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EL PERIÓDICO
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El sector turístico reclama su posición en el viejo orden


En los meses siguientes al estallido de la crisis sanitaria y social ligada a la Covid-19 proliferaron las opiniones acerca del mejor modo de gestionar el colapso experimentado por la economía turística y, en particular, sobre el papel que al respecto debe desempeñar el Estado.

Entre el mes de marzo y el verano de 2020 aparecieron en los medios de comunicación discursos, promovidos desde el entramado empresarial, exigiendo al Estado la exoneración de obligaciones fiscales y la transferencia directa de ayudas económicas para las empresas de un sector que genera millones de puestos de trabajo. Desde otras posiciones, se reclamaba la oportunidad de aprovechar la coyuntura para repensar el rumbo que debía tomar la industria del turismo, teniendo en cuenta los evidentes problemas que la saturación generada por el turismo masivo (83 millones de llegadas internacionales registradas en 2019) ha provocado en la sociedad española: impactos medioambientales, contaminación acústica, especulación inmobiliaria, creación a gran escala de puestos de trabajo precario, mercantilización de los espacios públicos y de los bienes culturales, gentrificación de los centros urbanos, explotación irregular de la actividad turística por un capitalismo de plataformas disfrazado de economía colaborativa, etc.

Después de más de cincuenta años de intensa connivencia entre intereses políticos y empresariales alrededor la economía turístico-inmobiliaria, las tensiones provocadas por el desorden de un modelo masivo regulado con criterios ajenos a cualquier principio serio de sostenibilidad empezaban a provocar expresiones públicas de rechazo hacia las prácticas turísticas más perniciosas. Estas expresiones se han sucedido en entornos en los que es reconocible una sociedad civil políticamente articulada, una cierta tradición contestataria y, sobre todo, en ciudades en las que existe una percepción extendida de que es posible un futuro de prosperidad al margen del turismo (al contrario de lo que ocurre en la mayoría de los municipios turísticos de las costas). En todo caso, esas expresiones enseguida fueron patologizadas, estigmatizadas y desacreditadas con el término “turismofobia” por los más beneficiados con el statu quo.

Al inicio de 2021 las posibles dudas se van despejando y la presión ejercida por los intereses empresariales acaba desplazando de la agenda mediática cualquier atisbo de enfoque alternativo. Las élites empresariales del turismo exigen su incorporación al “club cinco estrellas”, del que son miembros ilustres la industria automovilística, las corporaciones energéticas o el sector financiero. Así, a través de los medios de comunicación la patronal turística azuza a los responsables políticos para que no titubeen a la hora de ahondar en la integración del turismo en las lógicas político-económicas del orden neoliberal, consolidando al Estado como un instrumento al servicio de la canalización de recursos públicos hacia determinados ámbitos privados (los miembros del “club cinco estrellas” no necesitan hacer semejante ruido mediático).

Este nuevo orden en realidad es muy viejo. En la economía política internacional se remonta al menos a la segunda mitad del siglo XIX y a la entronización de los principios de la economía liberal como ideología hegemónica: hay que tener fe en que la paz y el equilibrio social se conseguirán gracias a una economía de mercado gestionada por los empresarios y a la existencia de un Estado al servicio de intereses oligopolistas (e imperialistas a finales del XIX) que no moleste demasiado, quedando relegado a un papel asistencial (es decir, que garantice el control de infraclases potencialmente peligrosas para la apacible explotación mercantil). El desastre social, político y económico en el que se vio envuelto el mundo entre 1914 y 1945 fue la mejor y más patética refutación de estos dogmas. En un intento por salvar los muebles (y ante la amenaza del desafío socialista), el tercer cuarto del siglo XX ve expandirse un nuevo credo: el del capitalismo social, sustentado por el régimen keynesiano-fordista en la Europa capitalista y, en menor medida, también en Norteamérica. Sus principales éxitos fueron: 1) generar una ola de producción y socialización de riqueza (vía salarios indirectos) como nunca había conocido Occidente; y 2) externalizar las dinámicas más graves de violencia y empobrecimiento a países periféricos de los centros capitalistas clásicos.

En el marco de la actual restauración conservadora, el momento del capitalismo social (y su plasmación en las distintas versiones de los Estados de bienestar) pasa a interpretarse como un paréntesis incómodo en un camino (iluminado por los principios liberales) que retoma la vieja senda. Para ello, se aprovechan las oportunidades brindadas por, entre otras situaciones, las crisis fiscales de los años setenta, la descomposición del antagonista socialista, la crisis financiera de 2008 y, ahora, la parálisis provocada por el coronavirus. Por supuesto, se sigue criticando al Estado sin tapujos, pero al mismo tiempo es constantemente instrumentalizado por élites político-económicas que intercambian sus posiciones en una “cultura de puertas giratorias” cada día más normalizada.

Las élites de la economía turística reclaman su pedazo de la tarta y para ello no dudan en recurrir a una estrategia que tradicionalmente ha proporcionado buenos réditos en la esfera política: producir y amplificar discursos que establezcan una lógica de equivalencia entre los intereses de las élites y las aspiraciones de otros estratos sociales, a los que se les asigna un papel de reconocimiento en el devenir de los acontecimientos (en este caso, cientos de miles de pequeños empresarios dependientes de la actividad turístico-hostelera y de los sectores que arrastran).

Ya no se considera suficiente mantener con vida al capitalismo a través de: a) la inversión pública en infraestructuras y servicios de los que se benefician, entre otros, las empresas privadas (redes de comunicaciones, atención sanitaria, seguridad, educación, conservación de “recursos” culturales y naturales, etc.) y b) la socialización de beneficios vía salarios indirectos al conjunto de la ciudadanía (prestaciones por desempleo, pensiones, etc.). Ya no se puede esperar a que los potenciales consumidores reorganicen sus prioridades para, finalmente, acabar consumiendo. Es probable que, en medio de la incertidumbre, el gasto en consumo (y en consumo de ocio especialmente) no sea tan eficiente como desea el entramado empresarial. Al respecto, parece más práctico saltar por encima del conjunto social para inyectar liquidez en un segmento concreto, que decidirá de forma autónoma cómo gestionar el remanente que le sobre una vez saneadas sus cuentas privadas.

Si esto es lo que se pide, y resulta que hay un consenso amplio a propósito del reconocimiento de la responsabilidad social y del buen criterio del conglomerado empresarial, y con el fin de que no paguen justos por pecadores, pero de que tampoco se beneficien las minorías tramposas, quizá sería conveniente que en algún momento empecemos a hablar de cuáles son los requisitos que unos y otros deben cumplir para acceder a las ayudas públicas. Un sector tan identificado con el espíritu innovador, los principios meritocráticos del “hombre hecho a sí mismo”, las bondades de la búsqueda del beneficio privado y a favor de restringir la intervención estatal en el libre mercado, seguro que accede a realizar un ejercicio de transparencia antes de exponerse al bochorno que le debe suponer recibir ayudas estatales.

En un ejercicio de coherencia, solamente deberían acceder a cualquier tipo de ayudas públicas aquellas empresas que demuestren desarrollar modelos de negocio cuya viabilidad presente se vea comprometida por los efectos de la crisis (más allá de garantizar los ritmos de acumulación de beneficios obtenidos en años anteriores), que garanticen condiciones laborales dignas a sus empleados, que apliquen políticas de igualdad y conciliación, que no promuevan ninguna forma de actividad económica informal, que se impliquen en la conservación del patrimonio cultural y de la naturaleza (por ejemplo, abasteciéndose y fomentando el consumo de productos de proximidad, restringiendo el uso de plásticos e implementando planes de gestión sostenible de residuos) y que cuenten con el respaldo del entorno social en el que se hallen insertas. Para poder materializar este ejercicio, sin duda el tejido empresarial debería de aceptar la ayuda del Estado, facilitando el aumento de las inspecciones por técnicos cualificados. En su interés por que España se asemeje a los países más avanzados de la Unión Europea, seguro que acceden encantados.

Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Sociología I e investigadora del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante (UA). Licenciada y Doctora en Sociología por la UA y Graduada en Turismo por la Escuela Oficial de Turismo de Madrid, hasta su incorporación a la universidad trabajó en varias empresas relacionadas con el sector turístico (agencias de viajes y turoperadores), fundaciones dedicadas a la gestión de la educación superior y empresas de investigación social. Ha sido directora de la Universidad de Verano Rafael Altamira y coordinadora del Máster en Dirección y Planificación del Turismo. Además, fue representante de la UA en la Red Intur (Red Universitaria de Posgrados en Turismo). Desempeñó el cargo de Directora General de Turismo de la Generalitat Valenciana desde enero de 2016 hasta noviembre de 2018.

Ha formado parte de equipos de investigación dirigidos por distintos profesores de universidades españolas y extranjeras, participando en 52 proyectos de I+D competitivos, proyectos europeos y contratos de investigación. Ha sido investigadora principal en cinco proyectos y contratos de investigación, todos ellos relacionados con el turismo y las migraciones. En 2020 ha ejecutado el contrato Análisis demográfico y representación espacial de la población extranjera de la provincia de Alicante para la Diputación Provincial de Alicante y ha sido investigadora principal del proyecto Propuestas para mejorar la empleabilidad de las personas con discapacidad en el sector turístico de la provincia de Alicante.

Ha publicado 30 artículos en revistas científicas indexadas y 28 capítulos en libros colectivos. También ha sido la co-editora de tres libros y la autora única de una monografía de investigación: Turistas que llegan para quedarse. Una explicación sociológica sobre la movilidad residencial. Esta actividad se completa con más de 70 ponencias presentadas en congresos nacionales e internacionales. Además, ha participado en numerosas conferencias relacionadas con el turismo, varias veces como experta invitada en organismos internacionales, como la Organización Mundial del Turismo, la OCDE y el Parlamento Europeo.

Colabora en distintas redes internacionales, como la Red de Investigación Turística (RIT) o Necstour, y es una de las impulsoras de la plataforma #TurismoReset. Ha sido investigadora o profesora invitada en el Tecnológico de Costa Rica, El Colegio de la Frontera Norte (México), la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Especialidades Turísticas (Ecuador), la Universiti Sains Malaysia, Lancaster University (Reino Unido), Göteborgs Universitet (Suecia), Stavanger University (Noruega), Università della Calabria (Italia) y Universidade do Algarve (Portugal).

Participa en los consejos científicos o equipos de redacción de las siguientes revistas: Investigaciones Turísticas; Estudios y Perspectivas en Turismo; Dimensiones Turísticas; El Periplo Sustentable; Rotur: revista de ocio y turismo; Turismo, Desarrollo y Buen Vivir- RICIT y Journal of Tourism, Leisure & Hospitality.

Ha sido miembro de distintos tribunales y jurados de premios de investigación, entre otros: de la Fundación Carolina, 2012-2013; el Premio a la investigación Fitur 2015; el Premio a la trayectoria investigadora de la Academia Mexicana de Investigación Turística 2018; el Premio al mejor trabajo de postgrado de la Academia Mexicana de Investigación Turística 2020; o los Premis de Turisme de la Generalitat Valenciana 2020.

Sus principales líneas de investigación son: el turismo accesible, la opinión pública sobre el turismo, el mercado laboral en el sector turístico y las relaciones entre el turismo y las migraciones residenciales.