La ministra Rego y la fiscal general del Estado coinciden en abordar la situación en Ceuta “preservando con todas las garantías el interés superior de niños y niñas”

En una reunión mantenida en la sede de la Fiscalía General del Estado, ambas han analizado las vías para garantizar la protección de los derechos de los niños y niñas migrantes no acompañados que se encuentran actualmente en la ciudad autónoma de Ceuta. En esta línea, tanto Rego como Peramato insisten en que el ordenamiento español e internacional obliga a "asegurar que cualquier actuación que les afecte tenga como prioridad el interés superior del menor".

La ministra Rego ha insistido en la necesidad de acoger a los niños, niñas y adolescentes migrantes en la península, una medida que, en palabras de Rego, "contribuiría a garantizar unas condiciones adecuadas para su atención y bienestar y, al mismo tiempo, permitiría aliviar la situación que atraviesa la ciudad autónoma".

Asimismo, la ministra ha defendido la necesidad de avanzar en una respuesta que sitúe los derechos de la infancia en el centro y que cuente con la corresponsabilidad del conjunto de las administraciones públicas.

Durante la reunión también se han abordado las dificultades, expuestas en distintas memorias anuales de la Fiscalía General del Estado, para llevar a cabo procesos de reagrupación familiar en Marruecos.

El encuentro ha permitido abordar también otras cuestiones relacionadas con la protección de la infancia frente a la violencia. En este ámbito, ambas han tratado los avances y retos pendientes para reforzar los mecanismos de prevención, detección y protección, así como la necesidad de seguir desarrollando políticas públicas que garanticen entornos seguros para niños, niñas y adolescentes.

En este sentido, Sira Rego y Teresa Peramato han abordado la modificación de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada recientemente en el Consejo de Ministros y que persigue "reforzar las garantías de protección de los niños y niñas".

Entre las medidas que contempla, ha recordado la titular de Juventud e Infancia, se encuentran "garantías efectivas de que los niños y niños sean escuchados, independientemente de su edad, así como la prohibición expresa del denominado síndrome de alienación parental, así como cualquiera de sus reformulaciones, evitando que pueda ser utilizado en perjuicio de los derechos y la protección de la infancia".