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Construyendo la nueva burbuja

En las ultimas semanas algunas noticias han contribuido a generar más turbiedad en un mercado tan de por sí opaco como es el inmobiliario. Por una parte, a finales del pasado mes de septiembre la escalada de los precios del alquiler fue matizada por los datos publicados por el Ministerio de Fomento, basados en las fianzas de los alquileres. Por otra parte, he tenido ocasión de leer en un digital un análisis que intentaba demostrar que las viviendas turísticas no son una presión realmente seria que justifique el alza del precio del alquiler. Y por último, han aparecido en los últimos días noticias sobre comparativas que hablaban de un coste menor de la compra sobre el alquiler partiendo del esfuerzo medio sobre la renta disponible en determinadas zonas. Esto último tenía como fuente un portal inmobiliario, justo el tipo que ha sido puesto en cuestión por el Ministerio de Fomento. Obviamente, no es una casualidad, pues los mayores y más conocidos portales inmobiliarios en España están financiados por empresas del sector, las conocidas SOCIMI, por lo que son mecanismos para disparar los precios al alza. Y como remate a este gancho de entrada, de nuevo empiezan a verse en nuestras ciudades aperturas de locales comerciales ocupados por inmobiliarias. ¿Qué sentido tienen estos movimientos?

Desde 2012, las políticas implementadas por el PP han intentado reactivar el mercado inmobiliario, fundamentalmente dando toda clase de ventajas a las SOCIMI. Este tipo de sociedades fueron introducidas en 2009, pero no tuvieron ningún éxito captando inversión: el mercado estaba prácticamente muerto, no había crédito para nadie, la economía estaba en recesión y las perspectivas eran deplorables. En 2012 el gobierno de Rajoy decidió convertirlas en un mecanismo de entrada de capital especulativo a gran escala, pero como el entorno económico era el que antes he descrito, para crear rentabilidad y atraer capitales hubo que hacer algunas modificaciones legales. Así, las SOCIMI se vieron exentas del impuesto de Sociedades, y se modificó la ley de arrendamientos urbanos para “flexibilizarla” (o sea, menos plazo para el arrendatario, actualización de alquileres rápida, desahucios exprés por impago, …) y mejorar la situación del arrendador. Y de postre, en Madrid además la alcaldesa Botella les vendió patrimonio público de vivienda social a precio de saldo. No es de extrañar que, como respuesta, los fondos buitre entraron en tromba (desde 2013 la entrada de capital por esta vía ha sido creciente) y se han hecho con un parque de vivienda enorme. En este proceso dieron un primer impulso a los precios de alquiler, que posteriormente se vio fortalecido por la explosión de los pisos turísticos.

Un efecto colateral de esto es que los bancos se van a ver beneficiados, pues aun tienen mucho cemento en el balance y el alza de precios permitiría que se deshicieran de él sin pérdidas, e incluso con beneficios… si consiguieran venderlo. Pero para eso hace falta que la espiral del alquiler se traslade al mercado de compraventa, lo que exige empezar a convencer a todos de que “es más rentable comprar que alquilar” y que “alquilar es tirar el dinero”. También hace falta que nadie se asuste por la proliferación de viviendas turísticas, de forma que se mantenga el flujo de inversión hacia ellas desde los pequeños ahorradores familiares.

Porque, aunque hay un volumen ingente de capital internacional buscando rentabilidad, la cruda realidad es que no se puede crear una espiral especulativa sin la legión de pequeños compradores, crédulos o no, buscando una inversión o una casa, que será la que invierta su dinero y cuando llegue el momento soporte las pérdidas. Esto explica las noticias que mencionaba al principio, y aprovecho para subrayar que la turistificación es una de las bases de este proceso, aunque esto requerirá una explicación en otro momento.

Por todo lo visto, queda claro lo crucial de las próximas elecciones. Son urgentes políticas de vivienda, fiscales y territoriales coherentes y convergentes que detengan el proceso, permitan la regeneración de nuestras ciudades y contribuyan a que la vivienda sea un derecho y no un privilegio. Si de nuevo la derecha llega al gobierno, ya sabemos a donde quiere conducirnos: a construir la próxima burbuja especulativa.

Nacido en 1967, es economista desde 1990 por la Universidad Complutense. En 1991 se especializó en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente por la Politécnica de Valencia, y en 1992 en Transportes Terrestres por la Complutense, empezando a trabajar en temas territoriales, fundamentalmente como profesional independiente contratado por empresas de ingeniería.

Ha realizado planeamiento urbanístico, planificación territorial, y evaluación de impacto ambiental. En 2000 empezó a trabajar en temas de desarrollo rural, y desde 2009 en cuestiones de políticas locales de cambio climático y transición con su participación en el proyecto de la Fundación Ciudad de la Energía (en Ponferrada, León).

En 2012 regresó a Madrid, hasta que, en diciembre pasado, previa oposición, ingresó en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el Servicio de Análisis Económico.