El derecho a saber

¿Estamos ante un tema baladí, alimentado por la carrera de los medios para intentar localizar al personaje, y con ello aligerar la intensa tensión que nos genera la epidemia cada vez que accedemos a las noticias?

No creemos que sea así, sino que estamos ante una cuestión que, efectivamente, estaría por detrás, ahora mismo, de lo que más nos acucia, pero que es reflejo de un problema más estructural que coyuntural.

Es verdad que estamos hablando de una figura que, efectivamente, ya no ostenta ningún cargo en el sistema político español, sino un título honorífico de nuevo cuño, por lo que parecería, en principio, un abuso exigir que se nos dijera donde está. Pero esto no es tan fácil. En primer lugar, cuenta con un pasaporte diplomático, sigue aforado, debe ser protegido a cuenta del dinero público, no ha renunciado a sus derechos dinásticos, y pertenece, lógicamente a la Casa Real, por lo que estamos hablando de una figura especial, única, y sin referentes, no de un ciudadano exclusivamente privado.

Pero hay más que el paradero, y que confirma que todo parece un misterio: las conversaciones de unos y otros sobre qué hacer con Juan Carlos I, y quién tomó la decisión de que el rey emérito se fuera. Nadie da cuenta de todo esto a los españoles que, recordemos, son los titulares, en su conjunto, de la soberanía popular, y ninguna institución está por encima de la misma. ¿No existe rendición de cuentas en relación con todo lo que afecta a la Casa Real?

Esto que está ocurriendo es fruto de un vacío legal, que terminó por salir a la luz a raíz de lo imprevistos de la vida en forma accidente en una cacería en África, en plena crisis económica. Los medios tan opacos hasta entonces comenzaron a abrir los ojos, se pusieran a buscar, y, al final, encontraron escándalos, y en un abrir y cerrar de ojos se terminó el tabú y el halo “semisagrado” se esfumó. Tiene que haber pasado todo esto para comprobar cómo en nuestro país habría que haber legislado más sobre la Jefatura del Estado, especialmente en relación con el control de dicha institución y su Casa adyacente, y haber previsto que podría haber reyes que dejaran de reinar sin tener que fallecer.

Los ciudadanos de este país, por lo tanto, tienen derecho a saber.