EL OBRERO PERIODISMO DE DATOS
18 sept 2026 | Actualizado 11:49 CEST
PERIODISMO DE DATOS
Billete de vuelta a Ruanda, un país donde nunca has estado

La palabra retorno tiene un significado bastante sencillo. Si uno retorna a casa, se espera que haya estado allí alguna vez. En Viena, el pasado lunes, cinco gobiernos europeos le dieron una acepción más conveniente para sus intereses. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y los Países Bajos anunciaron que negocian con Ruanda la apertura de un «centro de retorno» al que podrán enviar a personas que jamás han pisado ese país. Los primeros traslados se pretenden realizar en 2027. La ventaja de esta innovación lingüística es que permite anunciar una deportación con el vocabulario de una agencia de viajes.

El proyecto sigue en negociación y tiene un alcance concreto. Se aplicaría a personas sin derecho a permanecer en uno de esos cinco países y con una orden de expulsión ejecutable, entre ellas quienes hayan visto denegada su solicitud de asilo y agotado los recursos. Los promotores lo presentan como una salida para los casos en que la repatriación resulta inviable. El Gobierno neerlandés promete un centro abierto, libertad de movimiento y la posibilidad de residir y trabajar en Ruanda. La expresión «campo de concentración» atribuiría al centro un régimen de internamiento que el proyecto anunciado no contempla. La coacción que sí prevé es bastante grave por sí sola. Consiste en obligar a una persona a irse a un país con el que puede carecer de todo vínculo.

Imaginemos a alguien cuya solicitud de asilo ha sido rechazada y cuyo país se niega a documentarlo para su regreso. Puede llevar años en Europa. Puede hablar alemán, tener aquí un hermano y saber ganarse la vida. Nada de eso le concede por sí solo el derecho de residencia. Tampoco explica por qué debería rehacer su vida en Ruanda. Los gobiernos aseguran que, una vez allí, podrá salir si así lo desea. Para ejercer esa libertad le hará falta, como a cualquiera, un país dispuesto a admitirlo. La dificultad de encontrarlo es precisamente lo que ha motivado su envío a Kigali.

Hay un argumento a favor de ejecutar las resoluciones administrativas. Un sistema de asilo pierde credibilidad si tarda años en decidir y luego es incapaz de aplicar sus decisiones. También es razonable que los gobiernos quieran reducir el negocio de quienes cobran por embarcar a personas en travesías que pueden matarlas. Falta demostrar que el remedio propuesto sirva para alguna de esas cosas. Kirsten Krampe, en un comentario para la Fundación Heinrich Böll, cuestiona la eficacia disuasoria del plan y advierte de sus costes y de su fragilidad jurídica. Un gobierno podrá apuntarse una expulsión en sus estadísticas el día en que despegue el avión. El expediente habrá mejorado sensiblemente. Sería interesante saber cómo le va al pasajero.

Ya hubo un ensayo británico y languidece por su ineficacia la experiencia italiana. El Gobierno conservador británico quiso enviar a Ruanda a solicitantes de asilo para que sus peticiones se resolvieran allí. En 2023, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan por unanimidad. Consideró que existía un riesgo real de que las autoridades ruandesas devolvieran a algunas de esas personas a lugares donde podían sufrir persecución o malos tratos. Londres acabó abandonando el proyecto. En el diseño europeo, la decisión sobre el asilo se toma en Europa antes del traslado. La diferencia es importante. También lo es la lección de aquella sentencia. Los jueces examinaron lo que podía ocurrirle a una persona después de bajar del avión. Conviene hacer el mismo ejercicio antes de comprar los billetes.

En 2024, el Gobierno de Giorgia Meloni abrió dos centros en Albania, bajo jurisdicción italiana, para internar a determinados migrantes interceptados en el Mediterráneo y tramitar allí sus solicitudes de asilo por la vía rápida. El plan tropezó enseguida con los tribunales. Las 73 personas trasladadas en los tres primeros grupos regresaron a Italia después de que los jueces se negaran a convalidar su internamiento. asylumineurope.org

En 2025, Roma reconvirtió el centro albano de Gjadër en un lugar de detención para personas que ya estaban en Italia y tenían pendiente una expulsión. Hasta el 14 de julio de 2026, según cifras del Ministerio del Interior italiano, 685 personas habían sido trasladadas al centro y 101 habían sido repatriadas. La experiencia muestra lo fácil que resulta confundir dos cosas en una estadística: sacar a alguien de Italia y conseguir que regrese a su país.

Hay, además, un inconveniente diplomático no menor. En enero, Alemania, Grecia, Dinamarca y los Países Bajos plantearon objeciones sobre la situación de los derechos humanos en Ruanda durante el examen del país ante Naciones Unidas. En noviembre, los cuatro suscribieron un comunicado que elogia la fiabilidad del mismo socio. Human Rights Watch recuerda que el Gobierno ruandés reprime la disidencia y documenta detenciones de críticos, malos tratos e injerencias en la justicia. Puede haber buenas razones para que un gobierno cambie de opinión en diez meses. En este caso sería conveniente que explicase qué ha cambiado en Ruanda durante esos diez meses. Sabemos, de momento, qué ha cambiado en Europa. Cuatro gobiernos necesitan que Ruanda les parezca un socio fiable.

Ruanda tiene, por supuesto, sus propios intereses y su Gobierno sabe defenderlos. Nicola Palmer, en el blog jurídico de la Universidad de Oxford, explica cómo Kigali ha hecho de estos acuerdos un instrumento de negociación con gobiernos ricos. La cooperación migratoria le proporciona interlocución y capacidad de influencia. Es comprensible que aproveche la oferta. Lo que merece discusión es que unos Estados europeos con recursos para administrar sus decisiones recurran a un país africano mucho menos rico para que se haga cargo de las consecuencias. El nombre de «asociación mutuamente beneficiosa» que figura en el comunicado puede ser exacto para quienes se sentaron a negociar. Queda por conocer la opinión de quienes tendrán que mudarse.

Paco Cerdà vio en el anuncio una victoria política de la ultraderecha, capaz de imponer sus prioridades incluso allí donde otros gobiernan. El editorial de El País puso el acento en la eficacia del proyecto y en las garantías democráticas. Las dos objeciones se encuentran en un punto muy concreto. Una foto de ministros en Viena puede transmitir firmeza. Un sistema digno de ese nombre tendría que explicar quién verifica las condiciones en Kigali, ante qué autoridad reclama una persona trasladada y qué gobierno responde si las promesas de residencia y libertad de movimiento se incumplen. Una rueda de prensa cuesta una mañana. Organizar garantías que funcionen cuando alguien las necesita exige bastante más.

Los cinco gobiernos deberían abandonar el proyecto. Pueden resolver antes y mejor las solicitudes de asilo, negociar la readmisión con los países de origen cuando el regreso sea posible y seguro, y dar una respuesta jurídica a quienes, pese a tener una orden de expulsión, carecen de un lugar al que puedan volver. Cada una de esas tareas es ingrata. Todas requieren personal, tiempo y decisiones que se puedan recurrir. Enviarlas a Kigali junto con sus protagonistas ofrece una satisfacción inmediata a quien firma la orden, pero el avión solo resuelve el problema de la distancia. Cuando aterrice, la persona seguirá necesitando un lugar en el mundo. Lo único seguro es que estará más lejos del gobierno que decidió por ella.

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