Cómo el gobierno socialista español gestionó mal la crisis de Ceuta y se puso en una situación comprometida

Se ha desatado un acalorado debate sobre la gestión de la crisis por parte del gobierno, con protestas en todo el país, una creciente guerra cultural y ataques violentos contra migrantes en Ceuta, algunos presuntamente perpetrados por soldados españoles .

En España, la crisis ha acaparado los titulares durante las últimas siete semanas. Si bien aún no se ha encontrado una solución definitiva, una cosa está clara: el gobierno ha perdido una oportunidad crucial para abordar el tema de la migración desde su propia perspectiva.

La regularización masiva de este año vio a Sánchez tomar la iniciativa. Al hacerlo, se posicionó —y, por extensión, a España— como defensor de los derechos humanos, oponiéndose al sentimiento antimigrante predominante en Europa y situando la economía y la inclusión en el centro del debate.

Tras Ceuta, esa dinámica se ha revertido. A medida que España se acerca a un año electoral, la crisis ha dado al Partido Popular (PP) conservador y, sobre todo, al ultraderechista Vox, más margen para marcar la agenda.

Una oportunidad perdida

Establecer la agenda política es una de las principales ventajas de estar en el gobierno. Los partidos gobernantes pueden elegir qué temas priorizar y definir los términos en los que se debaten.

En enero, algunos consideraron la regularización masiva de inmigrantes como una medida audaz, mientras que otros la vieron como oportunista . En cualquier caso, le dio ventaja al PSOE, el partido socialista de Sánchez. Al situar la economía y la inclusión de los inmigrantes en el centro del debate, el gobierno estaba moldeando la discusión a través de su propia política.

Ahora, Ceuta ha centrado su atención en la inseguridad y las deportaciones. El partido de extrema derecha español Vox describe la crisis como una «invasión» , interpretando la migración según sus propios intereses. La inmigración es fundamental en el discurso de Vox: ayuda a definir su identidad política y le otorga protagonismo en el panorama nacional.

El gobierno tardó más de un mes en responder adecuadamente a la crisis de Ceuta, una demora que coincidió con el periodo vacacional de agosto y que dio margen a otros actores para imponer su propia versión de los hechos. A medida que la crisis se afianzaba, Sánchez se vio cada vez más obligado a responder a una agenda marcada por otros.

Este retraso también tiene consecuencias importantísimas para los miles de migrantes atrapados en un limbo legal en Ceuta, cuya situación sigue sin resolverse mientras duermen en tiendas de campaña y en la calle.

El gobierno tenía otras opciones. Si bien Sánchez visitó Ceuta justo después del incidente, él y sus ministros podrían haber ido más allá, acortando sus vacaciones, celebrando una reunión de gabinete de emergencia en Ceuta o incluso declarando antes una "situación de interés para la seguridad nacional" .

Con tanto en juego, cualquier iniciativa habría sido preferible a la inacción política que siguió. En cambio, el PSOE les dio a la derecha y a la ultraderecha la oportunidad de definir la crisis y marcar los términos del debate.

Un contexto internacional hostil

Las tensiones con Marruecos son una constante en la política española . La crisis de Ceuta ha traído a la memoria lo ocurrido en 2021, cuando un cruce fronterizo masivo coincidió con una disputa diplomática por la decisión de España de brindar atención médica a Brahim Ghali. Ghali lidera el Frente Polisario, que busca la independencia del Sáhara Occidental, antigua colonia española actualmente bajo ocupación marroquí. --En 2022, Sánchez modificó la postura de España para apoyar el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental, lo que contribuyó a mejorar las relaciones con Rabat.

La cuestión de la ciudadanía española para los saharauis ha añadido otro tema delicado. El 10 de septiembre, el Congreso aprobó un proyecto de ley impulsado por el partido de izquierda Sumar para otorgar la ciudadanía a los saharauis nacidos bajo la administración española, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox. La propuesta aún debe ser aprobada por el Senado.

Para Sánchez, estos debates llegan en un momento difícil en el ámbito internacional. La arena internacional había sido una fuente de fortaleza política tanto para el presidente del Gobierno como para su gobierno, pero la crisis de Ceuta podría echar por tierra los avances diplomáticos internacionales de los últimos años.

El 1 de agosto, 22 líderes de la UE firmaron una carta en la que solicitaban una respuesta coordinada y urgente a la crisis de Ceuta, advirtiendo que la regularización a gran escala podría fomentar la migración irregular. Poco después, Italia introdujo controles a los viajeros extracomunitarios procedentes de España , lo que provocó que Madrid respondiera de la misma manera.

Sin embargo, las consecuencias políticas de la crisis se están sintiendo con mayor intensidad en el ámbito nacional. El caso de Ceuta ha frenado el impulso generado por la regularización y ha vuelto a situar las relaciones con Marruecos en el centro del debate nacional .

Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el efecto combinado supone un duro revés para Sánchez.

Consecuencias electorales

El próximo año, España celebrará elecciones locales, regionales y generales. Si bien las campañas aún no han comenzado oficialmente, la competencia por definirlas ya está en pleno apogeo.

Lograr que un tema domine una campaña ya es una victoria política. Definir cómo se plantea es otra victoria clave. La regularización le dio al gobierno la oportunidad de tomar la iniciativa en materia de migración, pero su planteamiento actual favorecerá a la derecha, en particular a Vox.

El PSOE llega a estas elecciones debilitado por las acusaciones de corrupción en sus filas , así como por las derrotas electorales regionales y los reveses judiciales. Ceuta agrava aún más esta situación.

Las encuestas recientes sugieren que el PSOE conserva un electorado considerable, pero puede que no sea suficiente para mantener una mayoría de gobierno.

Una reciente encuesta de opinión , realizada entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre de 2026, otorgó a los socialistas el 27,6% de los votos, mientras que sus socios de coalición, Sumar y Podemos, obtuvieron el 5,7% y el 2,8% respectivamente. El escaso apoyo a estos partidos, situados a la izquierda del PSOE, complica el cálculo parlamentario.

Otra encuesta , realizada entre el 1 y el 3 de septiembre, proyectó 202 escaños para el PP y Vox juntos, muy por encima de los 176 necesarios para la mayoría absoluta. Por lo tanto, la continua resistencia electoral de los socialistas podría coexistir con la derrota de la izquierda en su conjunto.

Las elecciones aún están a meses de distancia, por lo que el resultado sigue siendo incierto. Pero si las próximas elecciones generales se disputan en condiciones cada vez más favorables a Vox, la influencia del partido podría extenderse más allá de los escaños que gane. Podría surgir un gobierno de coalición liderado por el PP, con Vox marcando gran parte de su agenda. En cuanto a Sánchez, el coste de la oportunidad perdida en Ceuta podría perdurar mucho más allá de la propia crisis.

Artículo publicado en The Conversation.