La dimisión de Mazón ha abierto un frente de dinamización política de primer orden al medir la correlación de fuerzas entre los depositarios del voto conservador y neo autoritario de PP y Vox, pero no puede opacar el envite no menos notable del juicio al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos. En este proceso se dirimen las posiciones políticas del ejecutivo por entender que el fiscal general pudo cometer ilícito con la intención de perjudicar a un rival público, como podría ser el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso; y las de la propia primera mandataria de Madrid por darse por hecho que el presunto perjudicado por la supuesta revelación, la pareja de Ayuso, pudiera ser elegido en la desnudez de datos privados, no por azar, sino por la indagación interesada habida cuenta de la identificación del novio de la presidenta Ayuso, cuya credibilidad se vería resentida al convivir íntimamente con un delincuente fiscal, amén de desarrollar sus negocios objeto de la ilicitud en el ámbito sanitario durante la pandemia.