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Alarma en la segunda ola. Algo más que una cuestión de tiempo


"Una de las consecuencias del congelamiento de los derechos y libertades civiles, será el rechazo, no la aceptación, del autoritarismo". Sobre el estado de emergencia en su libro: ¿Ya es mañana? Cómo la pandemia cambiará el mundo. De Iván Krastev.

Frente a las ocho semanas de Casado, una contrapropuesta de cuatro meses del presidente Sánchez. Y que conste que no se trata del seguimiento de ningún embarazo, sino del tiempo de la futura prórroga del estado de alarma para hacer frente a la segunda ola de la pandemia.

Esa ha sido la respuesta del gobierno a preguntas del partido popular en la sesión semanal de control parlamentario. Una aproximación que, al parecer, no satisface la intención del PP de volver a probar fortuna para salvar el turismo en las vacaciones navideñas, junto a su obsesión por una legislación que eluda su tabú sobre la declaración del estado de alarma.

Porque lo esencial sería no volver a tropezar en la misma piedra. Si nos empecinamos en subordinar de nuevo el plazo de las medidas frente a la pandemia a la recuperación de las próximas fiestas y vacaciones, en este caso las navideñas, como es la intención del plazo propuesto por el partido popular, con el final del nuevo estado de alarma correremos el peligro de repetir otra vez la antigua desbandada y entonces volveremos a desperdiciar lo logrado, posiblemente con un saldo aún más trágico.

No hay más que recordar nuestros recientes errores, no para recrearnos en ellos, ni para buscar chivos expiatorios, sino para no volver a cometerlos. Nuestro exceso de confianza unido a una declaración de estado de alarma quincenal angustiosa, un mando único cuestionado y un final del confinamiento precipitado y desordenado. Luego, la euforia de una engañosa nueva normalidad para recaer al cabo de semanas en los brotes y la transmisión comunitaria. Todo por el intento fallido de salvar la temporada veraniega para el turismo nacional e internacional.

Un estado de alarma quincenal que ha resultado ser como los pasos de Semana Santa, lleno de patetismo y angustia ante cada prórroga, impidiendo la perspectiva necesaria a los responsables de salud pública y trasmitiendo a la ciudadanía una imagen de mensajes contradictorios y de división.

Un mando único que además del tradicional olvido de la salud pública y de las consecuencias de los recortes en sanidad, mostró la debilidad del aparato ministerial y la falta de coordinación y cohesión del sistema, tanto del sistema de información, como en particular de la contratación, frente a la envergadura de la pandemia y las competencias de gestión sanitaria y social de las comunidades autónomas, lo que dificultó el reparto de responsabilidades y la cooperación provocando una dinámica de malentendidos y la atribución mutua de culpas.

Pero, sobre todo, asistimos a un final precipitado y desordenado por la dificultad de lograr mayorías estables en el parlamento y la presión de los sectores económicos junto a la desafección progresiva de las fuerzas conservadoras, arrastradas por la estrategia de desestabilización de la extrema derecha.

Al final, ni salvamos la temporada veraniega ni logramos mantener contenida la pandemia. La primera ola y la segunda ola prácticamente se han fundido en una sola y prolongada marea pandémica que no ha permitido recuperarse al sistema económico ni tampoco al tensionado sistema sanitario.

Ahora, que con la segunda ola vuelven otra vez la trasmisión comunitaria y el desbordamiento de las medidas de contención, junto a la presión sobre los servicios sanitarios y sociales, se trata de volver a doblar la curva de contagios manteniendo el núcleo de la actividad económica y la educación presencial, sobre todo en sus primeros tramos, evitando tanto el confinamiento total como la aplicación de una inviable por su coste humano, de la llamada inmunidad de rebaño.

Por eso, el cuadro de mandos o semáforo de riesgos que ha desarrollado los indicadores y medidas de respuesta contempladas en el plan de respuesta temprana, de manera consensuada en el consejo interterritorial del SNS, es indisociable del estado de alarma como cobertura legal imprescindible para dar seguridad jurídica a las CCAA.

Un estado de alarma abierto, tanto en las medidas de confinamiento como en sus plazos y que, no por casualidad, deja la progresión de las medidas, de acuerdo a la evolución asimétrica de la situación epidemiológica, en manos de los presidentes de las CCAA y de sus servicios de salud pública.

Por eso, lo más contradictorio de la llamada cogobernanza, no es delegar la dirección del estado de alarma en los Presidentes de las CCAA que la han solicitado, sino que sus propios partidos mantengan la ambigüedad sobre el plazo y el control parlamentario, como si otra vez estuviéramos en el mando único, en las prórrogas quincenales y en las comparecencias periódicas propias de la primera ola.

Una fórmula acorde a una cultura federalista sería aprovechar esta oportunidad para que, sin perjuicio del control parlamentario, la aplicación concreta de este estado de alarma, además de por los parlamentos autonómicos, tuviese un marco de evaluación y puesta en común en la comisión de las Comunidades autónomas del Senado, con la presencia del gobierno y de los presidentes autonómicos. A la alemana.

Por otra parte, el PP y los nacionalistas deberían estar a estas horas de enhorabuena. A unos les da la razón en relación a la gestión autónoma de la pandemia y a los otros les permite seguir eludiendo su responsabilidad. Y a la derecha del PP en particular continuar con su relato sobre las supuestas carencias de la legislación de salud pública y del autoritarismo de la figura del estado de alarma.

El plan B del PP consiste en incorporar a la ley de medidas especiales un artículo de la ley del estado de alarma, para que no sea necesaria su activación. La duda es no solo su dudosa utilidad, sino si avanza en algo con respecto a la legislación actual y sobre todo su más que probable inconstitucionalidad.

La pregunta final es si los mismos que protestan tanto del estado de alarma como también de su delegación en las CCAA, aceptarían una ley orgánica de pandemias que cediera a las CCAA la capacidad de limitar derechos fundamentales por razones de salud pública. Creo que muy al contrario, la recurrirían al Tribunal Constitucional.

Médico de formación, fue Coordinador General de Izquierda Unida hasta 2008, diputado por Asturias y Madrid en las Cortes Generales de 2000 a 2015.