La convocatoria de elecciones anticipadas al 29 de noviembre de este mismo año nos deja un panorama desolador. El desgaste del gobierno progresista y la fragmentación de la izquierda de cara a las generales dejan la puerta abierta a un (bastante) posible gobierno de derecha liderado por el Partido Popular, que en el peor y más probable de los casos se deberá apoyar en la formación liderada por Santiago Abascal.
Y es que aquello de “el auge de la ultraderecha” no debe ser entendido como una mera advertencia (con ciertos tintes amenazantes) del progresismo para movilizar al electorado. La llegada de la ultraderecha al Gobierno central y la instauración del pensamiento reaccionario en buena parte de la sociedad constituyen una amenaza clara para el sistema democrático y para la sociedad española en sí. Un breve repaso a los hechos recientes nos serviría para comprobar esto.
Uno de los mayores ejemplos del carácter antidemocrático de las derechas es el cuestionamiento constante del proceso democrático. No había sido publicada aún la convocatoria de elecciones en el BOE y ya surgían voces dentro del Partido Popular y de VOX cuestionando el sistema electoral (especialmente el voto por correo) y agitando el miedo al “pucherazo”. Poner en duda la limpieza de las urnas es un ataque directo contra la legitimidad democrática, lo que implica a su vez la negación de la voluntad popular expresada mediante las elecciones. Más allá de esto, la derecha ha conseguido corromper el proceso electoral de forma directa al plantear ante el Tribunal Supremo la suspensión del derecho al voto de miles de ciudadanos españoles nacionalizados mediante la Ley de Nietos (una norma que incluso el propio Feijóo defendió en el pasado).
Esta estrategia se complementa a través de la alta influencia que ejerce la derecha sobre los medios de comunicación, así como por el uso activo e intensivo que hacen de pseudomedios. Esto preocupa bastante, ya que el objetivo de ello es socavar la independencia y la veracidad informativa con el objetivo de establecer en la conciencia colectiva un mensaje reaccionario y polarizador. Y este mensaje ya ha calado en buena parte de la población, especialmente en los más jóvenes. Muestra de esto son los recientes ataques de grupos de extrema derecha contra la acampada pacífica por la vivienda que está teniendo lugar en la Puerta del Sol. En este caso, jóvenes afines a VOX, junto a otras organizaciones ultras y grupos neonazis, acudieron al centro de la capital con el objetivo de increpar a los manifestantes, amenazarlos y tratar de expulsarlos por la fuerza al grito de “Pedro Sánchez, hijo de puta” o “rojo que veo, rojo que pateo”, mientras realizaban saludos fascistas o portaban insignias franquistas y falangistas.
A esto debemos sumarle que la agenda política de VOX se posiciona de forma explícita en contra de varios grupos minoritarios, como el colectivo LGBT+, y de forma especialmente dura en contra de los inmigrantes, a los cuales tacha de invasores y acusa de causar inseguridad en nuestras ciudades. Asimismo, el repudio que gran parte de la derecha muestra hacia otras posturas políticas (grupos feministas, comunistas o progresistas, por ejemplo) y la negación de la violencia de género conforman un ataque contra cualquier mínimo democrático.
Todo ello se traduce en una serie de políticas públicas llevadas a cabo allí donde gobiernan: desde la censura (sí, esa misma que según ellos ejerce el gobierno socialista) de obras culturales que abordan la diversidad o determinadas problemáticas sociales o la supresión de áreas de igualdad y protección de los derechos humanos, hasta la derogación de leyes que velan por los derechos de las minorías o el veto a una educación plural y en valores. A esto se suman los recortes que ya realiza el Partido Popular en protección medioambiental, educación, sanidad y ayudas públicas que permiten a gran parte de la población estudiar en la universidad, tener una vivienda digna, organizarse en asociaciones y sindicatos o simplemente llegar a fin de mes (lo cual nos demuestra que su prioridad nacional es un tanto selectiva). Un inmenso programa de retroceso social que (por supuesto) luego no encontramos ni en su propaganda ni en sus campañas.
Llegados a este punto, resulta necesario reconocer el evidente desgaste del gobierno de Pedro Sánchez. Es comprensible, por tanto, que parte del electorado de izquierdas se sienta profundamente decepcionado por la situación política actual y porque, quizás, este gobierno no haya cumplido con todas sus expectativas (aun sabiendo que se encontraba en minoría parlamentaria y que se veía condicionado por negociaciones con sectores de centroderecha, como Junts, el PNV y Coalición Canaria). Y sin embargo, la apatía no puede traducirse en abstención.
En este momento histórico, el no votar no supone un castigo al gobierno, sino a la sociedad española en su totalidad. Abstenerse en este punto es entregar las instituciones a la derecha reaccionaria, con todo lo que esto conllevaría. Ante esta amenaza, la izquierda tiene el deber de movilizarse de forma masiva para frenar a la derecha, a la miseria y al retroceso a través de las urnas, garantizando cuatro años más de progresos y avances para todos.
