En las sociedades de nuestro tiempo las estrategias electorales de las derechas giran en torno a argumentarios negativos y a intentos de desalentar el voto progresista.
Con tal fin se intenta estimular un voto reactivo y agresivo de los sectores cercanos a ellos y, al mismo tiempo, se desincentiva a los ajenos. A veces, utilizando procedimientos muy irregulares, por no calificarlos de otra manera. Y casi siempre planteando debates sobre asuntos alejados de las principales cuestiones prioritarias para los ciudadanos.
El caso español
Aunque dichos enfoques se dan prácticamente en casi todos los países, España —después de EE. UU.— se ha convertido en un caso paradigmático en la utilización de estrategias electorales conectadas a las «guerras sucias». El principal propósito de las estrategias disuasorias es evitar que vayan a votar los sectores más progresistas de la sociedad, con el argumento de que los partidos de izquierdas no tienen ninguna posibilidad de alcanzar mayorías suficientes para gobernar; por lo que votarlos es inútil.
Con tal propósito se difunden encuestas en las que las derechas cuentan a priori con un número más que suficiente de votos y escaños. Lo que aparentemente convierte en imposible —e inútil— cualquier alternativa de izquierdas. ¿Para qué esforzarse en votar a los partidos políticos que ya se sabe que van a perder por goleada?, se sostiene.
En las últimas elecciones generales celebradas en España, las encuestadoras privadas —aunque no todas— se afanaron en difundir encuestas de escaso valor científico (a veces con un número ridículo de entrevistas) en las que las derechas se situaban por encima de los 180-185 diputados.
Tal esfuerzo encuestador privado llegó a tener una evidente repercusión en la opinión pública, hasta el punto de que en la propia encuesta preelectoral del CIS de entonces nada menos que un 65,5 % de los encuestados manifestó que creía que aquellas elecciones las iba a ganar el PP. Sin embargo, al final, pocos ciudadanos se dejaron disuadir por tamaña falacia. Lo que permitió que las urnas refutaran tales «pretensiones» estratégicas apriorísticas, haciendo posible un gobierno de progreso.
En estos momentos, el argumentario central de las derechas continúa siendo el mismo: sostener que ellos ahora tendrán más de 200-210 diputados. ¿Para qué votar, pues, a unos partidos que van a perder?, argumentan un día sí y otro también comentaristas, tertulianos y parlamentarios de clara orientación ideológica. No solo conservadora, sino de extrema derecha.
Los que critican las encuestas del CIS por no coincidir con el consenso demoscópico establecido olvidan que en las elecciones de 2019 y 2023 las estimaciones del CIS fueron las que más coincidieron con los resultados de las urnas.
Debates sobre las encuestas
Los debates preelectorales sobre encuestas son tan exagerados que a algunos nos producen hartazgo. Sobre todo, a los que llevamos años sufriendo unas críticas tan injustas como carentes de fundamentación.
Los que descalifican y ningunean a priori las encuestas del CIS, por el hecho de no coincidir con los «pronósticos» de sus encuestadoras privadas, ocultan que tanto en las elecciones de 2019 como en las de 2023 (aunque no solo), al final el que tuvo razón fue el CIS, con desviaciones mínimas entre sus estimaciones preelectorales (que no «previsiones» adivinatorias) y los resultados de las urnas. Por eso, durante todos estos años en España hemos tenido gobiernos de progreso y no de derechas, como anunciaban previamente casi todas las encuestadoras privadas, con un ejercicio de consenso demoscópico que cuesta creer que no estuviera concertado previamente.
En algunos casos, la proximidad de las «estimaciones» del CIS a los resultados de las urnas ha sido muy notable. Por ejemplo, en 2019 las encuestas del CIS anticiparon el número exacto de escaños de las principales fuerzas políticas, y en las de 2023 ocurrió algo parecido, con «desviaciones» del voto final respecto al estimado que, en el caso del PSOE, por ejemplo, fue de solo cinco décimas.
Algo que no es una garantía futura de nada, porque el voto es el resultado de un ejercicio de libertad de cada cual, que no hace factible adivinar ni prefijar de antemano.
Las coincidencias en las elecciones de 2019 entre las estimaciones del CIS y los resultados finales llevaron a algunos grupos tardo-franquistas y de VOX a presentar 50 denuncias en múltiples juzgados, alegando que lo que había realizado el CIS no era una encuesta, ya que era «matemáticamente» imposible lograr tal aproximación en las estimaciones, sino una instrucción a la que se sumaron y ayudaron ulteriormente los presidentes del INE, de Correos y de Indra, para garantizar que los resultados electorales finales se ajustaran al «patrón» anticipado por el CIS. Y aunque parezca mentira, tales denuncias fueron evaluadas por varios jueces, e incluso un Juzgado de Tarragona llegó a abrir diligencias.
Sin embargo, ulteriormente los «denunciantes» del CIS cambiaron de óptica y se centraron en intentar «demostrar» (falazmente) que en el CIS sobreestimamos deliberadamente el voto del PSOE. Y nos equivocamos siempre, demostrando que ciertas derechas son capaces de criticar tanto una cosa como la contraria.
En realidad, ciertas denuncias, debates y pretensiones sobre las posibilidades de «controlar a priori» el resultado de las urnas no solo son imposibles, sino bastante ridículas.
Insidias y acusaciones
Las fanfarronerías preelectorales de corte trumpista anunciando a priori grandes triunfos mayoritarios suelen ir acompañadas de críticas y acusaciones desmesuradas (incluso penales) contra el CIS y las encuestas rigurosas que realiza. Aunque generalmente el día posterior a las elecciones todos los medios de comunicación social —casi sin excepción— reconocen que el CIS «tenía razón» y «al final fue el que acertó», mientras que se equivocaron las encuestadoras privadas.
Las estrategias desalentadoras de las derechas españolas son una copia burda del trumpismo más rudo, que suele acompañar sus ensoñaciones sobre grandes victorias en las urnas con críticas maliciosas e insultos acerbos contra las izquierdas y sus líderes. Líderes a los que se suele acusar de intentar controlar los resultados electorales mediante fraudes en el «voto por correo» y otras maquinaciones disparatadas.
Algo que en España se hace tanto con insidias como con el cuestionamiento —anticonstitucional— de leyes como la «de Nietos», intentando evitar el voto por correo, cuando muchos de los «nietos» ya están nacionalizados como españoles y han participado en otros comicios, sin que ellos cuestionaran nada.
Tales estrategias trumpistas se están intensificando en España desde el mismo momento en el que se hizo pública la convocatoria de las elecciones del 29 de noviembre.
La tendencia a ponerse la venda antes que la herida no solo refleja el mal perder de determinados líderes y partidos políticos, sino que empieza a convertirse en un recurso sistémico recurrente, como se vio en las elecciones norteamericanas de hace seis años que se saldaron con una clara derrota de Donald Trump. Derrota ante la que reaccionó animando desde la balconada de la Casa Blanca a la toma del Capitolio por turbas compuestas no solo por personajes pintorescos ataviados de forma primitiva, sino también por milicias de extrema derecha perfectamente organizadas y armadas. Milicias a las que afortunadamente se pudo privar a tiempo de sus fusiles automáticos en el interior del mismísimo Capitolio. Como tenían previsto.
La publicación de un gran número de encuestas que «pronostican» más de 200 escaños para PP-VOX pretende desalentar a una parte del electorado progresista difundiendo la imagen de que ya todo está decidido y resulta inútil votar por otros partidos que no sean PP y VOX.
¿Trumpismo o derechos sociales?
Tales maneras de proceder marcan un punto de inflexión estratégica que recuerda lo que ocurrió en Europa y en el mundo en los aciagos años 20 y 30 del siglo pasado.
Las inclinaciones preelectorales ante los comicios de noviembre están bastante decantadas entre la mayoría de los españoles, que frente a asuntos tan cruciales como la vivienda, no parece que vayan a dejarse desalentar ni manipular por tergiversaciones informativas como las que se están alentando. Por ello, lo más plausible es que la inmensa mayoría de los electores se enfrente a las urnas sin miedos, y atendiendo a sus propios criterios, y a lo que se va a ventilar realmente el 29 de noviembre: si en España se van a continuar impulsando políticas que garanticen los derechos básicos de las personas, como el derecho a una vivienda accesible, a una asistencia sanitaria pública y de calidad, a la educación, a la mejora progresiva de las pensiones, a tener un empleo digno y un salario suficiente, etc.
Frente a tal tipo de derechos básicos y razonables que reconoce cualquiera que tenga una mínima sensibilidad humana y social, se encuentran los intentos de enrarecer el clima electoral con más insultos, más descalificaciones, más querellas torticeras, etc.
En realidad, a la mayoría de los españoles mucho de lo que está ocurriendo, amén de inmoral, les parece disparatado e inútil. Pero lo cierto es que las extremas derechas españolas aún disponen de muchos resortes de poder que les permiten intoxicar las comunicaciones, intentando desenfocar y desviar muchos de los debates que están teniendo lugar enfocados a problemas concretos, intentando no confundir al electorado, ni intoxicar a determinados electores que podrían votar a partidos de izquierdas, animándoles a quedarse en sus casas el día 29 de noviembre, posibilitando que su inhibición lleve al gobierno a partidos políticos que —por intereses y/o por prejuicios ideológicos— están en las antípodas de las medidas necesarias que están planteando las formaciones progresistas. Empezando por las políticas de vivienda que tanto urgen en estos momentos, y que cuentan a priori con el respaldo de una clara mayoría, según acreditan los datos recientes de encuestas rigurosas del CIS (vid. cuadro 1).
Entre la población que respalda las medidas progresistas de vivienda se encuentra también una parte significativa de los electores del PP y de VOX, que en esta ocasión tendrán que decidir si el 29 de noviembre votan con su corazón, es decir, con sus emociones y prejuicios ideológicos y culturales, o bien si votan con su estómago y su cabeza, atendiendo a lo que realmente necesitan y les interesa a ellos y a sus familias. Es decir, apoyando que se garantice el derecho a la vivienda, la garantía de tener un salario digno, las oportunidades de recibir una asistencia sanitaria de calidad, o una educación a la altura de un país serio y próspero como España.
El próximo 29 de noviembre veremos, pues, si algunos poderes fácticos logran desalentar a suficientes electores progresistas como para que dejen, con su pasividad, que triunfen partidos que inicialmente no cuentan con respaldos suficientes en la sociedad española actual.
Nota
1. Desde que soy presidente del CIS, he sido objeto de una notable cantidad de denuncias y querellas criminales (62) acompañadas de acusaciones en el Parlamento y en los tribunales por el simple hecho de realizar encuestas que no «gustan» a los mandamases de este país. Historia de cuyos fines y procedimientos doy cuenta en mi libro, aún no publicado, El CIS de Tezanos.
