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EL PERIÓDICO
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Para que no haya impunidad


Y de pronto comenzaron a llegar imágenes que nunca creí que volvería a ver en Chile. No es posible, me repetía, no de nuevo, no en Chile. Desde ese momento supe que algo tendríamos que hacer. Aquello era intolerable. ¡Cómo un presidente, supuestamente democrático, permitía que aquello sucediera!

Me puse a trabajar en una carta abierta al presidente de Chile, Sebastián Piñera, que fue publicada el 23 de octubre de 2019, tan sólo unos días después del comienzo del “estallido social”. En esa carta manifestaba mi profundo “dolor e indignación” por la forma cómo se reprimía una legítima protesta ciudadana ante las insultantes desigualdades sociales provocadas por el modelo neoliberal implantado por Pinochet. Recordaba que Chile es miembro del selecto club de países desarrollados, la OCDE, pero a la vez es de los países más desiguales del mundo, estando dentro de los Top Ten del ranking mundial. En esta carta le señalaba a Piñera que el pueblo no es el enemigo sino la víctima, y le advertía que los crímenes perpetrados en contra de la población civil no quedarían en la impunidad, porque la comunidad internacional estaba atenta y vigilante.

En el mismo mes de octubre y en noviembre fueron muchas las voces de advertencia que se sumaron. Luego vinieron las visitas e informes más detallados que recomendaban la adopción de medidas profundas y urgentes para evitar nuevas violaciones de derechos humanos, como los publicados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Right Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la protesta continuó y también las violaciones a los derechos humanos. Inicialmente el presidente Piñera, sus ministros y particularmente el General Director de Carabineros, Mario Rozas, manifestaban públicamente que respaldaban la acción de la policía. Es decir que, en vez de adoptar medidas de prevención, apoyaron una actuación policial atentatoria en contra de los derechos humanos y constitutiva de posibles crímenes graves en contra de las personas. Muertes, torturas, violencia sexual, lesiones de todo tipo, incluidos los traumas oculares. Tras los informes de los organismos internacionales cambiaron el discurso, negaron y mintieron, a la par que anunciaron cambios, y alguno hubo, pero quedándose muy lejos del cumplimiento de las recomendaciones internacionales pertinentes.

En enero de 2020 fui invitado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Chile, Alejandro Navarro, a participar en el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos. Aproveché mi visita para reunirme con las agrupaciones de víctimas, tanto las de Pinochet como las del estallido social. Me reuní con MODATIMA y pude enterarme de su lucha porque se respete el derecho humano al agua. Luego me reuní con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, el Comando Unitario de ex-Prisioneros Políticos y familiares, Londres 38 - Espacio de Memorias, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, Corporación de Promoción de los Derechos del Pueblo – Codepu, Fundación 1367 - Casa Memoria José Domingo Cañas. Me sorprendió y conmovió el saber que no sólo estaban afectados con lo que estaba sucediendo, sino que estaban movilizados y trabajando cada uno desde su ámbito, para hacer realidad el ¡nunca más!, que es tarea de todos. Posteriormente me reuní con la Asociación de víctimas de Trauma Ocular, Movimiento Salud en Resistencia, Presos Políticos del 18 de octubre, Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, Plataforma Política Mapuche, Comisión Chilena de Derechos Humanos y Ukamau. Tuve clarísimo que las autoridades no los escuchaban, que no los habían recibido, que no había medidas eficaces, ni intención de adoptarlas para poner fin a tanta brutalidad. Las víctimas han sido hasta ahora abandonadas a su suerte. De hecho, continúan muchas personas en prisión preventiva por hechos que han sido calificados indebidamente por la autoridad como terroristas o peligrosos para la seguridad del Estado. No es posible que un mismo hecho tenga una pena u otra según el parecer del querellante, así sea el ministro del Interior. Esto infringe el principio de legalidad en su concepción más originaria y esencial.

Después de algunas conferencias y mi intervención en el Foro Latinoamericano, me invitaron a asistir a la Plaza Dignidad. Fui arropado por la Primera Línea, que me prestó un casco de bicicleta y me protegió con sus escudos de las cargas policiales de los carabineros, del “guanaco” (el carro policial que lanza agua a presión con químicos irritantes), de los botes de humo con ácido y los disparos con munición “no letal” que había producido hasta ese momento más de 450 lesiones oculares. Ha pasado más de un año de ese momento, pero lo recuerdo como si fuera hoy. Pude constatar que la actitud de Carabineros era precisamente la que uno puede esperar de quien está en una batalla. No se trataba de detener a un delincuente o de controlar el orden público, se trataba de dañar, de lesionar, de disparar a la cara, de atropellar, en fin, eran sencillamente agresiones para producir bajas que luego abandonaban en el campo de combate. Si algún protocolo de derechos humanos existía, cosa que dudo, la verdad es que no lo aplicaban. Lo pude comprobar “de visu”, y quise hacerlo para que no se me pudiera decir que no estuve allí y “tocaba” de oído.

La denuncia que se ha presentado el 29 de abril de 2021 ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya, ha sido un trabajo colectivo de largo aliento. Fue Mireya García quien primero contactó a los juristas italianos del Centro di Ricerca e de Elaborazione per la Democrazia, los que a su vez se coordinaron con la Comisión Chilena de Derechos Humanos y esta a su vez conmigo, sumándose también la Asociación Americana de Juristas. Quiero reconocer el trabajo de Yuri Vásquez, Pablo Corvalán y Carolina Cubillos, las siempre lúcidas aportaciones del Catedrático Emérito de Derecho Penal, mi buen amigo Hernán Hormazábal, así como el acertado trabajo del director de FIBGAR, Rodrigo Lledó.

Que nadie se engañe ni saque cuentas equivocadas. No estamos diciendo que Piñera ordenara las violaciones a los derechos humanos, pues esto no lo sabemos. Tal vez una investigación efectiva e independiente lo pueda aclarar algún día. Lo que estamos afirmando es la responsabilidad jerárquica, la llamada responsabilidad por el mando, que viene desde el caso Yamashita, el general japonés responsable de la Masacre de Manila en 1945 y que hoy está expresamente consagrada en el artículo 28 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es la responsabilidad del superior que, sabiendo que sus subordinados cometen crímenes de lesa humanidad, no adopta las medidas a su alcance para impedirlas o prevenirlas. Hicieron caso omiso de las advertencias internacionales y permitieron que se reprimiera sin control, llegando incluso a respaldar incondicionalmente al personal policial y militar bajo su mando.

La justicia chilena tiene el deber de actuar, pero no lo ha hecho. Hemos podido constatar el archivo masivo del 55% de las causas por violaciones a los derechos humanos, las que han sido tratadas como delitos comunes y, todavía peor, como delitos menores. El propio Fiscal Nacional, señor Jorge Abbott, ha reconocido públicamente que tienen dificultades para investigar estas causas, que necesitan recursos, que la policía no colabora porque es la policía investigando a la policía, por lo que pide la creación de una unidad especializada para investigar las violaciones a los derechos humanos.

Me consta que hay fiscales que se han esmerado mucho por investigar (tienen todo mi reconocimiento y admiración), pero al mismo tiempo me constan las dificultades que han tenido y el costo personal que alguno ha tenido que pagar. No puedo dejar de mencionar el caso de la Fiscal Ximena Chong, amenazada de muerte por formalizar al carabinero que arrojó al río Mapocho a un adolescente menor de edad.

Yo simplemente espero que, así como la detención de Pinochet sirvió para que la justicia chilena reaccionara, ojalá que esta denuncia pueda servir para que el Estado y todas sus instituciones realicen más y mejores esfuerzos para investigar y juzgar a los responsables, desde el presidente Piñera hacia abajo, cumpliendo el principio de complementariedad que exige el artículo 17 del Estatuto de Roma. En caso de no hacerlo, ya saben, hemos denunciado ante la Corte Penal Internacional estos hechos para que no haya impunidad.

Juez, abogado, director del despacho jurídico ILOCAD SL., con sede en Madrid (España). Presidente de la Fundación Internacional Baltasar Garzón.

Fundación Internacional Baltasar Garzón, pro Derechos Humanos y jurisdicción universal, con sede en Madrid, con programas en desarrollo en España, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, México. Coordinador de la Veeduría Internacional de la reforma de la función judicial en Ecuador (pro bono). Asesor de la fiscalía de la Corte Penal Internacional. Miembro del Comité de prevención de la tortura del consejo de Europa en 2011-2012. Asesor de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA en Colombia (2011-2012). Asesor de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes de Argentina. Presidente del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos de la UNESCO de Argentina.

Autor de 7 libros y múltiples artículos y ensayos. Coopera con el departamento de Derechos Humanos de la Universidad de Washington de Seattle (EE. UU.). Doctor Honoris Causa por más de 25 universidades de todo el mundo. Miembro de diferentes organizaciones humanitarias y centros de Derechos Humanos y de mediación en conflictos, dentro y fuera de España.