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La derecha y la legitimidad de los gobiernos de izquierda

Antes de entrar en el objeto de este artículo un poco de ciencia política:

La legitimidad define la cualidad que tiene un poder o sistema político para que su autoridad emane del consenso social articulado en un compromiso tácito entre los que gobiernan y los gobernados, sin tener que recurrir a la coacción o amenaza de la fuerza. El concepto nació en plena época de la Restauración después de la derrota de Napoleón. En ese momento histórico se vinculaba a la necesidad de devolver el poder a los monarcas absolutos, por lo que se declaraban ilegítimos los sistemas políticos sustentados en la soberanía nacional, fruto de las primeras revoluciones. Posteriormente, Max Weber estudió el concepto de la legitimidad y consideró que había tres tipos. La primera era la establecida con la Restauración, como hemos visto. La segunda era la carismática, y se daría en los sistemas políticos donde los gobernados se entregarían a una persona por sus capacidades excepcionales. La tercera legitimidad sería la que calificaba de racional. Esta legitimidad se basaría en motivaciones objetivas o impersonales, en la legalidad. El positivismo estableció la diferencia entre legitimidad y legalidad. La primera era previa y la segunda era el único concepto capaz de ofrecer criterios racionales y científicos. La principal garantía de la legalidad sería que contara con el requisito moral de la legitimidad. En la actualidad, evidentemente, la legitimidad estaría ligada a los sistemas democráticos con un escrupuloso respeto a los procedimientos para alcanzar el poder y para ejercerlo. La legalidad existiría en sistemas dictatoriales, como en la dictadura, pero éstos serían ilegítimos, precisamente por su origen, fruto de la violencia y por su forma de ejercer el poder, que no es democrática.

En vista de los argumentos expuestos, evidentemente, nuestro sistema político es legítimo porque se trataría de una democracia, por las formas de acceder al poder y de ejercerlo pero, no cabe duda que existe un problema grave que planteamos. Desde comienzos de los años noventa del pasado siglo se ha instalado en España una forma de ejercer la política, especialmente cuando se está en la oposición, y cuyo autor es Aznar, después de arrumbar el discurso lastrado por el pasado de Fraga, que se basa en que los gobiernos de izquierdas de este país, ya sean monocolores del PSOE o con la novedad de coalición con Podemos, son ilegítimos, a pesar de haber sido todos y cada uno de ellos elegidos por el Congreso de los Diputados, cuyos miembros, a su vez, habrían sido elegidos por los ciudadanos en elecciones generales. La derecha considera un monopolio exclusivo el ejercicio del poder, con resabios antiguos. Gracias a la labor concentradora de fuerzas ejercida por Aznar, y su incontestable liderazgo, dicho concepto se remozó, empleando formas y lenguajes agresivos en declaraciones, medios de información y redes sociales, además de movilizar a los suyos intensamente en las calles.

La derecha española, liderada o tutelada por Aznar, ha establecido distintos criterios para señalar que esos gobiernos, en función de las cambiantes circunstancias políticas en España, son ilegítimos y, por lo tanto, susceptibles de ser arrojados del poder empleando la dureza, la agresividad, y la demolición mediática del contrincante, siendo más importantes estos medios que el propio debate ideológico. Repasemos dichos criterios:

1. La ilegitimidad de los gobiernos finales de Felipe González: la corrupción, los GAL, y llevar una década larga al frente de los destinos eran motivos suficientes para considerar que González debía dejar el poder inmediatamente, arremetiendo con una dureza que dejaba los discursos apocalípticos de Fraga en una anécdota. Costó conseguir expulsar a los socialistas, ya que en el primer intento se fracasó, lográndose casi in extremis en 1996. Pero, en todo caso, los argumentos en este momento calaron porque era evidente que partían de hechos que eran difícilmente defendibles por la izquierda. El desgaste del poder del PSOE era una evidencia. Pero el ataque sobre la legitimidad para ejercer el poder por parte de la izquierda llegó a su cenit años después. En todo caso, vimos esa forma de hacer política, estando en el gobierno, cuando Aznar vio que el asunto de la guerra minaba su gobierno, por lo que se pusieron todos los medios para despreciar a los “progres” por las manifestaciones contra la guerra, y convirtiendo a actores y actrices, entre otros colectivos, en verdaderos ogros antiespañoles.

2. La ilegitimidad de Zapatero. Como decíamos al final del punto anterior, se llegó el cenit del discurso de odio, La derecha creía que ganaría cómodamente para completar una larga década de ejercicio de poder y sepultar la década socialista en un mal recuerdo. Se nombró al sucesor y todo parecía allanado, con una campaña de bajísima intensidad, de comodidad y relajo. Pero la vida política es impredecible, y pasó lo que pasó, aunque también es cierto que esa supuesta carrera hacia la revalidación del título tampoco estaba tan clara. El terremoto que supuso la victoria de Zapatero generó espanto, asco y furia porque se interpretó como un robo mayúsculo, y para ello nada mejor que resucitar y remozar el viejo discurso de la conspiración. Viejo porque sus principales protagonistas eran los “malos españoles” de siempre, y nuevo porque ahora había agentes externos que no eran judíos ni comunistas soviéticos, como los de antaño. La derecha política y mediática se lanzó en tromba, día a día, a intentar deslegitimar al gobierno Zapatero, aunque para ello se despreciara el voto de millones de españoles y españolas en dos elecciones. El asunto del terrorismo de ETA fue empleado constantemente con movilizaciones y con mucha agresividad, así como el de la Educación para la Ciudadanía, etc.

La crisis brutal terminó con la experiencia socialista, pero lo peor de todo es que el discurso del odio, del desprecio al contrincante político e ideológico se había instalado ya como un virus que, ante la victoria de Rajoy, pareció, eso sí, quedarse incubando, a la espera de que nuevos acontecimientos hicieran necesario que se reactivara. Durante los gobiernos de Rajoy la carga viral estaba como controlada con mayorías absolutas, porque la izquierda estaba muy débil, y porque Aznar descansó un poco, a pesar de que no se fiaba mucho de la derecha gobernante por parecer un poco floja, o ñoña. ¡Ay!, pero la ciénaga de la corrupción provocó lo que no habíamos visto nunca en nuestra democracia: una moción de censura que prosperaba. La carga viral comenzaba a activarse, aunque con un ínterin, provocado porque el PP parecía un barco a la deriva.

3. La ilegitimidad de Sánchez. Si decíamos que el cenit de la deslegitimación parecía haber llegado contra Zapatero, la nueva situación política ha llevado a superar una nueva cumbre porque Sánchez acumula dos terribles pecados, y novedosos en relación con González y Zapatero. En primer lugar, porque alcanzó el poder por esa moción de censura aludida, algo supuestamente intolerable, aunque este procedimiento esté reflejado escrupulosamente en nuestro ordenamiento constitucional (y empleado por la derecha en distintos ámbitos de las tres Administraciones), y, sobre todo, porque ha metido en el Gobierno a los “comunistas”. La virulencia del discurso se dispara, y se entra, además, en una competición entre las distintas derechas, al surgir en solitario la más extrema, aunque, también es cierto que, derribado el político más narcisista de nuestro presente, la formación que lideró ha comenzado a desbancarse de este discurso de la ilegitimidad. El odio que hemos visto crecer en el Congreso, en las redes y en un barrio acomodado de la capital ha llegado a un punto casi insostenible.

Al parecer, es necesario un mayor ejercicio de pedagogía política para hacer entender que la crítica, intensa, extensa y profunda no debe llevar al desprecio del contrincante, y no debe cuestionar bajo ningún concepto la legitimidad que tienen los gobiernos de este país, al menos desde el que se formó después de las elecciones generales a Cortes Constituyentes de 1977. Los anteriores, desde los que se nombraron en Burgos hasta esa fecha eran legales, claro está, pero no legítimos. Contra ellos hubo españoles que lucharon intensamente, o ejercieron una resistencia pasiva. Claro, eran demócratas.

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.