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El PP en una difícil encrucijada*


La COVID-19 está causando de nuevo una auténtica alarma en la población derivada del deterioro de la salud pública y de los considerables destrozos que está provocando en términos económicos y sociales. Todos los datos conocidos nos sitúan a la cabeza de la UE en cuanto a rebrotes y todo parece indicar que la desescalada se efectuó de manera precipitada y que las medidas relacionadas con la contratación de los rastreadores y las encaminadas a fortalecer la sanidad primaria y el sector de enfermería no se han aplicado.

Madrid destaca en todas las estadísticas publicadas: contagios, hospitalizaciones, fallecimientos… Además, se ha convertido en un ámbito geográfico de fuerte confrontación política, a pesar de las reuniones, al más alto nivel, celebradas entre Pedro Sánchez, Díaz Ayuso y sus equipos correspondientes, con la intención de cogobernar la Comunidad Autónoma con medidas consensuadas para combatir con mayor eficacia la COVID-19. Por el momento, no está siendo posible desarrollar pacíficamente los compromisos alcanzados en las reuniones celebradas, con el agravante de que una reciente resolución judicial no ayudó a restringir la movilidad de la población y, en definitiva, proteger a las persona y erradicar el virus, lo que obligó al Gobierno a decretar finalmente el Estado de Alarma.

La Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con una población de 6.747.425 de personas (INE, del año 2020) y con el 19,2% del PIB nacional. Se trata, por lo tanto, de una gran urbe, sede de la administración central del Estado, con un fuerte sector financiero y de servicios, un potente comercio e, incluso, un relevante sector industrial, lo que justifica plenamente el mantener un fuerte dispositivo de movilidad basado en el transporte público: tren (AVE y Cercanías), autobuses urbanos, metro y transporte aéreo. Esta gran aglomeración de personas en tránsito se produce todos los días y, desde luego, no hay que descartar que facilite la propagación del virus como han declarado muchos expertos, lo que aconseja aumentar, sin reservas ni demoras, la oferta de transporte público en las horas punta para garantizar el desplazamiento seguro de los trabajadores.

Debemos recordar también la gran influencia que tiene la movilidad de Madrid en otras CCAA, lo que hace necesario aplicar severas medidas de control de la población, a pesar de su repercusión negativa en la sostenibilidad de las empresas, sectores de producción, servicios y comercio en general. Esta circunstancia se esgrime por Díaz Ayuso (“Madrid no se puede cerrar, nos estamos arruinando”) como determinante para reducir el confinamiento, cuando todos hemos asumido que sin resolver los problemas relativos a la salud no es posible que supervivan las empresas, ni tampoco los sectores de producción y servicios que sustentan la economía en su conjunto.

Otro punto relevante, y que ha sido tratado ampliamente por diversos analistas, se refiere a la fuerte repercusión que han tenido las políticas de austeridad emanadas de la UE en los servicios públicos. En este sentido, la sanidad (particularmente la asistencia primaria) sufrió fuertes recortes, que afectaron al número de profesionales (médicos, enfermeras y trabajadores de mantenimiento y limpieza), a la protección individual, así como a las condiciones de trabajo, contratación y salarios. A lo que hay que añadir el fuerte estímulo ideológico a la privatización del Sistema de Salud, que ha presidido los últimos gobiernos del PP (sobre todo en el País Valenciano y Madrid).

Por último, un asunto no menos importante se refiere al componente político que tiene el enfrentamiento (choque de trenes) entre el Gobierno del Estado y el fallido Gobierno de la Comunidad madrileña. Díaz Ayuso, de acuerdo con la dirección del PP, ha sido desde el primer momento el martillo utilizado contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el camino emprendido por las derechas para desestabilizar al Gobierno de coalición. En cualquier caso, y al margen de la confrontación política, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no debe olvidar en estos momentos que lo primero es la salud: más médicos, más enfermeras, más protección de los sanitarios y, sobre todo, rastreadores (aún no se conoce su número) y asistencia primaria. Por eso, sobran banderas, llamamientos patrióticos, inauguraciones esperpénticas, políticas de cartón piedra alejadas de la realidad social (abuso irracional del marketing político) y, desde luego, politizar y judicializar la aplicación de las medidas para combatir la Pandemia.

Sin embargo, lo que está ocurriendo en Madrid, desde la moción de censura a Mariano Rajoy, no es una casualidad. Las derechas nunca han reconocido a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y mucho menos han aceptado el nombramiento de Pablo Iglesias como vicepresidente y, como consecuencia, todos los pasos dados hasta ahora por las derechas han tenido la finalidad de desprestigiar cualquier medida que haga posible que el actual Gobierno acabe la legislatura. Para defender esta actitud, ni siquiera han dudado en aprovechar las repercusiones negativas que pudiera tener la COVID-19 en el electorado (actitud auténticamente carroñera), utilizando falsedades, insultos, exabruptos y todo tipo de provocaciones.

Efectivamente, las derechas -con su estilo bronco y tabernario- están actuando al margen de lo que se puede considerar como una oposición constructiva, razonable y con sentido de Estado. Su política está basada- al margen de desprestigiar a Unidas Podemos (considerado como un partido “filocomunista”)-, en fomentar el populismo en torno al COVID-19, reducir impuestos y debilitar y privatizar los servicios públicos (sanidad y educación), aunque sea a costa de dimensionar los posibles errores del Gobierno, aumentar la polarización y la división de la sociedad, incrementar considerablemente las desigualdades y poner en riesgo la salud de las personas.

La actitud del PP ante los PGE-2021 es muy similar. Denuncia el coqueteo del Gobierno con los independentistas (algo que nadie quiere ni desea); sin embargo, se niega a facilitar el trámite parlamentario de su aprobación para canalizar y aplicar, entre otras medidas, las ayudas provenientes de la UE para combatir la crisis, avanzar en la reconstrucción del país y ayudar a las personas más vulnerables. Lo que resulta más grave es que tampoco dudan en apropiarse de la figura del rey en la confrontación partidaria (aprovechando una decisión sumamente discutible del Gobierno) y mucho menos en bloquear las instituciones del Estado, lo que representa un ataque directo al funcionamiento de nuestro sistema democrático. Sin olvidar su reiterado rechazo a hablar de la derogación de la reforma laboral, la sostenibilidad de las pensiones, el IMV y de constatar su falta de alternativas en relación con la digitalización, el cambio climático, la igualdad de género y el cambio de nuestro modelo productivo (valor añadido, productividad, investigación, cualificación…).

La última actuación del PP ha resultado particularmente infame e intolerable. A propuesta de Vox, y junto a Ciudadanos, ha apoyado una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para retirar los nombres de Francisco Largo Caballero y de Indalecio Prieto de las calles de la capital, invocando la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 (aprobada como rechazo a la 2ª Guerra Mundial iniciada por el nazismo) y el artículo 15 de la conocida como Ley de Memoria Histórica del año 2007, impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Una Ley que nace precisamente para todo lo contrario: restaurar la memoria de las personas asesinadas y represaliadas por la dictadura y denunciar y los horrendos crímenes franquistas.

Como es de sobra conocido, Largo Caballero e Indalecio Prieto se opusieron frontalmente, junto a otros muchos, al fascismo, al levantamiento militar, la Guerra Civil y la dictadura. Las consecuencias del golpe militar contra la legalidad republicana fueron terribles: asesinatos, cárcel, represión, clandestinidad y exilio. Incluso, Largo Caballero sufrió la detención de la Gestapo en Francia y terminó confinado en el campo de concentración Sachsenhausen-Orianenburg (Alemania), por su condición de secretario general de UGT, firme defensor de la II República, de la democracia, el socialismo y, por lo tanto, luchador infatigable contra el fascismo.

Fue, además, ministro de Trabajo (desde el año 1931 hasta 1933), promulgando la legislación social más progresista de la época, además de presidente del Gobierno y ministro de la guerra, junto al también ministro Indalecio Prieto, en plena guerra civil. Rodolfo Llopis (secretario general del PSOE en el exilio), con motivo de su muerte (23 de marzo de 1946), le rindió homenaje manifestando: “El proletariado español ha perdido al hombre más representativo de su clase”. Sin duda, su personalidad, y la de Indalecio Prieto, facilitarán la aprobación y aplicación de las medidas necesarias para restaurar la dignidad de ambos figuras. En todo caso, este breve resumen pone claramente de manifiesto la profunda ignorancia e irracionalidad de los concejales que aprobaron semejante atropello democrático en el Ayuntamiento de Madrid.

Los problemas del PP se agigantan porque, además de los graves hechos mencionados, Pablo Casado todavía es incapaz de responder con solvencia y credibilidad a la acusación de financiación ilegal, corrupción y presunta utilización de los fondos reservados del ministerio del interior. Hasta ahora, los máximos responsables (el barbas, el asturiano, la pequeñita, la rubia…) se han dedicado exclusivamente a defenderse y tapar sus vergüenzas. Por eso siguen siendo investigados- cuando menos de colaboración necesaria- y tendrán que responder de los hechos ante la ley. No es extraño que, en la actualidad, resulte difícil reflexionar a fondo en el seno del PP, sobre todo cuando algunas encuestas le sitúan claramente a la baja en beneficio de Vox. A pesar de ello, es imprescindible que lo haga, simplemente porque nuestra democracia necesita una oposición fuerte, responsable y con sentido de Estado. Sobre todo, en una situación extremadamente adversa como la nuestra. Ojalá lo consiga.

* En memoria de María Luisa (“Libertad”) Fernández Lafuente, infatigable luchadora por la libertad, la democracia y el socialismo.