen el relanzamiento de las centrales de energía nuclear sin tener en cuenta el cambio climático y de las que ninguna empresa energética quiere hacerse responsable. Otro brindis al sol del populismo en medio de las catástrofes.

 

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.

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