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EL PERIÓDICO
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De la independencia a la supremacía judicial


El gobierno ha logrado que el comisario europeo de justicia avale la reforma legal que suspende la capacidad de nombrar cargos judiciales por parte del Consejo General del Poder Judicial, en tanto en cuanto éste se encuentre en funciones. Una medida de denuncia y al tiempo de presión sobre la, hasta ese momento, cómoda inercia de los nombramientos por parte del Consejo del Poder Judicial en funciones para la oposición conservadora, todo con el principal objetivo de desbloquear la renovación (prevista legalmente hace más de dos años y medio) de los vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Una decisión que supone además un varapalo a las asociaciones de jueces conservadores, que recientemente remitieron una carta a la comisión Europea en la que se rechazaba la reforma legal aprobada por el Parlamento, junto a la proposición de la mayoría parlamentaria de apoyo a la investidura del gobierno de coalición para reducir la mayoría de tres quintos necesaria (a pesar de que su tramitación se encontraba ya congelada por decisión de sus propios autores). Ambas iniciativas legales eran consideradas como un grave atentado a la independencia judicial, calificando de paso la actual forma de elección parlamentaria a propuesta de las asociaciones de jueces de inconstitucional e incluso se aventuraban a hacerle a las instituciones comunitarias una propuesta de sanción al gobierno español ( del que también se ponía en duda su fidelidad constitucionalista) en caso de que no se produjera una rectificación inmediata.

Una posición que al parecer piensa reiterar el Consejo actual ante el Tribunal Constitucional por una cuestión de competencia, aunque los precedentes no le avalen, y eventualmente ante la comisión Europea, todo como prueba fehaciente de que la LO 4/21 ha roto con su cómoda inercia de funcionamiento, tanto por la reacción desproporcionada ante su entrada en vigor como por la histeria en la tesitura actual de tener que aplicarla.

Por el contrario, el comisario europeo ha urgido a acabar con la situación de excepcionalidad que supone la no renovación del órgano, en situación de funciones durante los últimos dos años y medio, algo que sin embargo en la mencionada misiva aparecía como una cuestión secundaria y subordinada a la prioridad absoluta del nombramiento corporativo de los vocales juristas del Consejo, que se valoraba como única forma de garantizar su despolitización y por tanto su independencia.

Cabe aclarar que la previsión constitucional mantiene el carácter mixto de las funciones y por tanto de la composición del mencionado órgano de gobierno, ya que en él se unen aspectos que en otros sistemas democráticos se integran dentro de las funciones de gobierno político del ministerio de justicia y como consecuencia sus vocales son por una parte de proveniencia judicial y por otra de juristas de reconocido prestigio de extracción parlamentaria.

En la actualidad el cupo de vocales jueces es de elección también mixta, ya que el parlamento los elige por mayoría cualificada y solo de entre las propuestas realizadas por las asociaciones judiciales. Un sistema que ha sido avalado desde su formulación por diversas sentencias del Tribunal Constitucional.

Es verdad que caben otras fórmulas, tan constitucionales como la actual. Desde la elección corporativa que proponen las asociaciones conservadoras, a la parlamentaria pura o incluso a la elección por sorteo de los vocales entre jueces y magistrados. Ninguna de ellas cuenta con la garantía exclusiva de independencia, aunque es cierto que la fórmula actual es objeto de crítica por parte de las asociaciones de jueces mayoritarias, de la derecha política y de una parte de la opinión pública, y en el ámbito de Europa por parte del grupo Greco contra la corrupción y la comisión de Venecia, que coinciden en la fórmula corporativa de elección, aunque exclusivamente de los vocales judiciales.

En caso de que fuera así, convendría aclarar qué papel jugarían entonces las asociaciones de jueces como organizaciones programáticas, si no políticas, y como consecuencia qué modificaciones se habrían de realizar en las mismas para evitar también que en la elección en su seno se reflejase su actual más que evidente politización. No hay más que ver el alineamiento de unos y otros dentro y fuera del Consejo.

Quizá porque de lo que se trata por parte de algunos es más de despartidizar o desparlamentarizar, que de despolitizar la justicia, ya que el sesgo conservador es claramente mayoritario entre sus asociaciones por razones conocidas y que no hace al caso analizar. Es un hecho.

Aunque la independencia que se predica en la Constitución no es sólo de apariencia en el nombramiento, que también, sino fundamentalmente la independencia de ejercicio en su función jurisdiccional. Y si algo se viene demostrando en las sentencias judiciales, también en las más sonadas, es con carácter general la independencia de los jueces con respecto a las pretensiones de control político así como, y últimamente de forma especialmente llamativa, frente a las presiones de la opinión pública.

Por tanto, no se acaba de definir si más bien lo que se pretende es una reforma para consagrar una concepción radical de la independencia y de la despolitización de la justicia como poder público en relación al parlamento, cosa que lejos de garantizar tal independencia y despolitización, significaría cuanto menos una suerte de aislacionismo u autogestión de la república judicial, o incluso de supremacía que la actual Constitución no contempla como si de una tercera Cámara se tratara, frente a las decisiones supuestamente veleidosas de los electores y de su representación democrática.

Una defensa cerrada de cualquier contaminación partidista de los jueces que se exagera como desconfianza y desafecto de los poderes elegidos y en particular del Parlamento. Por ello, sea cual sea la fórmula de elección que adoptemos en el futuro, debieramos precavernos tanto de la politización de la justicia como de la judicialización de la política, que de todo hay.

A raíz de estas últimas recomendaciones europeas, el gobierno ha retirado definitivamente la proposición de modificación del sistema de elección de los vocales por mayoría cualificada y al tiempo ha emplazado al PP a desbloquear sus vetos a la negociación de la renovación del CGPJ. Sin embargo, la respuesta de la derecha ha sido elevar una vez más la apuesta uniendo para ello la renovación del Consejo y sus habituales vetos políticos y personales, para añadir además, como premisa ineludible, la elección corporativa de los jueces.

El caso es seguir, unos en el Parlamento y otros desde en CGPJ en el candelero, ahondando en la confusión deliberada e interesada entre la independencia judicial, solo aplicable a los jueces y juezas y la independencia del Consejo General del Poder Judicial, órgano creado para su defensa, no para su representación.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.