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EL PERIÓDICO
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Aznar, Iberdrola y la factura de la electricidad


En 1988 y 1994, tras la venta de dos paquetes de acciones de ENDESA por los Gobiernos de Felipe González, el Estado aún mantenía el 67% de la propiedad y el control público sobre la empresa eléctrica. Sin embargo, fueron Aznar y Rato quienes durante su mandato, iniciado en 1996, procedieron a vender la participación accionarial del Estado. La fiebre privatizadora del PP no tenía límites.

Después, Aznar fichó en 2011 como asesor externo por la eléctrica Endesa, la empresa que él dejó privatizada en 1998. Aunque también Felipe González utilizó las puertas giratorias para asesorar a otra empresa del sector, al igual que otros destacados políticos que pasaron a puestos muy bien retribuidos en empresas privadas de sectores estratégicos. Sin comentarios.

En plena polémica por la descomunal subida de la factura de la electricidad, IBERDROLA se disfraza de empresa verde, con mucho aparato de propaganda en los medios sobre sus acciones. Mientras, vacía los embalses que tiene en concesión para hacer caja con la subida del precio generalizado de las fuentes de energía. Iberdrola, que ya contrató los servicios del comisario Villarejo para otros asuntos, se ha convertido en una entidad con malas prácticas empresariales.

Además, el Presidente de Iberdrola hace declaraciones contra el Gobierno desde la prepotencia, acusándole de beneficiarse con los impuestos que incluye la descontrolada factura de la luz que está haciendo el agosto del sector a costa de muchos hogares y negocios. Impuestos que ya fueron rebajados de modo importante por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Con la entrada de Aznar al Gobierno comenzó también una política energética del PP contraria a la transición energética y a la sostenibilidad. Supuso siete años perdidos para impulsar las fuentes de generación de renovables y depender menos del carbón y del gas.

Hemos llegado a una situación inadmisible en la que el Gobierno de izquierdas se ve imposibilitado para negociar cambios en el mecanismo especulativo que mantiene en la Unión Europea. Se trata del sistema marginalista de regulación del precio de la producción de energía en el mercado mayorista. Pero tiene que volver a intentarlo ante la Comisión Europea.

Es manifiesta la debilidad del Estado en España. Carece de instrumentos públicos para intervenir, con más fuerza, en el sector de la energía de cara a la determinación del precio diario en la subasta de la oferta. Por tanto, deben plantearse nuevas medidas de fondo en relación con el modelo energético español, para intentar poner solución a una situación injusta, abusiva e inmoral por parte de las empresas del sector eléctrico y en la que los consumidores sufren las consecuencias.

No puede ser que estando en expansión las fuentes de electricidad provenientes de energías renovables, en especial la solar y la eólica, mantengamos tanta dependencia del gas que exportamos de Rusia y Argelia. Tampoco tendría que ser el gas quien marcara de manera tan decisiva el precio al alza de la energía en el mercado.

Total apoyo, por tanto, a la creación de una empresa PÚBLICA de producción de electricidad que permita incidir en el precio final de la luz. La transición energética en España, para cumplir con el objetivo de que sea justa, debe llevar al Parlamento a aprobar un cambio de modelo.

El Estado recuperará hasta 2031 más de 30 centrales hidroeléctricas, algunas explotadas hoy por IBERDROLA. No sería lógico que salieran de nuevo a Concurso, sino que pasaran a ser gestionadas por una empresa pública.

Es innegable que las decisiones de la derecha, en el pasado reciente, frenaron las políticas de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Se frenó el despliegue de la producción de las energías renovables y se desarmó al Estado frente a los intereses de las eléctricas. Conviene no olvidarlo porque las decisiones que no persiguen el interés general acaban pasando factura. ç

Diputado del PSOE por Gipuzkoa.