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EL PERIÓDICO
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Más cerca del resarcimiento de la criminalización de la huelga


La Constitución Española contempla en su art. 28.2 el derecho fundamental de huelga y, a falta del suficiente consenso político en los más de 40 años de democracia que llevamos, su regulación actual sigue contenida en el RDL 17/1977 sobre relaciones de trabajo. Norma preconstitucional reinterpretada y modificada parcialmente por la sentencia del Tribunal Constitucional 11/1981 que es considerada, hoy por hoy, como una anomalía histórica, una insuficiencia crónica que tiene por consecuencia que el marco jurídico de este derecho fundamental sea manifiestamente insuficiente a las alturas del Siglo XXI en el que nos encontramos y se planteen no pocos problemas interpretativos al tener que aplicar un marco legal más propio del Siglo XIX.

El hecho cierto es que la desidia legislativa para desarrollar este derecho fundamental a través de la correspondiente ley orgánica (LO), por razones de variada índole, ha terminado por generar una especie de desactivación “encubierta” que los sucesivos gobiernos de derechas han llevado a cabo sobre el derecho de huelga y que tienen reflejo en la represión penal del derecho de huelga y su reflejo en el art. 315.3 Código Penal que prorroga la norma existente en la época de la transición que pretendía la incriminación de los piquetes en un intento por evitar altercados públicos (arts. 496.2 y 3. del Código Penal franquista) y hace de peor condición a los trabajadores huelguistas que “coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga” que a otros penados por delitos socialmente más reprobables.

Dicho artículo, de larga vigencia pero apenas utilizado durante más de 15 años, cobró especial protagonismo a partir de, bienio 2010-12, años de grandes reformas restrictivas de derechos sociales y laborales, en los que se produjo un cambio interpretativo propiciado de forma generalizada por la Fiscalía General del Estado para utilizarlo contra los sindicalistas que participaban en piquetes, con petición de elevadas penas de hasta 3 años de cárcel, en un claro intento por disuadir a los ciudadanos de ejercer su derecho a la huelga y, por tanto, el de libertad sindical instaurado en pro de un sistema de relaciones laborales democrático. En un contexto social de crisis económica que se decidió afrontar a través de políticas austericidas de las que hoy se huye conscientes de sus devastadores efectos, la respuesta sindical no se hizo esperar, como no podía ser de otro modo, y frente a las huelgas y manifestaciones reivindicativas de derechos sociales que había costado muchos años conseguir y que se hallaban en franco retroceso, la respuesta de los sucesivos gobiernos de derechas frente a esas protestas fue forzar su represión para disuadir e intimidar, bien con la Ley de Seguridad Ciudadana –la Ley Mordaza-, bien a través de una acción concertada con la Fiscalía y con los atestados de la policía, que buscaba criminalizar el derecho de huelga y los huelguistas y debilitar a los sindicatos.

El propio Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pidió al Gobierno de España en el año 2016 que se le mantuviera informado sobre la evolución de la situación denunciada ante la alta instancia internacional por parte de las principales organizaciones sindicales (CCOO y UGT) que alegaban que ciertas disposiciones de la legislación penal española (art. 315.3 CP), así como su utilización por las autoridades públicas, conducían a una represión penal excesiva que vulneraba el derecho de huelga. España, que ha ratificado la mayoría de los Convenios de la OIT, tuvo que enfrentarse a las graves acusaciones que las organizaciones querellantes denunciaban en un contexto generalizado y creciente de conflictividad social fruto de las reformas laborales operadas en España, haciendo un uso represor, antidemocrático e inconstitucional del derecho de huelga.

Hoy por hoy es posible concluir echando la vista atrás que se aprovechó la crisis económica para iniciar un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y derechos, pero especialmente, de aquellos que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno. Desde entonces el movimiento sindical de clase ha venido exigiendo la derogación del art. 315.3 del Código Penal, toda vez que el delito genérico de coacciones ya protege de forma adecuada la libertad de no hacer huelga (suficientemente penalizada vía los arts. 172 y 620.2 CP). Cerca de 300 sindicalistas y representantes legales de los trabajadores se han visto inmersos en procesos judiciales relacionados con este precepto y algunos con penas de prisión elevadísimas (en concurso con otros delitos). Casos de gran repercusión mediática como el de los miembros de la Federación de Hostelería de UGT, o los ocho de Airbús, Arcelor, Baleares, entre otros muchos ponen de manifiesto la necesidad urgente tanto de la derogación de este precepto y de la Ley Mordaza, como de la revisión de todas y cada una de las sentencias firmes (efectos retroactivos).

Los supuestos de condenas desmesuradas ante actos realizados por piquetes que han acabado con severas condenas de cárcel -y que han desembocado en el recurso in extremis al indulto- no tienen cabida en un Estado democrático de Derecho como el español en el que el modelo de organización empresarial poco tiene ya que ver con el preconstitucional y en el que cualquier restricción que sobre un derecho fundamental quiera implementarse ha de superar el test de proporcionalidad, esto es, ver si resulta compatible con la Constitución y atender a la razonabilidad y a la proporcionalidad de la afectación al derecho en cuestión.

Para intentar superar, de forma definitiva, esta situación de degradación democrática de derechos fundamentales como el de huelga, el Grupo Parlamentario Socialista presentó el pasado 18 de septiembre una Proposición de Ley Orgánica de derogación del artículo 315.3 CP que fue tomada en consideración y sometida a votación el pasado 27 de octubre y aprobada por 195 votos a favor frente a 153 votos en contra. Se avanza así, con gran dificultad y no pocos obstáculos, en un camino de rectificación, de subsanación constitucional de la vulneración flagrante de un derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna. La propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, dando cumplimiento a una de sus promesas electorales, ha sido refrendada por la mayoría de grupos menos las tres formaciones de la derecha (PP, Vox y 's) que han votado en contra. Se inicia así la senda para el cumplimiento de una de las principales reivindicaciones de los sindicatos que llevaban años reclamando la derogación de dicho artículo y respecto de la cual solo resta un corto trecho. Veremos.

Carmen Grau Pineda es profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) donde trabaja desde 1998. Cursó en la misma Universidad sus estudios de la Licenciatura en Derecho (1991-1996) y Doctorado (1996-1998) y su carrera académica como PDI comenzó como becaria FPU del MEC, pasando por toda la escala de figuras contractuales administrativas y laborales. En el año 2015 fue acreditada a Profesora Titular y en enero de 2018 puso posesión en esa categoría de funcionarios.

Tiene más de una treintena de publicaciones en editoriales y revistas especializadas en DTSS de reconocido prestigio, numerosas colaboraciones en obras colectivas, codirección y/o coordinación de otras tantas y ha participado en varios proyectos de investigación competitivos y subvencionados de forma continua desde 2005. En la actualidad es miembro del Laboratorio de Derecho Social de la UC3M e investigadora en el proyecto de investigación "Seminario Permanente de servicio doméstico" subvencionado por el Instituto de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.

Ha tenido la oportunidad de realizar estancias de investigación en universidades extranjeras (Burdeos (FR), Cagliari (IT) y Hull (RU), entre otras) y nacionales (Valencia y UC3M, entre otras). Y en el año 2020 ha recibido el Premio Nacional 8 Marzo de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, tercera convocatoria, entregado 05.03.2020 en el CES (Madrid) por un trabajo sobre los planes de igualdad.

Tiene reconocidos dos Sexenios de investigación por la ANECA (tramos de investigación) y es evaluadora de revistas como FEMERIS, Revista Multidisciplinar de Estudios de Género (UC3M), RIDETUR, Revista Internacional de Derecho del Turismo (UCO) y el Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH).