Ayuso vuelve a privatizar la sanidad madrileña

Pero las alarmas han vuelto a sonar en la Comunidad de Madrid, acalladas por los golpes de cacerolas, la estrategia crispadora de la derecha y el falso y preocupante informe elaborado por la Guardia Civil. Mientras España estaba atenta al cese de un coronel, cargo de confianza del ministro de Interior, la presidenta de la Comunidad de Madrid explicaba con sordina la nueva privatización sanitaria con epicentro en el Hospital del Niño Jesús, referente sanitario infantil en la región y en España. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se saltan a la torera la decisión del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y las decisiones vecinales en contra de construir un aparcamiento en la zona de Retiro.

La Comunidad de Madrid, la más rica de España, no invierte los 21 millones de euros de las necesarias obras del hospital para que determinadas empresas hagan negocio. La obra se realizará mediante un contrato de concesión administrativa de la explotación del aparcamiento subterráneo, con una duración máxima de 40 años.

Renace así la teoría de la “oportunidad de negocio” de la que en su día hablaba el que fue consejero de Sanidad, Juan José Güemes y que abanderó Esperanza Aguirre desde 2003. Una oportunidad de negocio aprovechada y que ha supuesto un evidente deterioro de la sanidad pública madrileña en beneficio de las cuentas de resultados de determinadas empresas, fundamentalmente constructoras.

En aquel tiempo de tamayazo, el golpe a la victoria de las izquierdas en las elecciones regionales, la candidata Aguirre se lanzó con su promesa de construir siete hospitales en la región, lo cual suponía abrirse al capital y la gestión privada de empresas concesionarias.

Finalmente se construyeron ocho hospitales más el de Valdemoro, paradigma de la privatización total, y que está ubicado a sólo quince minutos del de Parla. Eso sí, Valdemoro fue la ciudad que en su día estuvo bajo el mando de Francisco Granados, uno de los vicepresidentes encarcelados de Aguirre.

La idea, que también arrancó en Cataluña bajo la presidencia de Artur Mas, era fantástica para las empresas que acudían como vampiros a esa carne fresca que es la salud y el miedo a perderla. Las empresas concesionarias, algunas salpicadas por operación Gürtel, se quedaron con los servicios no sanitarios: limpieza, mantenimiento de edificios, tiendas, aparcamientos, etcétera, que a su vez podían sacar a concurso. Es decir, si aproximadamente desde 2015 han amortizado la inversión y siguen facturando por todo… el negocio es redondo.

Más aún en el caso del Hospital Infanta Sofía de Alcobendas, gestionado por Acciona, que logró que con nuestros impuestos se remodelara el sistema de energía y agua para que la empresa concesionaria se ahorre un 50 por ciento de agua y un 20 por ciento de electricidad. En estos días de espanto también los medios de comunicación han denunciado que este hospital, finalizado en 2008, continúa con su cuarta planta inhabilitada mientras ha habido que poner en marcha hoteles medicalizadados.

Para más inri, las empresas amigas del PP veían que sacaban poca tajada y con el característico oscurantismo de la derecha, Esperanza Aguirre las subió el canon a través de una figura singular: “restablecimiento del equilibrio económico financiero de la concesión”, que fue destapado por la Cámara de Cuentas en 2012.

El escenario actual es similar, pues Ayuso también ha anunciado en plena pandemia que va a liberalizar más el suelo. Es decir, vuelve el ladrillazo y volverá la burbuja inmobiliaria si nadie lo remedia.

En Madrid quieren que la historia se repita. Mientras el sentido común dicta que tenemos que remodelar estructuralmente la sanidad y todo lo relacionada con la salud pública, el PP con Ayuso a la cabeza, insiste en convertir la salud en un negocio. Llueve sobre muy mojado y cuando ha llegado el momento de la verdad nos están salvando los profesionales que se están dejando la vida, con pocos instrumentos y plantillas diezmadas en estos años de gobierno de la derecha más neoliberal del mundo.

Desde el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid se puede intentar maquillar las cifras como se quiera, pero la permanente privatización de la sanidad es muy evidente mirando los datos. Entre los años 2009 y 2014, el gasto sanitario liquidado de la Comunidad de Madrid pasó de 7.983 a 6.944 millones de euros, una reducción de 1.038 millones de euros, un recorte en euros corrientes del 13 por ciento, pero si se tiene en cuenta la variación de los precios, la reducción en términos reales llega al 21 por ciento en el período. Los recortes, no lo olvidemos, se centraron en las plantillas.

Es muy relevante el dato del Ministerio de Sanidad: en el año 2018 el gasto sanitario de la Comunidad de Madrid en proporción al PIB regional es el más bajo de toda España. Madrid se sitúa en un insuficiente 3,6 por ciento del PIB, la última comunidad. Así ha afrontado la región con los gobiernos más neoliberales de España la crisis contra el virus. Con una sanidad mangas por hombro y con unas residencias de ancianos en manos privadas, donde la tragedia está siendo incalificable.

Es difícil calibrar si de esta crisis saldremos mejores o peores, pero si no vigilamos y lo impedimos, Madrid saldrá con el trasnochado neoliberalismo por bandera. Que no nos confundan, los derechos no son oportunidades de negocio. La sanidad requiere sólidos pilares públicos. Si no lo estamos aprendiendo en estos días…, mal vamos.