Quantcast
EL PERIÓDICO
ESP   |   AME   |   CAT      NEWSLETTER
ÚNETE ⮕

A vueltas con el precio de la electricidad


Según el refranero español, nadie se acuerda de Santa Bárbara —patrona de los artilleros— hasta que truena. Eso es lo que ha venido sucediendo con nuestro sistema eléctrico desde hace más de 20 años. Exactamente desde 1997, año en que el gobierno de José María Aznar promulgó la Ley del Sector Eléctrico, que liberalizó la generación de energía y estableció el sistema de subastas por el cual se fija el precio de la electricidad. Por dicho sistema también se rigen esencialmente el resto de países de la UE.

Cada vez que sube el precio de la electricidad, la oposición urge al gobierno de turno a que frene dicha subida y promete medidas drásticas para bajar los precios en caso de llegar al gobierno. Cuando ese momento llega, se olvidan o se congelan las promesas y la situación oposición-gobierno se invierte cuando aparece la siguiente subida. Así llevamos 24 años. Conviene entonces entender a grandes rasgos el sistema antes de proponer medidas imposibles o de hacer promesas infundadas. Ese es, modestamente, el propósito de estas líneas.

Una central eléctrica de cualquier tecnología tiene unos costes iniciales de inversión y unos costes variables de operación. La amortización de la inversión inicial se realiza a lo largo de toda la vida útil de la central y añade un coste fijo a cada megavatio-hora (MWh) producido. Los costes variables incluyen el mantenimiento y la operación de la central —normalmente fijos y no muy significativos— el coste del combustible —muy volátil y muy alto en los casos del gas y el fuel-oil— y diferentes tipos de impuesto.

El sistema de subastas consiste en que, cada hora del día, la red estima una demanda de suministro y las compañías generadoras hacen ofertas para cubrir la misma. Se admiten las ofertas, desde la más económica a la más cara, hasta que se cubre toda la demanda. El precio queda fijado por la última oferta admitida —es decir, por la más cara— y se aplica a todas ellas. Para hacerse una idea de las implicaciones, el coste variable de una central nuclear está sobre 18€ el MWh, el de las energías renovables en 3€ el MWh y el de una de ciclo combinado de gas llegó a alcanzar en agosto los 134€ el MWh. Pues bien, si para cubrir la demanda la última central admitida fue una de gas, todo el suministro de esa hora se pagaría a 134€ el MWh. La diferencia entre el precio aplicado y el coste de las tecnologías más económicas son beneficios para las compañías.

Este sistema puede parecer absurdo pero es de obligado cumplimiento para la UE. Fue diseñado cuando el peso de las renovables era muy pequeño, no existían los derechos de emisión de CO2 y los combustibles fósiles eran mucho más baratos. Claramente necesita una revisión, pero ello escapa a las competencias del Gobierno español, por lo que aquellos que piden que España lo cambie no andan muy bien informados.

Entretanto, ¿qué se puede hacer para abaratar el recibo de la luz? Veamos los componentes del mismo. Una parte —un tercio aproximadamente— es el coste de la energía y es proporcional al consumo; otra, son peajes fijos proporcionales a la potencia contratada; y, una tercera, son los impuestos.

Sobre el coste de la energía es posible actuar —y, de hecho, el Gobierno ha presentado un proyecto de Ley que está tramitándose en el Congreso— del modo siguiente: el coste variable de una central de gas incluye los derechos de emisión de CO2, cuyo precio lo fija un mercado específico y que está actualmente en niveles muy altos y con tendencia al alza. El Gobierno no puede actuar sobre dicho precio, pero sí puede legislar —y es lo que ha hecho— para que no se repercuta ese coste en el resto de las tecnologías, dado que estas no emiten CO2. También forma parte del coste variable del gas el peaje de acceso a la red de gas y el llamado céntimo verde. Se podrían eliminar dichos peaje e impuesto solo para el gas, tal como se propone en [1], y eso rebajaría el coste variable de esta energía y, por lo tanto, el de toda la oferta a la que el gas contribuye en una hora determinada.

La parte fija del recibo la forman una serie de peajes, entre los que está una prima a las energías renovables. Esta prima es un incentivo transitorio que el Estado paga a dichas energías para sufragar parte del coste de su inversión, de forma que puedan competir en el mercado. Esas primas han ido descendiendo a medida que las energías renovables han ido bajando sus costes de inversión y su destino es desaparecer en el medio plazo.

El Gobierno tiene un Proyecto de Ley para sacar del recibo de la luz estos peajes y repercutirlos en todos los agentes que operan con la energía, es decir, también en las petroleras. El razonamiento subyacente es que no se puede hacer recaer sobre el sistema eléctrico todo el peso de la descarbonización de la economía. El Gobierno también puede actuar —y lo ha hecho— sobre la parte de impuestos del recibo. Ha suprimido transitoriamente el impuesto a la generación —el 7%— y ha bajado el IVA del 21% al 10%. Debe considerarse que las bajadas de impuestos no son soluciones definitivas porque conllevan disminuir la recaudación del Estado y, por lo tanto, la necesidad de subir otros impuestos. Es decir, tan solo trasladan el problema de un sitio a otro.

Finalmente, está el tema de las centrales hidroeléctricas. A diferencia de las otras renovables y de las nucleares, las compañías propietarias pueden elegir el momento de su activación, es decir, cuándo desembalsar los pantanos. La experiencia dice que lo han hecho especulando con el precio con el fin de maximizar sus beneficios. En el momento en que estaban los precios más altos, han ofertado desembalsar a un precio del MWh ligeramente inferior al de la central de gas que hubiera entrado en su lugar. Dado que las hidroeléctricas son concesiones del Estado, el Gobierno se está planteando recuperar dichas concesiones y gestionar directamente las mismas, a fin de evitar su uso especulativo. Lamentablemente, esto solo puede suceder en el medio plazo, pues el grueso de las concesiones vencen de aquí a 10 años.

También en el medio plazo, el peso de las renovables aumentará considerablemente —actualmente suministran en promedio el 38% de la electricidad— y desplazarán cada vez con más frecuencia a las centrales de tecnologías con costes variables altos, fijando así el precio de la subasta en niveles más bajos. Las últimas concesiones de renovables se están haciendo además con las llamadas tarifas feed-in, por las que el operador se compromete a un precio fijo del MWh durante toda la vida útil. Dicho precio está ahora en torno a 25€.

Como se aprecia, las soluciones no son sencillas y muchas de ellas no son inmediatas. Por mucho que nos irrite el comportamiento de las eléctricas, existe un marco jurídico que no es posible saltarse, salvo que nos planteemos la insumisión a las directrices de la UE o que el Estado se involucre en una serie de pleitos jurídicos interminables y de dudoso éxito. Como ejemplo, los españoles todavía estamos pagando los arbitrajes internacionales perdidos por la bajada retroactiva de las primas a las renovables realizada por el señor Rajoy.

Se necesita mejor fundamento en las propuestas, menos demagogia y más consenso para acometer las inaplazables reformas que requiere nuestro sistema eléctrico.

________________________________

[1] Simulaciones sobre los efectos de posibles medidas para reducir el precio de la electricidad en España. Natalia Fabra, Universidad Carlos III de Madrid, 2018.

Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos y profesor de Ingeniería Informática de la Universidad Complutense. Fue diputado por el PSOE en la legislatura X de la Asamblea de Madrid.