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Una paradoja rural: los habitantes del campo español lo tienen más difícil para comer de forma sostenible


  • Escrito por Ana Belén López Tárraga y tres más
  • Publicado en Capital
(Tiempo de lectura: 3 - 5 minutos)

Cuando pensamos en comer de forma saludable y cuidar el medio ambiente, solemos creer que todo depende solo de nuestra propia decisión. Nos imaginamos que basta con tener ganas de comprar fruta ecológica o querer apoyar a los pequeños agricultores de la zona. Sin embargo, el lugar en el que vivimos y el mapa juegan un papel importantísimo del que casi nadie habla.

Comsumir productos ecológicos y a un precio justo en la España rural se ha convertido hoy en un auténtico reto. Sobre todo por las grandes distancias y los elevados costes de transporte. Aunque parezca una contradicción, los propios pueblos y zonas del campo donde se cultiva y produce la mayor parte de esta comida sostenible son los lugares que más problemas tienen para poder comprarla y comerla en su día a día.

La huerta rural frente al consumo urbano

Entre 2021 y 2026, el equipo del proyecto Las redes alimentarias sostenibles como cadenas de valores para la transición agroecológica y alimentaria: implicaciones para las políticas públicas territoriales (ALISOS) –compuesto por investigadores de las universidades de Salamanca, Valladolid o la Autónoma de Madrid, y por el Instituto de Economia, Geografía y Demografía del CSIC, entre otros centros– analizó más de 1 200 proyectos de alimentación sostenible repartidos entre Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Su estudio demuestra que existen dos realidades completamente diferentes según la zona del mapa:

  • Castilla y León (415 proyectos): Cuenta con una enorme producción de agricultura y ganadería ecológica. El problema es que la población vive muy repartida en pueblos y localidades pequeñas. Esto provoca que haya pocos compradores cerca y que el reparto de los alimentos sea muy caro, ya que se gasta mucha gasolina por cada kilo de comida que se transporta.

  • Comunidad de Madrid (790 proyectos): Reúne a unos siete millones de personas viviendo en un territorio relativamente pequeño. Esta gran cantidad de vecinos en pocos kilómetros ha hecho que funcionen de maravilla los grupos de familias que se organizan para comprar juntas, las tiendas de barrio y los supermercados cooperativos, ya que siempre tienen clientes asegurados.

Distribución de la superficie ecológica sobre la superficie agraria útil en las comunidades autónomas de Castilla y León y Madrid.

 

Costes elevados y despoblación: la paradoja rural

En las zonas de la España vaciada, el hecho de que viva tan poca gente impide que se creen grupos grandes de compradores. Si un pequeño agricultor ecológico tiene que llevar sus verduras a cinco pueblos diferentes que están separados por decenas de kilómetros, el tiempo que pierde en la carretera y lo que se gasta en gasolina y transporte hacen que todo sea demasiado caro.

Como la población está tan repartida, ocurre algo muy curioso: la mayor parte de los alimentos ecológicos que se cultivan en el campo terminan viajando directamente hacia las grandes ciudades, lo que deja a los propios vecinos de esos pueblos sin opciones sencillas para comprar la comida que se produce al lado de sus casas.

Hibridación adaptativa: cambiar para sobrevivir

Con el fin de aguantar la subida de precios, estos proyectos sostenibles se han reinventado. También lo hacen para competir contra los grandes supermercados. Los investigadores llaman a este cambio “hibridación adaptativa”.

En la práctica, usan herramientas del comercio tradicional, con lo que consiguen llegar a muchos más clientes. Por ejemplo, crean tiendas en internet, contratan empresas de transporte externo y amplían sus zonas de reparto.

Aplican estas estrategias sin perder sus valores principales: siguen cuidando el planeta con dedicación y pagan un precio justo a los agricultores. Así ganan el dinero necesario para no cerrar, mantienen el negocio abierto y apoyan al mundo rural.

Estrategias públicas: el apoyo institucional que falta

El avance hacia una alimentación sostenible no puede depender únicamente del esfuerzo de los agricultores o del bolsillo de las familias. Las políticas públicas son una pieza fundamental.

El proyecto demuestra que existen experiencias de éxito local, como el apoyo institucional a la producción ecológica en provincias como Zamora y en ciudades como Fuenlabrada o Rivas-Vaciamadrid, ambas de la Comunidad de Madrid.

Zamora celebra su mercado ecológico mensual el tercer sábado de cada mes. Ana Belén López Tárraga

 

Sin embargo, en muchos otros municipios existe desinterés o trabas burocráticas. Favorecer la venta directa del productor al consumidor y promover que los comedores escolares o de hospitales compren producto local son herramientas clave que aún necesitan impulsarse.

Una cuestión de justicia territorial

Asegurar que la gente de la España vaciada pueda comer de forma sana y justa no es solo un problema de dinero, sino un asunto clave de igualdad entre las distintas regiones.

Resulta del todo absurdo que las zonas donde se cultiva la mayor parte de la comida fresca tengan tantas barreras para consumirla en sus propios municipios, solo porque el transporte y el comercio están pensados para enviar todo a las grandes ciudades.

Para cambiar esta situación, es necesario crear un plan que mejore el reparto de comida en el campo, le ponga las cosas fáciles a los pequeños agricultores para vender sin intermediarios y enseñe la importancia de la alimentación a los jóvenes.

Solo consiguiendo que cualquier persona pueda comprar productos locales se logrará que la gente se quede a vivir en los pueblos, se reactive su economía y se devuelva la justicia social a estas zonas rurales.The Conversation

Ana Belén López Tárraga, Profesora sustituta en el Departamento de Geografía, Universidad Complutense de Madrid; José Luis Sánchez Hernández, Catedrático de Geografía Humana (especialidad en Geografía Económica), Universidad de Salamanca; Lourdes Moro Gutiérrrez, Profesora Titular de Universidad. Antropología Social, Universidad de Salamanca y Marta Potente Castro, Investigadora Predoctoral en Formación. Universidad de Salamanca.

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation

 


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