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Esperanza y compromiso al final de la alarma


De nuevo, a pocos días del fin del último estado de alarma, tanto desde algunos gobiernos de CCAA, como desde fuerzas políticas, expertos y medios de comunicación se afirma que éste debiera prorrogarse de nuevo, sobre todo en ausencia de una serie de reformas legales que supuestamente permitirían la adopción por parte de los gobiernos autonómicos de aquellas medidas restrictivas acordes con la fase final de la pandemia.

Tal inquietud surge como consecuencia de del mantenimiento sostenido de una alta incidencia, en particular en algunas CCAA, aunque en conjunto lejos del objetivo de cincuenta casos por cien mil y de una significativa presión hospitalaria y en las UCIs, todo ello a pesar de un ritmo de vacunación, que si bien se está incrementando de forma progresiva en la medida de la llegada de las vacunas, sin embargo todavía no puede garantizar la protección de los más vulnerables por razones de edad o de factores de riesgo, en el momento en que finalice el nueve de Mayo el mencionado estado de alarma.

Sin embargo, lo que no se garantiza, en general por parte de las fuerzas políticas que gobiernan en las Comunidades Autónomas que solicitan la prórroga, salvo alguna excepción como el PNV, es la correspondiente mayoría parlamentaria, como requisito indispensable para concretarla en los hechos y más allá de los discursos. Muy al contrario, su reciente trayectoria en la cuestión tampoco avala el compromiso con dicha declaración, sino más bien lo contrario, con la atribución al estado de alarma de haberse constituido en una medida desproporcionada, que respondería más a oscuras intenciones autoritarias que a verdaderas razones de salud pública. Si a ello le sumamos la polarización y crispación populista de la vida política en los últimos días hasta el límite del amedrentamiento, en un contexto de confrontación electoral permanente, nada hace prever que se pueda contar con los apoyos imprescindibles para la mayoría parlamentaria requerida. Habiendo ya incluso quienes, desde el ámbito jurídico, desde su posición de discrepantes con el el plazo y la gestión descentralizada del último estado de alarma, consideran que de prorrogarse el estado de alarma, éste debería concretar las limitaciones expresas de movilidad y aforos y asimismo su control parlamentario periódico, ya que según ellos solamente el Congreso de los Diputados, tendría atribuida constitucionalmente tal potestad de limitación de derechos fundamentales. Se trataría pues en todo caso de una prórroga vacía, debido a su más que improbable realización.

La única alternativa sería entonces la modificación de las actuales leyes de salud pública, al parecer con el objetivo de que las limitaciones de derechos fundamentales puedan ser decididas también por los ejecutivos de las CCAA sin la correspondiente garantía de los tribunales de justicia. Todo con objeto de evitar que las excepciones de rechazo que se han producido por parte de algunos tribunales superiores de justicis a la ratificación de las medidas, se conviertan en poco menos que en norma o en una suerte de gobierno jurídico de la pandemia, algo a todas luces exagerado.

Una alternativa que es por otra parte legalmente inviable, habida cuenta de que la limitación de derechos fundamentales es inconstitucional fuera de la declaración de estado de alarma y por otra parte es algo excede las atribuciones propias o compartidas por parte de las CCAA. Porque nuestra verdadera ley para una situación de pandemia como la actual, que requiere la restricción de derechos de movilidad y reunión con carácter general, según la Constitución es esclusivamente la contemplada en la norma que ordena el estado de alarma, excepción y sitio.

La cuestión estriba pues en cómo abordar las situaciones de desescalada, control y respuesta en un momento como el actual de lenta regresión de la pandemia y de progresiva vuelta a la normalidad. No se trata pues de maniqueos, ni del populismo o de la infodemia ye han presidido esta pandemia. Para eso y no solo para situaciones individuales, por otra parte contradictorias con la naturaleza contagiosa de las epidemias, es para lo que existe la legislación de medidas especiales vigente en materia de salud pública. Tanto la ley de medidas especiales en materia de salud pública, como la ley de cohesión y calidad del SNS y la más reciente ley General de Salud Pública. Este conjunto de leyes de salud pública, junto a su legislación propia es con el que las CCAA están en condiciones de controlar y dar respuesta a la fase final de la pandemia, en función de la evolución de la incidencia, de la situación sanitaria y del proceso de vacunación.

La mayor limitación para las correspondientes medidas de de desescalada, es fundamentalmente la que tiene que ver con el cierre perimetral y el toque de queda o las limitaciones de aforos en reuniones de ámbito general, no así en cuanto al cierre perimetral de nivel municipal o de barrio o a las restricciones de horarios y aforos en interiores de comercios u hostelería, unas medidas quirúrgicas que se han mostrado como los principales y más efectivos instrumentos de control de la pandemia. Medidas selectivas que deberían ya formar parte de un acuerdo de desescalada entre el gobierno y las CCAA, eso sí para que fuese tenido en cuenta para compartir la salida de la crisis pandemica. Por supuesto manteniendo y mejorando al mismo tiempo la salud pública, la atención primaria y los recursos sociales para realizar las labores d testeo, rastreo y aislamiento de contactos, que tienen diferente nivel de desarrollo entre los departamentos de salud pública de las CCAA.

Por eso resulta difícil imaginar que a fecha de nueve de Mayo sea imprescindible el mantenimiento de un toque de queda general o de un cierre perimetral de ámbito autonómico. Lo más probable es que con la actual estabilización de la incidencia y el incremento de la vacunación baste con los cierres perimetrales locales y que en el caso del toque de queda éste se pueda sustituir con creces con la restricción de horarios en los establecimientos públicos. Pero si tal cosa finalmente se hiciese necesaria en más de una Comunidad Autónoma, existe también el recurso a las actuaciones coordinadas de la ley de cohesión y calidad consensuadas en el marco del Consejo interterritorial o a la ya mencionada agenda de desescalada. Aunque, en última instancia, siempre cabe que los que hoy reclaman una nueva prórroga para después del nueve de Mayo, ante todo abandonen los vetos y anuncien sus votos en caso de que finalmente fueran necesarios. Porque se puede salir de la alarma con incertidumbre y también con esperanza.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.