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Salud y economía


Un jornalero murió trabajando en el campo, el patrón recogió el cuerpo y lo dejó en la puerta de un centro de salud. Lo leímos en los medios, pero la noticia, sin embargo, no era esa. La noticia fue que el magistrado responsable del caso ha considerado que ese “emprendedor agrario” se limitó a cometer una falta administrativa: no debió llevarse el cuerpo de donde se desplomó. Al parecer, la prosperidad económica pasa por admitir cierto grado de “riesgos para la salud” que pueden terminar siendo fatales. Hay que admitir este tipo de incidentes, y normalizar que la epidemia se lleve por delante a diario a casi tres centenares de personas ¿Es esto tolerable? ¿es ahí donde ha de estar nuestro nivel ético?

Esta decisión judicial nos lleva a una cuestión de fondo, el dilema entre vida (y salud) o economía. Supongo que se lo plantea el mismo tipo de personas que también cree que hay un conflicto entre la economía y el medio ambiente, pues en el fondo la preocupación por el entorno nace de la defensa de la salud y la vida.

Si profundizamos un poco en los razonamientos “pro-economía” descubriremos pronto que no hay una argumentación elaborada. Simplemente se plantea la evidencia de que el modelo económico se esta viendo afectado por la epidemia, y de que implementar medidas de restricción de la movilidad y contacto interpersonal afecta directamente a ciertas actividades económicas ¿tienen los empresarios que soportar esas pérdidas? Hacer una reflexión desde la ética es tentador, sobre todo teniendo en cuenta el sesgo de quienes lanzan esos mensajes. Sin embargo, es cierto que se está planteando un problema económico real. Procede una reflexión desde la Economía, para constatar si es cierto que hay que elegir.

Raro es el día en el que, ante la subida de los contagios, una autoridad publica no imponga restricciones, y el noticiero correspondiente añade los lamentos del sector hostelero local. Que las medidas de contención implican pérdidas económicas es evidente, así como el tipo de negocios en los que primero pensamos. Queda, sin embargo, para investigaciones económicas posteriores determinar el conjunto de actividades realmente afectadas, muchas de las cuales no son demasiado visibles, y las que simplemente están aprovechando el momento.

Ahora bien, ¿están reclamando los dolientes empresarios que la actividad continúe tal cual? Supongamos que sí, y que decidimos hacer como que no hay pandemia. No es un supuesto demasiado loco, porque de hecho es lo que trataron de hacer en Gran Bretaña y, a su estilo, lo que nos sugiere la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se trata de conseguir la inmunidad de rebaño, que consiste en dejar que la población se infecte libremente para que desarrolle protección de forma natural.

De hacerlo, el virus circularía libremente, y dado que es muy contagioso y tenemos una economía basada en las relaciones, niveles de afección como en Marzo y Abril serian incluso discretos. La consecuencia sería que el sistema sanitario colapsaría enseguida. La mortalidad se dispararía en todas las patologías, porque todos tendríamos miedo a acudir a los centros sanitarios. En ese contexto, el miedo al contagio se generalizaría, con lo que las actividades turísticas, comerciales y de servicios personales se paralizarían, así como las vinculadas con la relación social (hosteleras, deportivas, culturales, ...). Aunque con un poco de sentido común se puede intuir qué pasaría, sabemos lo que sucederá porque esta no es la primera epidemia que azota a la humanidad.

Los que pensamos así no estamos solos. A juicio de un grupo de 80 investigadores que acaban de publicar una carta abierta en “The Lancet”, la inmunidad de rebaño es “una falacia peligrosa sin evidencia científica”. Para estos investigadores, la ausencia de medidas de control aumentaría la mortalidad en toda la población, afectaría a la economía de forma irreversible, prolongaría la epidemia y colapsaría todos los sistemas sanitarios. Cabe añadir que la OMS calcula que el 1% de la población mundial (esto es, 77 millones de personas) moriría de seguirse con esa estrategia.

Dicho de otra forma, llegaríamos al mismo punto, pero con muchos muertos más y un sistema sanitario desbordado y sin capacidad de respuesta. Es probable que el resultado económico fuera peor, porque muchas empresas (sobre todo pequeñas) morirían realmente por falta de actividad, mientras que en el caso de un cierre por decreto se pueden implementar medidas de compensación y ayuda, como de hecho se esta haciendo. Por otra parte, la huella social y emocional del desastre perduraría durante décadas.

Así pues, no hay tal debate. La respuesta a la pregunta de antes es negativa, en la mayoría de casos lo que se busca es ganar posiciones negociadoras para obtener algún regalo fiscal, un comportamiento habitual en actividades con predominio de grandes empresas, que buscarán la forma de mantener sus tasas de beneficio. Eso no quiere decir que no haya otros intereses de corto plazo en alentar esas posiciones, e incluso aparezcan posturas negacionistas, que son materia de la psiquiatría y disciplinas científicas aledañas.

Los principales interesados en manifestar un conflicto entre salud y economía son quienes están viendo desaparecer sus beneficios. Son quienes tienen intereses mejor organizados, y tienen también más capacidad para hacerlos valer. Y se busca generar un dilema donde no lo hay como una cortina de humo, porque lo que nos está diciendo esta pandemia es por donde no debemos seguir. Sostener que no hay alternativas es otra falacia: las hay, pero son actividades que no generan beneficios extraordinarios, o no están en manos de quienes ahora los obtienen. Seguimos pensando que esto es un evento extraordinario y no lo es. Es la consecuencia del funcionamiento del actual modelo socioeconómico, que nos plantea una disyuntiva cuando necesitamos las dos cosas, salud y economía.

Nacido en 1967, es economista desde 1990 por la Universidad Complutense. En 1991 se especializó en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la Politécnica de Valencia, y en 1992 en Transportes Terrestres por la Complutense, empezando a trabajar en temas territoriales, fundamentalmente como profesional independiente contratado por empresas de ingeniería.

Ha realizado planeamiento urbanístico, planificación territorial, y evaluación de impacto ambiental. En 2000 empezó a trabajar en temas de desarrollo rural, y desde 2009 en cuestiones de políticas locales de cambio climático y transición con su participación en el proyecto de la Fundación Ciudad de la Energía (en Ponferrada, León).

En 2012 regresó a Madrid, hasta que, en diciembre pasado, previa oposición, ingresó en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el Servicio de Análisis Económico.