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EL PERIÓDICO
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Líos de ricos sobre vacunas


Las mismas comunidades autónomas de gobierno conservador, y alguna de signo contrario, que hace más de dos meses suspendieron unilateralmente la administración de la vacuna AstraZeneca ante la aparición de los primeros casos de efectos adversos trombóticos, a pesar de la evidencia científica y la recomendación de las agencias de continuar con la vacunación, hoy sin embargo exigen poner la segunda dosis de AstraZeneca a toda costa con el argumento contrario al principio de precaución y la desconfianza ciudadana que argumentaban entonces, está vez porque lo dice la EMA.

Para ello no han dudado en descalificar la validez del estudio del Instituto Carlos III, sobre la eficacia y seguridad de la combinación de la vacuna de AstraZeneca con Pfizer, sobre todo porque el grupo control no incluye a los vacunados con las dos dosis de la vacuna anglosueca. Cuando nadie ha puesto en duda la capacidad inmunogénica de la vacuna de ÁstraZeneca, suficientemente conocida a través de los ensayos clínicos y aprobada por las agencias estatales y europea del medicamento.

El problema ha sido la pretensión del gobierno de avalar con un estudio precipitado una decisión política predeterminada, que tiene más que ver con la irregularidad del suministro primero, pero también con la repercusión de unos efectos adversos extremadamente raros y la consiguiente desconfianza en AstraZeneca, cuando tanto Alemania, como Francia, Dinamarca, Austria y Suecia ya lo hicieron hace tiempo por esas mismas razones y sin escudarse para ello en ningún estudio.

Y es que en condiciones de pandemia, también la disponibilidad y la regularidad del acceso a una vacuna son vitales. Una empresa que no cumple con los plazos y cantidad, si además aparecen efectos adversos, aunque estos sean excepcionalmente raros, su efecto sobre la estrategia de vacunación de los gobiernos y también sobre la opinión pública no es para nada algo despreciable. Por otra parte, la autorización de la Agencia del medicamento es condición necesaria pero no suficiente para que un fármaco entre en el vademécum susceptible de financiación pública, así como en el calendario de vacunas. Las valoraciones de coste efectividad del fármaco o la vacuna y su relación con las alternativas ya disponibles son importantes para decidir su inclusión o no. De hecho es habitual la discrepancia entre el tipo y el número de vacunas que cada año propugnan en España las sociedades médicas y la decisión de la comisión de vacunas, dentro del ámbito de la dirección de salud pública del ministerio de sanidad. En este caso, además de la autorización de la EMA, se trata de una compra conjunta de la Unión Europea y de su administración en el marco de las estrategias de vacunación de los respectivos Estados miembros. Eso explica también las diferencias entre países, así como en el tiempo en el modelo de administración de AstraZeneca.

Si todo estuviera tan claro, como algunos aseguran, no se hubiera decidido la combinación de vacunas en países como Alemania, Francia o Dinamarca, entre otros, y no hubiera habido división de opiniones en los órganos técnicos de salud pública del ministerio de sanidad y entre las propias Comunidades Autónomas, como así ha ocurrido en la comisión de vacunas, de salud pública y consejo Interterritorial, y ahora al parecer en la de bioética. Tan capaces o incapaces como las de Alemania o de buena parte de Europa.

Lo cierto es que el incremento de la desconfianza en AstraZeneca por sus incumplimientos y efectos adversos, que en un primer momento se minimizaron con la urgencia de la vacunación y la escasez de las posibles alternativas, ha colmado la paciencia de la Comisión Europea que recientemente ha recurrido a los tribunales, y a la vez ha suspendido los nuevos contratos sustituyéndolos por los de otras vacunas como Pfizer y con ello ha provocado el cambio en las estrategias de vacunación de una parte importante de los países miembros, obligando al alargamiento de los plazos e incluso a la combinación de vacunas en la segunda dosis todavía pendientes, en un nuevo contexto con una vacunación a velocidad de crucero y mayor abundancia de vacunas alternativas.

Por eso, el verdadero problema no solo son las dudas y la tardanza en decidirse por parte del gobierno español y de las CCAA en relación a AstraZeneca, cosa que ya ocurrió en la gestión inicial de los escasos efectos adversos. Tampoco siquiera la deficiente política de comunicación del ministerio, recurriendo al estudio del Carlo III como argumento, sino principalmente que es otro mal ejemplo sobre lo mal que resolvemos nuestras diferencias, en un marco de polarización populista e infodemia, y la confusión innecesaria que provocamos en los ciudadanos.

Así, cuando en un primer momento se mantuvo la vacunación con AstraZeneca, algunos sectores interpretaron que se hacía porque era la más barata y no por el carácter absolutamente minoritario de sus complicaciones, como ahora otros dicen totalmente lo contrario: que se sustituye la segunda dosis porque hay intereses económicos ocultos en favorecer la de Pfizer frente a AstraZeneca. Pura conspiranoia pandémica.

Al final, para algunos ya no vale la decisión de la mayoría del Consejo Interterritorial, si es que no les da toda la razón. Surge entonces el cada uno para uno para sí o el sálvese quien pueda, pero eso sí, con la responsabilidad siempre del lado del otro. En definitiva, ni cogobierno ni lealtad ni corresponsabilidad.

Yo, que estoy a la espera de la segunda dosis, ya tengo claro que me pondré la que me toque. Fundamentalmente porque a pesar del ruido ambiente, me fío de quienes toman las decisiones, pero sobre todo porque la mejor vacuna es la que te ponen. No pienso ejercer el más que dudoso privilegio de la vacunación a la carta, aunque reconozco el derecho de los ya vacunados con la primera dosis, a repetir con AstraZeneca. Si es que la hay.

Mientras nosotros los ricos nos peleamos por la segunda dosis, la India suspende la exportaciones de vacunas y los países empobrecidos, donde vive la mayor parte de la humanidad, apenas han podido empezar con la vacunación y las declaraciones sobre licencias obligatorias o suspensión de patentes no avanzan, impidiendo el objetivo de la inmunidad de grupo. Omito rebaño para que no se moleste el señor Casado.

En este mismo contexto de pandemonium populista, además de pandemia, resulta escandaloso que tampoco haya garantía de mayoría parlamentaria para el Decreto ley que prevé la posibilidad de recurso al Tribunal Supremo, con objeto de armonizar las medidas de salud pública post estado de alarma. Se demuestra la imposibilidad de cualquier prórroga al estado de alarma, pero sobre todo la imposibilidad de entenderse y la degradación de la política.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.