Se anuncian nuevamente cataclismos con el sistema público de pensiones. Está quebrado, se afirma. El tema constituye un desafío para la economía y para las administraciones públicas, teniendo en cuenta que en 2050 las personas mayores de 65 años serán unos 15 millones. Ello puede representar un gasto en esa fecha, 2050, del orden del 16% del PIB, según las previsiones de AIREF. Hoy, esa cifra no llega al 13% en España, mientras en otros países, actualmente, está en el 15% (Austria) o 16% (Italia). Esos países “aguantan” el sistema, sin quiebras, con cuatro puntos más sobre PIB que en el caso de España. Con estos datos, parece normal que en 2050 se necesiten más recursos para cubrir las pensiones; pero no es sensato advertir –como se viene haciendo desde hace más de treinta años– que el sistema va a una quiebra inexorable. O ya está en ella. Los esquemas ideológicos marcan ese diagnóstico, y persiguen incidir en la necesidad de planes privados de pensiones. Máxime cuando se está trabajando con indicadores de futuro muy inestables. Veamos.

En Minneapolis, Estados Unidos, dos recientes enfrentamientos mortales con agentes federales de inmigración han provocado no solo dolor e ira, sino también una lucha inusualmente clara sobre lo que está en juego.

Tras el asesinato de Alex Pretti el 24 de enero, los funcionarios federales afirmaron que los agentes de la Patrulla Fronteriza que dispararon al menos 10 veces actuaron en defensa propia.

La factura regulada de la luz comenzó a funcionar en España el 1 de julio de 2009, marcando el fin del proceso de liberalización del mercado eléctrico.

Las redes sociales virtuales han cambiado la forma en que las personas nos relacionamos y participamos en causas sociales: facilitan, por un lado, el acceso y la comunicación, pero por otro acaban frecuentemente llevando al cansancio emocional, al exceso de exposición y a la sensación de soledad. Así lo cuenta Marina, una joven activista que participó en nuestra investigación: “Son un arma de doble filo: muy útiles para algunas cosas pero también te quitan mucho tiempo y energía”.

Estremece leer la Carta del Atlántico, firmada en agosto de 1941 por Franklin Delano Roosvelt y Winston Churchill. Los principios políticos compartidos, la solidaridad entre ambas potencias, la apuesta por mecanismos de seguridad colectiva y la libertad sin miedo asentaron las bases del sistema internacional de inspiración liberal.

Después de la agresión estadounidense a Venezuela y del secuestro de su Jefe del Estado, ocurrido pocos días antes del primer aniversario del regreso de Donald Trump a la Presidencia de su país, los pronósticos más pesimistas sobre el tipo de poder que éste iba a practicar en Estados Unidos y en sus relaciones internacionales se han confirmado. Doce meses después de que Trump llegara a la Casa Blanca, Estado Unidos es un país autoritario y el mundo está en peligro de recibir graves agresiones de ese país autoritario. A este respecto, era muy elocuente la crónica de Iker Seisdedos en El País del pasado 11 de enero (“El año en que el mundo se asomó al abismo autoritario de Trump”):

Los empleados tienen la obligación de “contribuir a la mejora de la productividad de la empresa”. Así lo establece el artículo 5 del Estatuto de los Trabajadores. Este mandato no aparece como una recomendación ni como una cláusula simbólica, sino como parte del conjunto de deberes que conforman el vínculo laboral.

2026 comenzó con la noticia de la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Una operación, según Donald Trump, como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde entonces, se ha amado y odiado a Estados Unidos, se ha criticado y se ha alabado la operación, se ha discutido si se ha violado la soberanía o no. Al margen de estas discusiones, se ha intentado explicar la política exterior estadounidense a partir de la doctrina Monroe, rebautizada como “Donroe” en alusión al actual presidente (aunque resulta necesario dejar claro que este rasgo no es exclusivo de la administración Trump).