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18 sept 2026 | Actualizado 11:49 CEST
PERIODISMO DE DATOS
La ONU alerta del riesgo para los derechos humanos del plan europeo para deportar migrantes a Ruanda

Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos prevén abrir en 2027 un centro para trasladar a personas cuya solicitud de asilo haya sido rechazada · Naciones Unidas cuestiona la externalización de la gestión migratoria y Save the Children advierte de posibles consecuencias para la infancia

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su preocupación por el acuerdo alcanzado por cinco países de la Unión Europea (UE) con Ruanda para establecer en ese país africano un centro de deportación de migrantes. La iniciativa, anunciada el lunes por los gobiernos de Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos, contempla que las instalaciones comiencen a funcionar en 2027 y reciban a personas que no tengan derecho a permanecer en esos Estados europeos.

La portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, advirtió este martes de los riesgos que puede entrañar el traslado de personas a un país con el que no tienen «ningún vínculo real» y que, además, afronta sus propios problemas en materia de derechos humanos. Hurtado señaló que Naciones Unidas todavía no ha tenido acceso al texto de la propuesta, por lo que sus advertencias se refieren a los riesgos que plantea el mecanismo anunciado.

El organismo considera que la respuesta a los desafíos migratorios no puede consistir en buscar países lejanos que asuman parte de la gestión ni en trasladar a terceros las obligaciones de protección de los derechos humanos. En un comunicado, defendió que las políticas migratorias deben abordar las causas que impulsan los desplazamientos, entre ellas las desigualdades, los conflictos, las vulneraciones de derechos y las tensiones geopolíticas.

La Oficina también recordó que numerosos países europeos afrontan el envejecimiento de su población y la falta de trabajadores en sectores esenciales. Por ello, reclamó un enfoque integral que amplíe las vías de migración regular y tenga en cuenta la contribución de las personas migrantes a las sociedades y economías de los países de acogida.

Un acuerdo para externalizar las expulsiones

El pacto permitirá a los cinco Estados trasladar a Ruanda a personas que carezcan de residencia legal, incluidas aquellas cuya solicitud de asilo haya sido denegada y que hayan rechazado regresar voluntariamente a su país de origen. El centro funcionaría como parte del procedimiento previo a su expulsión definitiva.

La iniciativa se enmarca en el nuevo Reglamento de Retornos de la UE, que abre la posibilidad de establecer centros de devolución en países ajenos al bloque comunitario. La reforma pretende facilitar y acelerar las expulsiones de personas que no tienen derecho a permanecer en territorio europeo, aunque establece que deben respetarse los derechos fundamentales y el derecho internacional.

Se trata del primer acuerdo de este tipo negociado por varios Estados miembros con un país tercero. España se opuso a la reforma europea que permite esta fórmula, debido a las dudas jurídicas que suscitan los centros de deportación fuera de la Unión.

La portavoz del Gobierno español, Elma Saiz, volvió a cuestionar este martes la iniciativa y calificó de «dudosa legalidad» la creación del centro en Ruanda. Saiz defendió una política migratoria basada en una migración «regular, ordenada y segura», con los derechos humanos en el centro, y aseguró que el Ejecutivo no respalda estas «soluciones innovadoras».

Save the Children alerta del impacto sobre los menores

Las advertencias de Naciones Unidas se suman a las expresadas por organizaciones humanitarias. Save the Children manifestó su preocupación por las consecuencias que el acuerdo podría tener para los niños y sus familias, incluso aunque las familias con menores queden inicialmente excluidas de los traslados.

La organización considera que todavía existen interrogantes sobre las garantías previstas y sobre la posibilidad de que algunos menores sean identificados erróneamente como adultos. También advierte de que los niños podrían quedar separados de los sistemas de protección y apoyo que necesitan, así como de sus familias o de las personas adultas de referencia.

Save the Children sostiene que la ubicación de estos centros fuera del ámbito jurídico de la UE puede dificultar el acceso y la supervisión de los mecanismos independientes encargados de vigilar el respeto de los derechos de la infancia. La ONG reclama que los gobiernos europeos no impulsen acuerdos que dejen a niños y adolescentes sin una protección efectiva ni mecanismos claros para exigir responsabilidades en caso de vulneraciones.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), por su parte, confirmó que Ruanda le ha solicitado apoyo operativo para el centro y señaló que está dispuesta a estudiar esa colaboración, siempre que se respeten las normas internacionales. La agencia precisó que no participa en expulsiones forzosas, detenciones, actividades policiales ni funciones de seguridad.

El proyecto vuelve a situar en el centro del debate europeo la externalización de las políticas migratorias y las garantías que deben proteger a las personas trasladadas a terceros países. Para Naciones Unidas, cualquier respuesta debe mantener las obligaciones en materia de derechos humanos y evitar que la gestión de las migraciones se convierta en una responsabilidad que los Estados europeos puedan delegar sin asegurar la protección de quienes se encuentran bajo su jurisdicción.

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