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EL PERIÓDICO
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Largo Caballero: desmontando a la derecha cerril


“Cuando mis enemigos me insultan, quiere decir

que voy por el buen camino”

Francisco Largo Caballero

Sin embargo, sí hay en el contenido del mensaje en el que denuncian algunas afirmaciones que debo rechazar de acuerdo con la resolución aprobada por amplísima mayoría en el Parlamento Europeo el día 19 de septiembre de 2019 en cuyo séptimo punto se condena el revisionismo histórico. El Gobierno de la República Española, legítimo, constitucional y democráticamente elegido fue derribado por un golpe de estado. Quien dirigió aquel alzamiento, el general Franco, fue un dictador y su régimen practicó la persecución y eliminación sistemáticas de sus adversarios políticos. Achacar a los partidos que apoyaron aquel gobierno de “destruir la democracia y las libertades” no es opinable, es una falsificación de la historia”.

El presidente del Parlamento Europeo, el italiano David Sassoli, no fue, en esta ocasión, no podía serlo, nada equidistante. Todo lo contrario. Respondió de esta forma rotunda, de esta manera tajante, al escrito que hizo circular por las Instituciones el eurodiputado de VOX, Hermann Tertsch, quien, además de realizar una retorcida lectura del anteproyecto de ley de Memoria Democrática, afirmaba, entre otras cosas, que la “profanación de la tumba de Franco” era comparable con “la persecución de los cristianos en los años treinta del pasado siglo.

Esta iniciativa del europarlamentario no responde, sin embargo, a un acto aislado concebido en un agitado momento de iluminación. Esta ofensiva comenzó hace ya tiempo como irritada respuesta a una ley que, como la de la memoria histórica, fue concebida para reparar el daño y el olvido a que la dictadura franquista sometió a miles de españoles.

A ellos, el silencio y la humillación. A los otros, a los “caídos por Dios y por la Patria”, el honor y la gloria.

Ante los hechos que analizaremos más adelante uno se pregunta dónde están o dónde se esconden los democristianos o liberales (de los de verdad) españoles. Dónde están los moderados a tiempo completo, no los moderados de hoy sí pero mañana ya veremos. Las derechas españolas, esas que han dado en llamarse extrema derecha y derecha extrema, parecen haberse unido, aunque en determinados días se marquen distancias y diferencias en el Parlamento, en una especie de totum revolutum en el que el único objetivo es desgastar al adversario político. Vale todo. Desde la descalificación más inaudita hasta el insulto puro y duro pasando, claro, por la revisión histórica para establecer un plano de igualdad, una grosera equidistancia, entre las víctimas y sus verdugos. Es la derecha cerril española, la que se obstina en una actitud o parecer, sin admitir trato ni razonamiento alguno. Los grupos que en esa derecha se encuadran, dicen tener diferencias y tratan de establecer distancias. A la hora de la verdad, apoyan, sin fisuras, iniciativas como, por ejemplo, la de retirar placas, calles y estatuas de los dirigentes socialistas Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. La propuesta de VOX, defendida por el concejal Javier Ortega Smith (podemos desmentir formalmente que su siguiente apellido sea Wesson), calificó a esos dirigentes de “personajes siniestros, criminales y antidemócratas”. PP y Ciudadanos se unieron a la insólita propuesta asumida, con todo vigor, por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

La derecha cerril, al modo y manera de Donald Trump, no se aviene a discutir, no digamos ya a aceptar, los argumentos de peso contrarios a sus pronunciamientos. Han tenido que salir cientos de historiadores, catedráticos y estudiosos a rebatir unos argumentos que no se sujetan por ningún lado. Vox esgrimió la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, como justificante de su propuesta. En su artículo 15, se dice que se retirarán “placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. En los planteamientos de VOX y de sus colaboradores necesarios se mezclan, pues, asuntos que no tienen nada que ver. Como han recordado los historiadores, “ha habido una abrumadora memoria de los vencedores que ha ocultado al otro bando. Ángel Viñas, en su libro ¿Quién quiso la Guerra Civil? Historia de una Conspiración, afirma que son “circunstancias incomparables por varias razones como que no fueron los republicanos quienes quisieron la guerra, sino una mezcolanza de civiles y militares que, además, la prepararon concienzudamente y se procuraron la ayuda de la Italia fascista”. En pleno siglo XXI, los historiadores han tenido que recordar que la España republicana era un “régimen constitucional y reformista. Lo otro, fue una dictadura represiva”.

Un manifiesto de historiadores, entre los que se encuentran Paul Preston, Antonio Cazorla o Walther L. Bernecker, afirma que la derecha está resucitando “viejos y desacreditados clichés pseudohistóricos de la propaganda franquista”. Y tachan de incongruencia condenar la memoria de figuras políticas “que, precisamente, se distinguieron por su oposición a la sublevación militar, por la defensa de la legalidad y por ser víctimas, en tanto que perseguidos y exiliados, de la dictadura”. Largo Caballero, tiroteado en su domicilio por miembros de la Falange, estuvo prisionero en el campo de Sachsenhausen, en Berlín, entre 1943 y 1945. El análisis, basado en abundante documentación, facilitado por este grupo de historiadores, resalta que Largo Caballero fue absuelto por el Tribunal Supremo de un delito de rebelión militar como consecuencia de la revolución de octubre de 1934 y desmiente, de forma categórica, que durante su mandato se cometieran “las mayores atrocidades en la zona republicana”.

El profesor Gómez Bravo, ha calificado esta iniciativa de “discurso de la furia”. “Largo Caballero y Prieto –afirma—pertenecían a gobiernos democráticamente elegidos”. No hay pruebas ni documentos que avalen esas acusaciones que, según Mercedes Cabrera, tratan de “convertir en golpistas a quienes sufrieron el golpe”.

LOS VERDUGOS PRETENDEN SER VÍCTIMAS

Sí, estamos, pues, ante una ofensiva calculada, estudiada y programada. Esto se desprende claramente de la sucesión de algunos hechos.

¿Sabe usted cómo se ha mentido en la historia hablando de algunas que llamaban las TRECE ROSAS y resulta que lo que hacían era torturar, violar y asesinar vilmente? La inaudita frase vuelve a ser de Ortega Smith. Sin ningún pudor utilizó este falso argumento en una entrevista televisada. Las TRECE ROSAS, mujeres entre 18 y 29 años, fueron fusiladas en la tapia de un cementerio pocos meses después de que finalizara la Guerra Civil. Un consejo de guerra sumarísimo las condenó a la pena capital acusadas de “adhesión a la rebelión”. Algunas de ellas, no todas, militaban en las Juventudes Socialistas Unificadas.

VOX pasa factura. Y exige cumplimientos a cambio de los apoyos que, tanto en el Ayuntamiento de Madrid como en La Comunidad, permite gobernar al Partido Popular. Pero lo cierto es que los “moderados” populares tampoco precisan de muchos empujones para demostrar su en ocasiones disimulado talante. La llegada del nuevo alcalde, José Luis Martínez-Almeida a Cibeles, motivó la absoluta revisión de la política impulsada por la anterior corporación. Eliminó la Oficina de Memoria creada por Manuela Carmena y retiró las placas con los nombres de los fusilados por el franquismo en Madrid entre 1939 y 1944. Fue el final del Memorial que el gobierno municipal de Carmena comenzó a construir en el Cementerio de la Almudena. El alcalde actual, entusiasta partidario de las obras de Dios y firme defensor de las obras terrenas, justificó esa agresión a la historia y al sentido común en la “unificación del reconocimiento a las víctimas de ambos bandos”. Considera además, que la ley de Memoria aprobada en 2007 es una norma basada en el revanchismo y en “una visión sectaria de lo que pasó en España hace 80 años”. Almeida, que impulsó los denominados Acuerdos de la Villa pactados con todos los grupos presentes en el Ayuntamiento, ha dilapidado, en muy poco tiempo, el carácter de hombre dialogante y centrado que esos acuerdos le depararon. Ha pasado, una vez que fue nombrado portavoz nacional del PP, del consenso y la unidad a ser, junto a su ahora defendida presidenta de la Comunidad de Madrid, uno de los principales arietes contra la política gubernamental. No falta quien afirma que, en estos últimos tiempos, se ha quitado la careta y muestra, en consecuencia, su verdadera cara.

La penúltima decisión, no cabe esperar que haya una última, la de retirar las calles y los reconocimientos que hay en Madrid a Largo Caballero e Indalecio Prieto, ha desencadenado una violenta escalada de agresiones. La estatua de quien fue presidente del consejo de ministros, del Partido Socialista y Secretario General de la UGT, ha sido varias veces vandalizada con pintura roja y escritos que le tachan de asesino y que repite el conocido mantra de rojos no. La placa existente en la fachada del edificio en el que vivió terminó reducida a escombros a fuerza de martillazos. Fue el regalo que, el muy moderado Ayuntamiento de Madrid, hizo a Largo Caballero precisamente en el día, 15 de octubre, que se cumplía el centésimo quincuagésimo primero aniversario de su nacimiento. “VOX –afirmó en un comunicado el partido ultraderechista—cumple su palabra”. La derecha cerril se une y lo avala. Instituciones sociales, partidos políticos, grupos parlamentarios han denunciado unos métodos que, dicen, son meros ejecutores de la estrategia de tensión de la ultraderecha. Es la tesis de Pepe Noja, el escultor que, por encargo del gobierno socialista, fue el autor tanto de la estatua de Largo Caballero como de la placa ahora destruida. “El arte –afirma-- es del pueblo y para el pueblo. No pueden venir cuatro bandidos a destrozarlo”. No solo culpa a VOX. También lamenta la actuación de otros partidos demócratas en algo más que clara alusión al PP y a Ciudadanos.

Por todo ello, Pepe Noja envió una carta al alcalde de Madrid en la que le exige respeto a la integridad de su obra y le requiere a “impedir cualquier acto que suponga deformación, modificación, alteración o atentado contra mi obra advirtiéndole que, en caso contrario, haré uso de las acciones judiciales necesarias para la defensa de mis derechos”.

Punto seguido que, me temo, no será final. Para la historia queda el hecho de que, a finales de 1931, España era una república parlamentaria y constitucional. Que, además de la separación de la Iglesia del Estado y la organización del Ejército, se tomaron medidas sociales como la distribución de la propiedad de la tierra, los salarios de las clases trabajadoras, la protección laboral y la educación pública. En todo ello, profundiza el catedrático Julián Casanova. “El Partido Popular y Ciudadanos –escribe—deberían mirar a las democracias europeas que, desde Alemania a Checoslovaquia, pasando por Austria y España, acabaron derribadas por el fascismo. Un poco de respeto para aquella República que, como las de otros países en Europa en los años veinte y treinta, intentó consolidar, con enormes obstáculos y enfrentamientos, un proyecto reformista parlamentario y constitucional”. Julio de 1936, cuando la sublevación militar ocasionó una profunda división en ejército y en las fuerzas de seguridad, debilitó al estado republicano y partió a España en dos.