CCOO rechaza frontalmente la propuesta de Feijóo de permitir que las mutuas puedan dar el alta a las personas trabajadoras

El sindicato recuerda que el actual modelo de las mutuas las reconoce como asociaciones de empresarios y que, por tanto, con mayores competencias se incurriría en un claro conflicto de interés al ser organizaciones dirigidas por personas designadas desde las empresas, que se financian exclusivamente con cotizaciones sociales y gestionan exclusivamente prestaciones públicas de Seguridad Social.

En el caso de las prestaciones por contingencias comunes, el reconocimiento está y debe seguir estando reservado a funcionarios públicos para garantizar el acceso objetivo a los derechos sociales de las personas trabajadoras.

No hay fraude en las incapacidades temporales

Para CCOO, el fenómeno de la incapacidad temporal requiere una respuesta sanitaria para garantizar la recuperación de la salud en el menor tiempo posible. Como este sindicato demuestra en su informe ‘Ni un día menos’, no existe un fenómeno generalizado de fraude.

De hecho, varias de las propuestas de actuación que se incluían en dicho informe y que han sido impulsadas en varios ámbitos de diálogo social ya han comenzado a ponerse en marcha y en lo que va de 2026 los indicadores de incapacidad temporal han comenzado a mejorar.

Entre las propuestas impulsadas en el diálogo social, incluso con la participación de las organizaciones empresariales, destaca la suscripción de convenios de colaboración para que, con la participación del INSS, los Servicios Públicos de Salud puedan tener a su disposición los recursos ociosos de las Mutuas para adelantar pruebas y procesos rehabilitadores para trabajadores en baja médica.

Aunque ya son varias las comunidades autónomas que han comenzado a poner en marcha estos convenios (Baleares, Cataluña, Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria y el INGESA que gestiona Ceuta y Melilla), todavía no se han sumado la mayoría de los territorios, por lo que CCOO hace un llamamiento a estos gobiernos autonómicos para que los activen y contribuyan a mejorar los indicadores de IT actuando sobre los resultados en salud, que es el camino adecuado.

Sólo si las mutuas son públicas podrán aumentar su capacidad de control y evitar conflictos de interés

Para evitar el conflicto de interés que provocaría que una asociación de empresarios sea la que tenga la facultad plena del reconocimiento y control de un derecho social como es la prestación de incapacidad temporal, sólo cabe aumentar los medios públicos y, si se quiere utilizar también los recursos de las Mutuas para incrementar su participación en el control de la IT, es imprescindible superar el actual modelo de Mutua y publicitarlas.

CCOO ha propuesto en este sentido que estas entidades, actualmente reconocidas como “colaboradoras” con la Seguridad Social se integren en la misma como lo que son y deben ser, entidades gestoras de la Seguridad Social, bajo la dirección y gerencia de la misma, garantizando a las personas trabajadoras que prestan servicios en las Mutuas todos sus derechos y garantías; así como todas las particularidades de una integración ordenada y respetuosa con la calidad del empleo.

La integración no debe afectar tampoco al régimen de responsabilidad empresarial por incumplimientos en materia de Seguridad Social o de protección de la salud de las personas trabajadoras.

Es en este marco de participación de la Administración y de publificación de las mutuas, en el que, exclusivamente, se puede abordar el modelo de facultades de actuación de las mutuas con los sistemas públicos de salud en las intervenciones sobre las personas trabajadoras.

De este modo, se ofrecerá un control público, con las garantías debidas de sigilo e intimidad para las personas afectadas y con el conjunto de procedimientos garantistas para el ejercicio de los derechos y las defensas oportunas cuando se sienta vulnerado un principio tan importante y fundamental, como es el de la salud. Esta es la única vía para abordar este debate sin propuestas tramposas y ventajistas que vulneran los derechos de las personas trabajadoras.