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El nacional-catolicismo, enemigo mortal de la democracia

El pasado viernes el gobierno aprobó el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que prohibirá la apología del fascismo en todas sus expresiones y posibilitará la recuperación de los restos de los miles de desaparecidos que todavía yacen en cunetas, descampados y tapias de cementerio para vergüenza y dolor de toda persona bien nacida. Sin embargo, al poco de conocerse los detalles de la nueva ley, los hijos de la dictadura, quienes tienen idealizado el horror franquista por proximidades afectivas, intereses económicos o disfunciones cognitivas, comenzaron a bramar contra ella aduciendo que se trata de una norma revanchista, una mengua a la libertad de expresión o el regreso al “guerracivilismo”, palabro muy de moda entre los sectarios que llaman sectarios a los demás por cualquier motivo. Aducen los más morigerados de entre los herederos que no es momento para leyes de ese tipo, que España y los españoles tienen otros problemas mucho más graves y perentorios. Y es verdad, entre ellos tener una derecha de ideología ultra incapaz de colaborar en la reconstrucción del país en tiempos tan graves y duros como estos en los que están muriendo muchas personas y otras muchísimas pueden quedar en situaciones próximas a la indigencia. Una derecha así no la merece nadie, ni siquiera un país tan dañino como Estados Unidos, que de la mano de su nuevo Hitler amenaza al mundo, tal como decía Chomsky hace unos días, con dos peligros de difícil reparación: La guerra nuclear y la exacerbación del cambio climático.

En España hubo una guerra civil, una guerra parecida a las carlistas pero que terminó con el triunfo de los partidarios del antiguo régimen, es decir del privilegio, de la justicia de clase, de la tradición peor entendida, la corrupción, el abuso, la represión y la vulgaridad más ramplona y pueril. Entre 1935 y 1936 fueron asesinadas en España por causas atribuibles a sus ideas menos personas que en Francia, Italia, Reino Unido, Alemania o Bélgica, y tal como se desprende de la lectura de la prensa de la época -salvo que uno se guíe únicamente por las Hojas parroquiales, ABC, El Siglo Futuro o El Debate- no existía en la población una sensación de inseguridad mayor que la habida durante los años de reinado de Alfonso XIII. Nadie se rebeló contra el monarca cuando sucedió el Desastre de Annual que costó la vida a más de diez mil soldados de reemplazo -claro, los ricos pagaban una cuota y se libraban de ir a África-, ni los militares, ni Juan March, ni Cambó, ni Ramón Carranza, ni La Cierva, ni Calvo Sotelo, ni la Iglesia católica, que permanecieron calladitos y fieles al régimen al que debían vidas, haciendas y regalías.

Sucedió en 1931 que la instauración de la República rompía las relaciones de poder heredadas del absolutismo y confirmadas tras un siglo XIX plagado de pronunciamientos que no fueron capaces de consolidar un régimen verdaderamente constitucional y sí, por el contrario, la mistificación del mismo que fue la Restauración de Pavía, Serrano, Martínez Campos, Cánovas del Castillo, Sagasta, Romero Robledo y Maura, por citar sólo a algunos de sus nombres más representativos.

La Segunda República fue un régimen moderado que intentó poner en marcha las reformas que se reclamaban desde los tiempos de la Ilustración: Educar al pueblo, establecer unas condiciones de trabajo dignas, reconocer la personalidad de los distintos territorios, reformar la agricultura para hacerla más productiva y más cercana a quienes la trabajaban, disminuir el poder de la Iglesia que impregnaba todos los ámbitos de la vida y dinamizar la economía mediante el aminoramiento de los aranceles y la promoción de la obra pública. No había ningún proyecto bolchevique ni siquiera que pusiese en peligro a los grandes propietarios, financieros o industriales. Se trataba únicamente de impulsar cambios que partían del regeneracionismo y que funcionaban perfectamente desde principios de siglo en la Francia de la III República. El 17 de julio de 1936 ni el comunismo tenía peso alguno en España ni la masonería regía los destinos del país ni los judíos se comían a los niños mientras escuchaban oraciones del Talmud. España vivía las convulsiones propias de un país atrasado por el gobierno secular de la incompetencia y el nepotismo, la explotación y el hambre y los efectos de la Gran Depresión de 1929, nada que curas y militares pudiesen arreglar según los conocimientos derivados de su oficio y dedicación.

En julio de 1936 se rebelaron contra el Gobierno constitucional los representantes del Antiguo Régimen para instaurar uno todavía más viejo y cruel, utilizando para ello al ejército africanista que usaría contra el pueblo durante la contienda y la posguerra las prácticas salvajes ejecutadas en el Protectorado español en Marruecos. Quienes incendiaron España en vez de protegerla según el ordenamiento constitucional y las órdenes del gobierno legítimo son los responsables de todas las muertes habidas entre ese mes y 1978, año de la promulgación de la actual Carta Magna. Nunca, en ningún caso, el Gobierno constitucional que por todos los medios a su alcance quiso evitar que nadie se tomase la “justicia” por su mano, cosa enormemente difícil cuando se habían rebelado los encargados de mantener el orden y las bajas pasiones campaban a sus anchas. Mientras el mando unificado nacional-católico empujaba a sus huestes a pasar por las armas al mayor número de rojos; el Gobierno republicano no dejó ni un sólo día de dictar normas y hacer campañas para evitar las represalias en su retaguardia. Quienes incendian el bosque directamente o quienes pagan a los pirómanos son los únicos responsables de su destrucción. Después todo es desolación salvo para el que se lleva la madera o monta una urbanización. Eso fue el franquismo.

Lo lógico y normal en una democracia es que la apología del fascismo, sea cual fuere su presentación o formato, esté prohibida tajantemente. La versión española del fascismo, esa mezcla horrenda de carlismo, tradicionalismo, nepotismo, corporativismo, machismo, patanería, terror, coplas, toros, uniformes y sotanas, nos separó de Europa justo en el momento en que más necesitábamos ser europeos. Después de la II Guerra Mundial España se conformó como un país subsidiario que sobrevivió gracias a las industrias sobrantes que instalaron el país diversas multinacionales, al incipiente turismo y a las remesas de los emigrantes. En ningún caso seguimos los pasos de la reconstrucción europea basada en la industria, las infraestructuras, la ampliación de servicios públicos, el fortalecimiento de los derechos y libertades y la democratización de las decisiones. España era un país nacional-católico guiado por militares y acólitos del Opus Dei, un país chapeto, lleno, en palabras de Max Aub, de Gallinas Ciegas que picoteaban sobre un suelo lleno de cadáveres y dolor. Es hora ya de que nos pongamos en paz con el pasado, también de que tomemos las decisiones legales necesarias para que las fuerzas de la antigüedad no marquen de nuevo nuestro futuro.

Pedro L. Angosto, nacido en Carabaca en 1960, obtuvo el Grado de Licenciatura en la Universidad Autónoma de Madrid en 1984. Doctor en Historia por la Universidad de Alicante gracias a una Tesis sobre el político y escritor Carlos Esplá dirigida por el profesor Emilio La Parra, ha publicado unos quince libros de historia del siglo XX español y colaborado en numerosos periódicos y revistas. Es director científico del Archivo Carlos Esplá de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.