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EL PERIÓDICO
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¿Es el problema del reparto de la riqueza una cuestión de derechos?


(democracia económica: tercero de tres)

A lo largo del primer artículo hemos intentado deslindar lo privado o económico de lo público o político y en el segundo deslindar el capitalismo del mercado, entendiendo por tal la mera propiedad de las acciones de las sociedades de capital, dos cuestiones teóricas pero que en el caso de tenerlas bien desbrozadas, la conclusión pueda llegar casi sola.

En este tercer artículo trataremos los distintos métodos hasta la fecha que se han utilizado a la hora de paliar este problema nuclear del socialismo como es el mal reparto de la riqueza, que a la postre se vuelve un grave problema de injusticia social y de ineficacia como sistema.

Los remedios han sido muchos pero los más destacables han sido el comunismo de Marx y Engels con su teoría del socialismo científico y la socialdemocracia con su redistribución de la riqueza mediante el gasto público de un estado benefactor, el llamado Estado del Bienestar, mediante una política fiscal progresiva según el principio de la capacidad de pago, hasta llegar a las más modernas teorías que no se sustentan en el Estado, sino que plantean soluciones desde el lugar mismo donde se genera la riqueza de los países, es decir en la empresa y que no son otras que la cogestión y la coparticipación.

En estos artículos, a modo de ensayo queremos dar un paso más allá de estas modernas maneras de actuar desde dentro del sistema productivo, proponiendo el derecho a la coparticipación del capital de las empresas por parte de todo trabajador o empleado, es decir situarnos no en un tema técnico, sino meramente de derechos.

… tienen los trabajadores derecho a considerar el seno donde se producen los bienes y servicios como algo propio o privativo ?

… sería una buena solución el proveerse de un “contrato laboral rousseauniano” frente al actual contrato meramente mercantil por mucho que exista un derecho laboral que les proteja a posteriori de prácticas poco éticas ?

Ferdinand Lassalle hace este planteamiento o en el siglo XIX, contemporáneo a Marx y a Schultze Delitzsch, plantea sus “sociedades voluntarias” que podrían traducirse en sociedades de capital alícuota, además tenemos el caso de Alemania con sus leyes de cogestión del año 1951, mejoradas y ampliadas en las sucesivas leyes 1976 y de 2004 y además tenemos el contraste experimental de la Suecia de Olof Palme de los años ochenta en donde se puso en práctica la coparticipación de empresas, que era la propuesta original de Lassalle. Desgraciadamente la fuerte oposición política, su asesinato queremos creer que casual y la pérdida del poder frente a sus opositores políticos tras su muerte, dieron al traste con esta experiencia que tampoco fue un éxito rotundo.

En la actualidad las formaciones políticas progresistas tienen en sus programas referencias en este sentido y así, el partido socialista español tiene algún punto de Economía Democrática en su programa y suele ser objeto de discusión en sus congresos federales. Además, la Unión Europea tiene varias iniciativas en este sentido, por mucho que las directrices que emanan de ellas no tengan la consistencia de una ley que deba cumplirse, pero su voluntad es clara en este tipo de medidas que países como Alemania, Francia o Austria ya tienen en sus respectivas legislaciones. Estos instrumentos Europeos cristalizan en la llamada ESOP (Employee Stock Ownership Plans) en lo referente a la coparticipación de los trabajadores y el llamado BLER (Board Level Employee Representation) en lo referente a la cogestión, ambos con el rango de “recomendaciones”

Hay iniciativas a nivel internacional como la conocida Internacional Progresista propuesta por Bernie Sanders en los EE UU y por Yanis Varoufakis en Grecia que pretende emular las propuestas de Roosvelt en la crisis de 1929, y que el demócrata Joe Biden está intentando implantar en su legislatura en donde ayer mismo se aprobó la mayor inversión en infraestructuras de la historia de los EE UU con el apoyo de los republicanos: 850.000 millones de euros.

En España existe una plataforma para el desarrollo de la democracia en la empresa: PxDE (Plataforma por la Democracia en la Empresa) liderada por una figura bien conocida como es Manuel Escudero, actual Jefe de la Delegación Permanente de España en la OCDE.

Existen una nueva hornada de economistas que ante la crisis actual desbordan nuevas maneras de solucionar los problemas de precariedad y de reparto de la riqueza como es el caso de Thomas Piketty, Joseph E. Stiglitz, o de políticos como John McDonnell en UK. Se ha abierto la veda a la critica del neoconservadurismo y del clasicismo socialdemócrata, y las nuevas ideas parece que ya están en el horno.

Es, pues, un enfoque antiguo por un lado, y moderno por el otro, que cobra pujanza debido al momento de crisis económica, de precariedad producto de un empeoramiento en el reparto de la riqueza que ha generado una crisis de confianza del electorado en los políticos y sus formaciones más consolidadas: la conservadora o neoconservadora y la progresista o socialdemócrata.

El socialismo históricamente ha intentado resolver el problema del reparto de la riqueza desde el Estado, ese NxN al que nos referíamos en el primer artículo, ya sea porque el Estado es una estructura estable y que funciona muy correctamente, ya sea porque lo privado o económico se supedita fácilmente a lo público.

El comunismo no solo fue un sonado fracaso desde el punto de vista de los objetivos, objetivos que no se lograron, sino que además consiguió demoler los sistemas políticos democráticos allí en donde actuó y estructuró un poder omnívoro que acabó con toda opción de crear estados viables.

La socialdemocracia, como un segundo intento de solucionar el problema del reparto de la riqueza, fue un éxito al tomar medidas redistributivas desde el Estado como la enseñanza o la salud pública, los subsidios de desempleo, maternidad o dependencia, así como un sistema de pensiones, pero ha sido siempre el lugar de batalla entre el concepto progresista de la sociedad y el concepto conservador de la misma, donde prepondera el individuo o la unidad familiar como soporte social. La presión de la visión conservadora ha contrarrestado a la visión del estado benefactor y ha revertido los avances de aquel, una medida tras otra, hasta no quedar nada de las leyes y regulaciones de los mercados de la era de Roosvelt y del final de la segunda guerra mundial. La tercera vía es la constatación mas evidente del fracaso socialdemócrata y el seguidismo a las nuevas-viejas ideas conservadoras.

Pero el fracaso de las ideas progresistas socialdemócratas no ha consistido sólo en el hecho de no haber alcanzado las cuotas de redistribución de la riqueza deseadas, cosa que no ha conseguido dado que el porcentaje de riqueza ostentado por un reducido numero de individuos que ha ido en ascenso en las ultimas décadas, sino que las propias medidas redistributivas planteadas han ido siendo revertidas, es decir la redistribución, aun siendo indirecta y subsidiaria y aún no atacando a la enfermedad subyacente, han ido en retroceso. Este es el caso de la política fiscal que si bien suele estar redactadas en la carta magna de la mayoría de los países, en la actualidad no se cumple. La progresividad ha sido revertida y hoy pagan mas los asalariados que las personas que ganan millones por cuestiones de rentas. Las sicavs, las sociedades interpuestas, los paraísos fiscales y la complicidad de las naciones en la atracción de capitales hacen de la fiscalidad de las grandes fortunas y de las empresas internacionales una subasta a la baja que ha dejado en papel mojado a las bien intencionadas constituciones.

La negociación de las multinacionales y la falta de regulación de los mercados hace que la globalización desvirtue las legislaciones laborales y fiscales de las empresas.

Los mercados puramente especulativos, como son el mercado secundario y el de futuros son hoy el paradigma del capitalismo, el emprendedor es el ciudadano modelo y la competencia el sancta sanctorum de la ética en el trabajo.

La crisis de 2008 no es debida a un ciclo clásico Keynesiano, intrínseco al sistema, que se pueda capear mediante las tradicionales políticas monetarias o una subida de la inversión, sino que obedece a algo mucho más profundo y ha acabado afectando a la política. La desafección o desconfianza de la ciudadanía hacia los gestores tradicionales de la cosa publica está llevando a la polarización en la política y en la composición de las cámaras de representación de todos los países, lo que genera una inestabilidad permanente en la manera de gobernar, radicaliza a los partidos y a los gobiernos y hace que el mundo esté, o parezca estar, en una constante compulsión. Que el partido creado por un cómico gobierne Italia o que el capitolio americano haya sido asaltado por una turba de conspiranoicos parecería un sueño goyesco, pero es la más palpable actualidad.

Si repasamos la agenda progresista actual en términos mundiales podemos ver una serie de propuestas programáticas comunes como son las políticas verdes, el feminismo y la conciliación, y el desarrollo digital en la economía y en la administración. Todas ellas son necesarias y algunas son urgentes como las necesarias para revertir el cambio climático… pero todo ello, por muy urgente que sea, no aborda el tema del reparto de la riqueza, salvo un incremento de las medidas redistributivas y algún tratamiento de choque como son los casos de EE UU y de la Unión Europea y sus fondos.

Las medidas que veremos en los puntos subsiguientes, cogestión y coparticipación desarrolladas de manera progresiva creo que pueden ser la solución al actual problema de desafección y de polarización política que genera una volatilidad y una inestabilidad en los gobiernos, tensionado los sistemas democráticos y rebajando de libertades al resto de los sistemas no democráticos.

La manera de aplicar dichas medidas debería de ser progresiva, iniciándose con la cogestión más sencillas de formalizar y más fáciles de aceptar por parte de los actores económicos, comenzando por el sector público y continuando por el privado desde las empresas de mayor volumen a las de menor número de empleados y facturación. Las medidas de coparticipación serían una segunda fase, con un desarrollo semejante, desde lo publico a lo privado, si bien, la coparticipación se enfrenta a lo más sagrado del sistema de capital actual y su implementación generará todo tipo de tensiones. De manera que es posible que para pasar de las medidas de cogestión a una participación accionarial de los empleados, que engloba lógicamente a las primeras (cogestión) dado que la propiedad de las acciones da derecho inmediato a la participación en los órganos de gestión de las empresas, sea necesario el concepto de “contrato laboral rousseauniano”, es decir introducir un derecho en la legislación de las naciones que haga posible las medidas de coparticipación. La experiencia Sueca puede darnos algunas pistas de las tensiones que genera el acometer una legislación que plantó cara a lo más básico del capitalismo, que no es otra cosa que la propiedad de los medios de producción.

La actual crisis de 2007 que parece no tener fin, podría darnos esa ”ventana de oportunidad” para intentar llegar a un programa de máximos socialdemócrata, la urgencia y la tensión de una polarización que parece que no ha llegado a su máximo, podría ponernos en el rumbo de tomar medidas que, una vez subido el escalón, no se pueda volver a bajar.

Una interpretación en el sentido de derechos y no de redistribución a posteriori, el concepto de empresa como lugar común de todos los que trabajan en ella, crear un paralelismo entre la soberanía del poder político y el capital de las empresas, cambiar el paradigma de que una inversión o riesgo inicial puede producir al que la hace una riqueza sin límite, cambiar el concepto de capitalismo de casino por capitalidad compartida, es una posibilidad que sólo puede llevarse a efecto en momentos de crisis.

Si todo fuera bien, si las tensiones económicas fueran comparables a otros períodos, no se abriría esa ventana que puede darnos la solución a largo plazo o incluso una solución definitiva. En esa partida de “ahora toca”, “ahora no toca”, cuando va mal es cuando toca. El electorado, a la postre es el que tiene la soberanía y el que decide cuando es el momento del cambio y parece que hay suelo electoral para cambiar las cosas y sobre todo parece que no es el momento de quedarse en el medio, con las medidas de siempre. El electorado nos dice que quiere a un Beppe Grillo a los mandos de Italia, a un personaje que ni siquiera tenía partido cuando se presentó a las presidenciales en Francia, a un Donald Trump en los EE UU, o a un Bolsonaro en Brasil, Gran Bretaña se ha salido de la UE, lo que era tan impensable que un político conservador como Cameron propuso tal medida sabiendo que “nunca ocurriría” (sic)… et.

El electorado necesita cosas nuevas porque no ve la luz en el túnel con las cosas antiguas. La reversión de la política fiscal, la bajada de los salarios, la precariedad de los contratos laborales y los recortes hacen que llevemos cuarenta años retrocediendo en las prerrogativas de ese Estado del Bienestar… la gente, creo, está diciendo a sus representantes que quieren algo que les dé esperanza en el futuro, y convendría no decepcionar unas expectativas que son producto de la necesidad.

Lo más inmediato en la cogestión es la estabilidad que daría a las empresas, el hecho de que los trabajadores tomen parte de las decisiones, sobre todo de las estratégicas, haría que la dirección de las empresas miraran a largo plazo, en lugar de a los beneficios más inmediatos (trimestrales) que son los que generan la cotización bursátil, pues los trabajadores no solo valoran el beneficio cortoplacista, sino la viabilidad del futuro de la empresa y su posicionamiento en el mercado. Además se evitaría las decisiones políticas o ideológicas en el caso de las empresas públicas: la externalización de actividades, que es una venta encubierta, o la venta de las mismas por ideología neoliberal (en España tenemos muchos ejemplo de ello como son los casos de Endesa, Telefónica o Repsol, por nombrar sólo algunos), también está el caso de comprar empresas en el extranjero que en realidad encubren comisiones personales o para los partidos, el caso del Canal de Isabel II es paradigmático. En el caso de empresas privadas se evitaría en todo caso la deslocalización pues los empleados jamás aceptarían semejante posibilidad y probablemente también la desubicación de las sedes fiscales, o por lo menos la gerencia tendría que explicar muy bien los motivos para ello.

Sin duda ninguna hay algo que se evitaría siempre y esa la gestión dolosa intencionada, la salida de dinero o descapitalización, las contabilidades encubiertas, o el afectar intencionadamente a la valoración bursátil para obtener beneficios en una Opa… etc., pues estarían dotadas de un Consejo Supervisor.

La cogestión sin duda es un elemento de estabilidad y de vigilancia, un ancla flotante que sirve para que las empresas se sitúen en el largo plazo en lugar de en el especulativo plazo inmediato, consiguiendo suavizar aquellos puntos negativos de la globalización.

En la Ley de Sociedades de Capital deberían de contemplarse dos niveles de gestión, el del Consejo de Administración y el del Consejo de Supervisión compuesto por los empleados con labores de Supervisión e inspección con plenos poderes para recabar toda la información necesaria.

En Alemania existe una Ley de Cogestión desde el año 1951 para los sectores del metal y del carbón, que mas tarde se fue ampliando a un mayor número de sectores y un mayor volumen de empresas dicha ley es la Montan-Mitbestimmungsgesetz de 1951, pero no es el único país que valora estos mecanismo, Austria, Estonia, Francia y en general casi todos los países nórdicos apuntan a éstos novedosos sistemas.

El segundo paso que dio Alemania es la aplicación de este tipo de Consejos en otro nivel de empresas, se hizo mediante la Ley de Sociedades de Capital ya sean limitadas o anónimas siempre que tenga un número mínimo de empleados, la novedad es que se aplicó a todo el espectro de sectores y no sólo circunscrita al metal o al carbón o a un número limitado de sectores. Esta segunda Ley de Cogestión se llamó Mitbestimmungsgesetz de 1976 que afecta a las empresas de más de 2.000 empleados.

Un tercer escalón sería la Ley de participación a un tercio en los Consejos de Vigilancia, en donde la exigencia en esa cogestión es menos severa, pero que abarca a todo tipo de empresas con un número mínimo menor a la ley anterior, es decir empresas medianas., llamada Drittelbeteiligungsgesetz de 2004.

A nadie se le escapa que el actual liderazgo alemán en la economía, esa locomotora que tiene fama de tirar de toda Europa pueda venir apadrinada por estas medidas que inicialmente le fueron impuestas tras la segunda guerra, pero que parece que este país las ha adoptado como propias.

La Unión Europea también tiene interés en estas ideas, para reforzar y dar estabilidad a su sector productivo, posee el llamado BLER, Board Level Employee Representation, pero es un instrumento de “recomendaciones”, lo que limita su implantación al no ser posible implementarlo mediante “hard law”. Hay una serie de países que si han implementado estas medidas con leyes locales como son los casos de Alemania, Francia o Austria, sin embargo no es una tendencia generalizada. Son los partidos políticos, mediante sus iniciativas legislativas parlamentarias los que tienen en su mano implementar éstas medidas, y en concreto son los partidos generalmente progresistas los que las plantean.

La idea fundamental en la Coparticipación es establecer unos fondos de inversión para asalariados que pudieran venir de ciertas reservas efectuadas en las cuentas de resultado de las empresas, del mismo modo que existen las “reservas estatutarias” o las “reservas voluntarias” podría haber unas “reservas de capitalización para empleados” a éstos fines. Los empleados obtendrían parte del capital de las mismas lo que supondría de facto cogestionar la empresa o hacerlo en un determinado porcentaje, dado que la propiedad de las acciones lleva implícito el derecho a voz y voto en los Consejos de dirección.

Olof Palme estableció dicho mecanismo en los años ochenta en Suecia, conocido por el nombre de Plan Meidner, en su caso el vehículo para poder hacer la supervisión fue la Confederación de Sindicatos Suecos (LO) que en la Suecia de entonces tenía una enorme representatividad, una gran afiliación y consecuentemente, gran capacidad persuasiva.

Este segundo tipo de medidas (coparticipación) es a todas luces más controvertido, lo fue en Suecia y lo sería siempre dado que planta cara a la actual cultura empresarial, a la figura del emprendedor como paradigma del ciudadano ejemplar o a la competitividad asociada al sistema de mercado. No resulta sencillo plantar cara a esta manera actual de ver el sistema, por mucho que hoy día estemos en una crisis que la comunidad económica atribuye al neoconservadurismo.

A esta controversia se vio sometido Olof Palme en su día, controversia que acabó en fuerte enfrentamiento con la oposición política en aquellos años ochenta y su Plan Meidner acabó desvirtuado de sus iniciales objetivos renunciando a una de sus más importantes premisas al quedar limitado a participaciones que no superarían el 50%. El plan se desestimó en 1991, cuando la oposición llegó al poder después de haber sido asesinado Olof Palme por un perturbado sin relación directa con sus opositores, parece ser la versión oficial, la de la policía e incluso la de la comunidad política.

La proposición final de esta trilogía de artículos es establecer un nuevo derecho para todo empleado que trabaje en una empresa y que no es otro que participar en plano de igualdad con el resto de los trabajadores en las cuestiones de capital y de gestión, o lo que es lo mismo, una prohibición de especular con la propiedad del capital de las empresas, es decir la abolición del mercado secundario.

La idea capital es poner en paralelo el desarrollo de la vida profesional y su lugar material, la empresa, con el desarrollo de la ciudadanía y el lugar material en donde se desarrolla, el Estado. Es decir que por las mismas razones y de la misma manera que la soberanía no es objeto de transacción, las empresas, lugar del desarrollo de las personas que trabajan en ellas, no puede ser tampoco sujeto de venta a terceros, permaneciendo alícuotamente suscritas a quienes desarrollan la actividad de éstas.

El contrato social rousseauniano genera una soberanía política inextricablemente unida al ciudadano y asimismo, una contrato laboral rousseauniano generaría una soberanía sobre el capital inextricablemente unida a los empleados de las empresas.

Licenciado en economía, MBA por el Instituto de Empresa (IE) y su carrera profesional ha transitado por varias empresas multinacionales (Danzas, Avis Fleet, Jones Lang LaSalle...) Actualmente colabora con la Plataforma por la Democracia Económica (PxDE).