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Madrid y la Responsabilidad Fiscal


El gobierno acaba de anunciar la dotación de un fondo extraordinario para las Comunidades Autónomas, con la finalidad de apoyar la financiación de los gastos extraordinarios debidos a la emergencia sanitaria, así como la previsible caída de recaudación fiscal. Cabe recordar que antes de que este apoyo financiero se configurase ya había propuestas interesantes encima de la mesa. Una en concreto me pareció sumamente acertada, pues reclamaba que se tuviera en cuenta, entre otras cosas, la responsabilidad fiscal de cada Comunidad Autónoma. Una reclamación más que pertinente visto el comportamiento pasado y presente de la Comunidad de Madrid.

Madrid es la Comunidad Autónoma más rica de España. Si acudimos a las fuentes de referencia en la materia, el INE, la AIRF y el Ministerio de Hacienda, podremos apreciar como la Comunidad de Madrid es en efecto la región española con mayor PIB por habitante (35.041€ corrientes en 2018), seguida por País Vasco (33.223€), Navarra (31.389€) y Cataluña (30.426€). Es además la tercera más poblada, solo por detrás de Andalucía y Cataluña.

Con esta base, y tras décadas de hegemonía de la derecha en el gobierno, cabría esperar que las cuentas regionales cumplieran escrupulosamente los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y por tanto estuvieran saneadas. Sin embargo, la realidad es bastante diferente. Para conocer en detalle el desempeño de las Administraciones Públicas en este terreno, tenemos a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIRF, que entre otras cosas saca unos gráficos estupendos que son los que ilustran estas palabras, y que permiten recorrer la trayectoria de las variables financieras. Yo he extraído las principales, deuda y déficit, ambas como porcentaje del PIB regional. Al cierre de 2019 la deuda madrileña era el 14,2% del PIB, ligeramente por encima del limite de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. De hecho, ha venido creciendo desde 2007, y solo desde 2017 parece razonablemente estabilizada. Vascos y navarros siguen trayectorias parecidas, y solo Cataluña muestra una situación realmente grave, como podemos apreciar en el primer gráfico.

Por lo que respecta al déficit las diferencias son mayores. Todas las Comunidades sufrieron un fuerte impacto en 2008-09, pero País Vasco y Navarra han enderezado sus déficits, que nunca superaron el 3% del PIB (en el caso navarro ni el 1%), y ahora presentan cuentas superavitarias. El dato de la AIRF es sobre las cuentas liquidadas, esto es, sobre lo que realmente se ha gastado, por lo que los ejercicios de 2020 y 2021 son proyecciones. Y para que tengamos en mente unos órdenes de magnitud adecuados, cabe recordar que la Comunidad de Madrid cerró sus cuentas de 2019 en unos 20.000 millones de euros, Cataluña en 25.000 millones, País Vasco en 12.000 millones y Navarra en 4.300 millones.

Y ahora procede relacionar ambos gráficos. El déficit nos informa de la cantidad de gasto que no está cubierto por ingreso, por lo que habrá que pedir prestado. Por ello, el déficit de hoy es la deuda de mañana. Esto no es automático, pues el crecimiento de la actividad económica debido al déficit se traducirá en el PIB y en mayores ingresos fiscales el año siguiente y sucesivos, razón por la cual la deuda como porcentaje del PIB podría reducirse. Como sabemos que entre 2009 y 2014 no fue así porque la economía estaba parada o en recesión, podemos asumir que el traslado de déficit a deuda es casi mecánico. Y es aquí cuando entra en juego la política económica de cada gobierno regional. Navarra y País Vasco han empleado deuda para sostener el déficit, y conforme las cuentas publicas han ido mejorando han comenzado a reducirla. En Madrid y Cataluña no ha pasado nada de eso. En 2007, cuando las cosas iban bien, País Vasco y Navarra presentaban cuentas con superávit y una ratio de deuda bajo; Madrid y Cataluña ya tenían déficits corrientes y una ratio de deuda más alta. El shock afectó a las cuatro regiones, pero desde 2009 Madrid y Cataluña no consiguen enderezar sus cuentas. El caso catalán suma un conjunto de problemas que desborda este pequeño análisis, así que vayamos a Madrid. La liquidación de 2011 dejó las cuentas de la región con un déficit de 5% del PIB y la deuda superó el 10% del PIB, y creciendo. Solo a partir de 2015 se aprecia una tendencia a la estabilización de la deuda (que había superado el 14% sobre el PIB) y la reducción del déficit (que estaba en el entorno del 5%).

Recordemos un poco el contexto: desde 2014 el PIB recuperó su ritmo de crecimiento en toda España, aunque en 2013 ya lo hacía en Madrid. Como crecía la economía, también debería la recaudación fiscal, con lo que en teoría puedes reducir el déficit y, en consecuencia, la deuda. Además, como la deuda se mide en relación con el PIB, si este crece la ratio disminuye, aunque no la reduzcamos. Fue de hecho la estrategia vasca y navarra manteniendo el gasto para dinamizar el crecimiento, lo que reducía la carga de la deuda siempre y cuando los ingresos estuvieran aumentando. En Madrid, sin embargo, no estábamos para finezas. Desde 2013 el PIB madrileño crecía, lo que hizo que la deuda no se disparase a pesar de que el déficit era muy considerable, y motivo de desencuentros entre Esperanza Aguirre primero, e Ignacio González después, con el Ministro Montoro por incumplir la ley de Estabilidad Presupuestaria. ¿Por qué no nos iba tan bien como a vascos y navarros? ¿Qué estaba pasando? Dejando al margen el destino del gasto, que merece un libro, voy a centrarme en los ingresos.

Desde que Esperanza Aguirre llega al gobierno madrileño la política fiscal regional se ha centrado en una sistemática reducción de la carga fiscal de las rentas más altas. Esto se ha hecho de manera sutil a través del IRPF, con deducciones en cuota que sólo pueden practicarse algunos; de manera menos sutil en los impuestos de sucesiones y donaciones, o de manera absolutamente descarada y burda con el impuesto sobre el patrimonio, en el que todos los madrileños gozamos de una deducción regional del 100% en la cuota. Este último caso es especialmente significativo, porque las estadísticas del Ministerio de Hacienda permiten comparar entre las diferentes Comunidades Autónomas, y saber cuanto se hubiera ingresado si no hubiera deducciones. No seré demasiado exhaustivo con las cifras, lo mejor es una visita a la web del ministerio, pero algunas hay que aportar.

En el último ejercicio fiscal del que hay información detallada, el de 2017, nos encontramos algunos datos interesantes: el 8,77% de los declarantes con bases liquidables positivas eran residentes en Madrid, pero la suma de sus bases suponía el 35,01% de la base liquidable del impuesto en toda España. Una vez calculadas las cuotas íntegras, las madrileñas suponían el 44,50% del total. Ese año se recaudó en España por este impuesto 1.112 millones de euros, pero en la Comunidad de Madrid, como ya he dicho, hay una deducción del 100%, así que la región no ingresa nada. Si lo hiciera, la recaudación regional sería de 995,59 millones y por tanto la nacional crecería un 89,53%.

Nótese que la Comunidad de Madrid supone en torno al 14% de la población española, pero sólo supone el 8,77% de los declarantes con bases liquidables positivas en este impuesto. Ahora bien, esos poseen el 35,01% de la base; el grado de concentración es muy notable. La pregunta pertinente ahora es cuanto patrimonio hay que tener para estar ahí. Respuesta: la base liquidable media en la Comunidad de Madrid es de 5,46 millones de euros (la media española es de 1,37). Por cierto, la base liquidable es patrimonio neto (a los activos hay que deducirlas las cargas que reduzcan su valor, o las deudas), la vivienda habitual permite descontar 300.000€ y los primeros 700.000€ están exentos, por lo que la deducción que afecta a todos los madrileños es sólo relevante para aquellos que tengan un patrimonio neto superior a un millón de euros.

Así pues, no es una leyenda urbana: solo los ricos pagan el impuesto del patrimonio, y las políticas del PP han convertido a Madrid en una especie de paraíso fiscal interior. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó al gobierno regional prometiendo la mayor bajada de impuestos de la historia, y se ha encontrado en una “tormenta perfecta” en la que no tiene margen para más endeudamiento justo en el momento en el que sus ingresos van a caer en picado. Sin un expreso cambio en las políticas del Ministerio de Hacienda, la aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria (limites de deuda y déficit, regla de gasto) conduce inexorablemente a un plan de ajuste.

Ya a comienzo del año empezaron los mensajes en torno a la imposibilidad de más rebajas fiscales, y lo cierto es que ni siquiera se han presentado presupuestos este año. Ante la evidencia de no tener recursos, el gobierno de Díaz Ayuso tiró de imaginación y pidió donaciones. El resultado de esta campaña no estuvo mal para ser beneficencia (se superaron los 16 millones), pero no tiene mas recorrido que el marketing cuando las necesidades de financiación son de cientos de millones.

El gobierno central viene ahora al rescate, pero los problemas no son coyunturales. No es solo que las políticas regionales hayan sido y continúen siendo contrarias al servicio público, y que no se estén tomando medidas de ningún tipo para que esto cambie, es que mientras no se cambie la política fiscal regional no será posible alterarlas. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que tantos dolores de cabeza ha dado a responsables de Hacienda, alcaldes y presidentes, con tener un sesgo claramente de derechas y muy dogmático, establece algunas cosas sensatas, una de ellas el Principio de Lealtad Institucional: cada Administración debe valorar el impacto de sus acciones sobre el resto de las Administraciones Públicas. Es el momento de aplicarlo, al menos por lo que respecta a la Comunidad de Madrid.

Nacido en 1967, es economista desde 1990 por la Universidad Complutense. En 1991 se especializó en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la Politécnica de Valencia, y en 1992 en Transportes Terrestres por la Complutense, empezando a trabajar en temas territoriales, fundamentalmente como profesional independiente contratado por empresas de ingeniería.

Ha realizado planeamiento urbanístico, planificación territorial, y evaluación de impacto ambiental. En 2000 empezó a trabajar en temas de desarrollo rural, y desde 2009 en cuestiones de políticas locales de cambio climático y transición con su participación en el proyecto de la Fundación Ciudad de la Energía (en Ponferrada, León).

En 2012 regresó a Madrid, hasta que, en diciembre pasado, previa oposición, ingresó en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el Servicio de Análisis Económico.