HEMEROTECA       EDICIÓN:   ESP   |   AME   |   CAT
Apóyanos ⮕

Constituciones de España


(Tiempo de lectura: 16 - 32 minutos)

Ofrecemos un recorrido por las distintas Constituciones de la Historia contemporánea de España, insertas en su correspondiente contexto, desde la época de la Guerra de Independencia hasta la Segunda República.

Estatuto de Bayona

Los franceses intentaron la instauración en España de un nuevo sistema político basado en los principios más moderados de la Revolución francesa e imperantes en la Francia napoleónica, aunque en una versión autoritaria y respetando algunas tradiciones españolas. Este sistema quedó articulado en el Estatuto de Bayona. Esta Carta otorgada fue elaborada por notables ilustrados españoles, siguiendo las directrices francesas. El texto establecía que España era un país católico, y todos los poderes estaban concentrados en el rey -no había división de poderes-, aunque se establecían órganos consultivos (Senado, Consejo de Estado y Cortes). Pero, por otro lado, reconocía algunos derechos a los españoles y establecía una serie de reformas de carácter liberal, que suponían un avance en relación a la situación del Antiguo Régimen

En el terreno de los derechos y libertades está clara la influencia francesa. No aparecen en una Declaración o en una parte bien separada de la estrictamente orgánica. Dentro del Título VII dedicado al Senado se incluyeron las libertades, convirtiéndose en la institución clave en relación con los derechos en el régimen afrancesado. El artículo 39 estipulaba que el Senado era la institución encargada de garantizar o velar por la libertad individual y por la libertad de imprenta, derecho éste último que aludía, como ocurrió en el resto del constitucionalismo decimonónico, a la libertad de imprenta. Es interesante resaltar que la garantía senatorial en materia de imprenta entraría en vigor cuando se estableciese dicha libertad en una ley, lo que debe ser interpretado como que era un derecho que seguramente sería limitado, habida cuenta del régimen moderado que edificaba el Estatuto. El artículo 145 establecía, al respecto el plazo para que se elaborase esta ley por las Cortes, y que sería de dos años. Aunque se establecía una junta de senadores, la Junta Senatorial de Libertad de Imprenta, para velar por este derecho, no se aplicaba a los periódicos. Los autores e impresores de libros podían recurrir ante esta Junta si se consideraban perjudicados porque no podían publicar un libro o era censurado. Si la Junta lo estimaba conveniente podía ordenar al ministro correspondiente para que revocase la orden dada contra la publicación de un libro. En caso de que el ministro no hiciese lo mandado la Junta podía solicitar la convocatoria del Senado, que si lo estimaba oportuno elevaría su resolución al rey.

Constitución de 1812

Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812 suponen un hito fundamental porque abren, realmente, la etapa contemporánea en la Historia de España.

Ante el vacío de poder que produjo la invasión francesa se formaron juntas en casi todas las ciudades españolas. Estas juntas locales dieron lugar a otras provinciales y después a la Junta Central, creada en septiembre de 1808. Estas juntas reflejaron la voluntad nacional frente a los franceses, y pueden ser consideradas la base del principio de soberanía nacional.

Las juntas estuvieron integradas por representantes de las autoridades del Antiguo Régimen, como eclesiásticos, corregidores, militares y figuras de cierto prestigio demostrado en la resistencia al invasor. En las juntas, también se incluyeron oficiales de menor graduación, periodistas, escritores, médicos, abogados, aunque las presidencias solían recaer en representantes del viejo orden. La diversidad en su composición se mantuvo en las provinciales y hasta en la Central, donde estuvieron presentes figuras como el conde de Floridablanca o Jovellanos, así como personajes valedores de cambios más profundos, como el escritor Manuel José Quintana. Al final, los defensores de reformas y cambios radicales en todos los ámbitos terminaron por llevar la iniciativa en las juntas.

La idea de convocatoria de unas Cortes “generales y extraordinarias” partió de la Junta Central, aunque fue llevada a cabo por el Consejo de Regencia, que sustituyó a la Junta en enero de 1810, y se estableció en Cádiz.

La elección de los diputados no fue fácil por la situación de guerra que vivía España. Los diputados españoles que no pudieron asistir tuvieron que ser sustituidos por otros presentes en Cádiz. Los diputados que representaban a las distintas partes de América fueron elegidos entre personas procedentes de las colonias, pero que se encontraban presentes en Cádiz. Esta ciudad era de las más avanzadas de España por su apertura al mundo exterior, gracias al comercio y su puerto. El ambiente que se respiraba era el de los refugiados- la ciudad estaba sitiada-, el de un intenso y constante debate político en sus cafés, instituciones y periódicos. Este clima efervescente influyó para que triunfase la postura liberal en las Cortes.

Los diputados representaron distintas sensibilidades políticas. En primer lugar, tendríamos un grupo que defendía el mantenimiento de las estructuras del Antiguo Régimen, es decir, la Monarquía absoluta, el poder de la Iglesia y las bases económicas que sostenían la sociedad estamental, fundamentada en el privilegio. En el otro extremo estarían los diputados liberales, que proponían una cámara única que asumiera la representación de la soberanía nacional, elaborara una Constitución que recogiera los avances propuestos en la Revolución francesa, y legislara para establecer un conjunto de reformas profundas. Este es el grupo que terminó por triunfar en las Cortes de Cádiz. Por fin, un tercer sector pretendía una especie de término medio entre lo que proponían los dos grupos anteriores, entre el absolutismo y el sistema constitucional, teniendo como modelo el sistema político británico. Pero, al final, en los debates parlamentarios terminaron por perfilarse dos grandes facciones o “partidos”: el servil o absolutista y el liberal.

El origen social de los diputados también mostraba la diversidad y complejidad social española del momento. Había miembros de los estamentos privilegiados: nobles y muchos eclesiásticos. También había representantes de la burguesía y pequeña nobleza urbanas: servidores del Estado (funcionarios, militares y magistrados) y profesionales liberales (abogados, médicos, escritores, etc.) y comerciantes. Conviene señalar que no existió una adscripción automática de toda la burguesía presente en las Cortes con la postura liberal, ni del clero y la nobleza con el lado absolutista. Algunos industriales destacados, como Salvador Vinyals, defendieron el absolutismo frente a aristócratas, como el conde de Toreno, que fueron destacados liberales. Por su parte, muchos eclesiásticos, como Muñoz Torrero, Espiga o Martínez Marina, fueron activos liberales en las Cortes. Por fin, debemos señalar el trabajo activo de los diputados que eran funcionarios y militares.

El Decreto que las Cortes de Cádiz aprobaron el 24 de septiembre de 1810, recién constituidas, es una de las principales disposiciones legislativas de la Historia contemporánea española porque se puede afirmar que inauguró esta etapa, al plantear un profundo cambio en el origen del poder: de la soberanía de la monarquía absoluta se pasaba a la soberanía nacional.

Efectivamente, el Decreto proclamaba la soberanía nacional antes que fuera establecida en la Constitución de 1812, al afirmar que “los diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación española, se declaran legítimos en Cortes Generales y Extraordinarias y que reside en ellos la soberanía nacional”. Además, obligaba al Consejo de Regencia, heredero de la Junta Suprema Central, a reconocer “la soberanía nacional de las Cortes” y a jurar obediencia de lo que de ella se emanase. Posteriormente, la Constitución desarrollaría, tanto el concepto de “nación española”, como el de soberanía. La nación española sería la reunión de todos los españoles de “ambos hemisferios”, considerando como tales a los habitantes de la América colonial. La nación, además, era libre e independiente y no pertenecía a ninguna familia ni persona. Por fin, en el artículo tercero se proclamaba la soberanía nacional. A la nación le competía en exclusiva el derecho de establecer sus leyes fundamentales.

Dicho Decreto pretendía, además, dejar clara la ilegalidad de las abdicaciones de Bayona, por las que Fernando VII, así como su padre, aunque no es citado en el texto, abdicaron y cedieron el trono al hermano mayor de Napoleón, José Bonaparte. Dicha ilegalidad se basaría, según lo dispuesto, en la violencia que intervino en el hecho, pero, fundamentalmente y en consonancia con la soberanía nacional, porque no se realizó con el consentimiento de la nación. Así pues, el nuevo régimen josefino sería ilegítimo, quedando patente que un rey no podía acceder a un trono o dejarlo sin que mediase la voluntad de la nación. Por último, el Decreto establecía la división de poderes, otro pilar fundamental de la contemporaneidad, de la Revolución liberal. A las Cortes le correspondería el poder legislativo “en toda su extensión”. El desarrollo legislativo exhaustivo sobre las Cortes se daría en el Título III de la Constitución.

El 23 de diciembre de 1810 se creaba la comisión encargada de elaborar el proyecto constitucional. El proceso constituyente generó un intensísimo debate, especialmente en lo concerniente al modelo de Monarquía. Tras año y medio de discusión, la Constitución se promulgó el 19 de marzo de 1812. El texto afirmaba la soberanía nacional. Se reconocían derechos y libertades individuales y la igualdad ante la ley. La división de poderes también era un principio fundamental: el poder legislativo correspondería a las Cortes, con una única cámara; el poder ejecutivo quedaba en manos el rey y de su gobierno por él designado, y el poder judicial sería independiente en los tribunales. La religión católica era la única de la nación española, es decir, el Estado sería confesional. Supuso una de las concesiones de los liberales a los absolutistas. Se establecía el sufragio universal masculino para la elección de los diputados de las Cortes, pero para ser candidato era necesario disponer de rentas propias, por lo que no todos los españoles varones podía ser diputados. Se creaba la Milicia Nacional, cuerpo de civiles armados para la defensa del orden constitucional. Por otro lado, España debía contar con un ejército propio permanente. El modelo de Monarquía sería constitucional y hereditaria. El rey promulgaba las leyes aprobadas por las Cortes y tenía el derecho de veto transitorio, es decir, que al final, la decisión de las Cortes era la que prevalecía. España se organizaría territorialmente en provincias y municipios, cuyos alcaldes debían ser elegidos. El modelo territorial liberal era centralista. Se estableció el derecho a la educación al proclamarse que en todas las poblaciones debía haber escuelas primarias, un derecho que tardaría mucho en volver a aparecer en un texto constitucional español. Se establecía la libertad económica con supresión de los gremios, la abolición de los señoríos, la libertad para cercar las tierras, libertad de industria y de contratación.

Pero la Constitución de 1812 apenas pudo aplicarse en un país en guerra y ocupado por los franceses, y después porque en 1814 fue abolida por Fernando VII, en plena restauración del absolutismo. Estuvo en vigor en el Trienio Liberal (1820-1823), y desde agosto de 1836 hasta junio de 1837, cuando fue aprobada una nueva Constitución, pero el espíritu y la letra de la Constitución gaditana fueron referencia constante durante todo el siglo XIX español, además de para otros países, al convertirse en una especie de mito del liberalismo y de las revoluciones liberales.

Las Cortes de Cádiz, además de la Constitución, aprobaron una serie de medidas de carácter económico y social que supusieron una ruptura total con las estructuras del Antiguo Régimen. En primer lugar, se aprobó la desamortización de las propiedades de los afrancesados por considerarlos traidores, de las disueltas Órdenes Militares, de los conventos destruidos por la guerra y la mitad de las tierras de los concejos, los propios y baldíos. Su propósito inicial fue el de intentar sanear los problemas hacendísticos del Estado. Se eliminaron los mayorazgos. Se suprimió el régimen señorial y se abolieron los derechos feudales y los señoríos jurisdiccionales, es decir, la dependencia de los campesinos en relación con los señores, que ya no podrían administrar justicia ni percibir rentas, aunque conservaron casi todos sus bienes porque sus posesiones serían convertidas en propiedades privadas. Se estableció la libertad de trabajo y de contratos. Esto suponía abolir los gremios. Se trataba de la aplicación de los principios del liberalismo económico. Es importante destacar que esta libertad de contratación y de empresa tenía su contrapartida: el final de la cobertura laboral y ante los riesgos de la vida que tenían los gremios hacia sus miembros. Se suprimió la Inquisición.

Pero, al igual que la Constitución, estas medidas apenas pudieron aplicarse a causa de la guerra y de la restauración posterior del absolutismo. En todo caso, esta legislación fue el referente de las futuras leyes y reformas que los liberales desarrollaron posteriormente.

Estatuto Real

Tras la muerte del rey Fernando VII, María Cristina -la reina gobernadora- se hizo cargo de la Regencia y nombró un gobierno presidido por Cea Bermúdez, aún defensor de la monarquía absoluta, aunque con reformas, como las llevadas a cabo por el ministro Javier de Burgos (antiguo afrancesado), en relación con la división provincial, vigente en lo esencial hasta hoy.

El inicio de la guerra carlista obligó a la regente, poco propicia hacia el liberalismo, a cambiar el signo del gobierno. En enero de 1834 llamó a Martínez de la Rosa para formar uno nuevo integrado por liberales. Martínez de la Rosa concibió un nuevo régimen político, a través del Estatuto Real, carta otorgada que, en realidad más que otorgada, era una convocatoria de Cortes con dos cámaras: el Estamento de Próceres o cámara alta, y el Estamento de Procuradores o cámara baja. La Corona no renunciaba a la soberanía, entendida como histórica y depositada en las Cortes con el rey. Las Cortes solamente podían legislar a propuesta del monarca, que era quien las convocaba. El sufragio era censitario y se restringía a no más de unas 16.000 personas en España, los que más altas rentas y capacidades, es decir, los “capaces” de entender el sistema político: magistrados, catedráticos, abogados, médicos, comerciantes y empresarios.

Esta reforma constitucional no satisfizo a los liberales más progresistas, que reclamaban mayor participación ciudadana y el retorno al espíritu de las Cortes de Cádiz, así como de la Constitución de 1812. Para los absolutistas era, en cambio, casi una revolución y pasaron a engrosar las filas del carlismo. Solamente, los moderados defendieron esta reforma.

Constitución de 1837

El conde de Toreno sustituyó a Martínez de la Rosa en la presidencia del gobierno en junio de 1835. Durante su mandato, llevó a cabo grandes reformas, especialmente, las emprendidas por Juan Álvarez Mendizábal, ministro de Hacienda. Se decretó la disolución de los conventos con menos de doce religiosos y se disolvió la Compañía de Jesús. La Milicia Nacional protagonizó levantamientos, formando juntas, para asumir el gobierno “revolucionario” anticlerical y antiabsolutista, con asaltos a conventos, e incendios de fábricas.

Como consecuencia de las medidas de gobierno y de la “revolución de 1835”, se rompieron las relaciones con la Santa Sede y el clero regular abrazó la causa carlista. El gobierno de Toreno ordenó la disolución de las juntas, pero la tensión revolucionaria no disminuyó. La reina gobernadora llamó a Mendizábal, liberal progresista, para formar gobierno. Mendizábal emprendió una intensa labor reformadora, siendo la principal la desamortización de los bienes del clero, además de reorganizar la Milicia Nacional, convirtiéndola en “Guardia Nacional” e integrar las juntas dentro de las diputaciones provinciales. Mendizábal estaba empeñado en terminar la guerra carlista y sanear la hacienda pública a través de la desamortización. Fracasó en ambas cuestiones. Se plantearon elecciones en febrero de 1836, ganadas por los progresistas, aunque fracasaron en el gobierno. María Cristina llamó al gobierno a Istúriz, progresista, pero con ministros moderados, como Alcalá Galiano y el duque de Rivas.

Pero la situación política no terminaba de estabilizarse. A finales de julio la Guardia Nacional se declaró a favor de la Constitución de 1812, pero ante la negativa de la regente a aceptar este cambio constitucional, el 12 de agosto se produjo la rebelión de los sargentos en La Granja que obligó a la reina gobernadora a restablecer la Constitución de 1812. Subió al poder otro gobierno progresista que se dedicó a restablecer gran parte de la legislación del Trienio Liberal y a democratizar los Ayuntamientos al establecerse el sufragio universal para la elección de alcaldes. Pero el resultado más importante del motín y de la nueva situación política fue la convocatoria de unas Cortes para elaborar un nuevo texto constitucional.

La Constitución de 1837, de carácter progresista, recuperaba aspectos del liberalismo de 1812, aunque aceptaba planteamientos importantes del liberalismo moderado. Con esta decisión se perseguía crear un texto constitucional de consenso entre las dos corrientes del liberalismo.

En relación con el liberalismo progresista se mantuvo la separación de poderes y la importancia concedida a los derechos individuales.

En relación al liberalismo moderado, la nueva Constitución reforzaba el poder de la Corona. Aunque se mantenía el principio de la soberanía nacional, este se matizó, puesto que la potestad legislativa se atribuyó conjuntamente a las Cortes y el rey. Era una aproximación al concepto de soberanía compartida. La Corona tenía el derecho de veto y podía disolver las Cortes. Por otro lado, las Cortes pasaron a ser bicamerales: Congreso de Diputados y Senado.

Otra aproximación hacia el liberalismo moderado fue la ley electoral de 1837, al establecer el sufragio censitario. En las elecciones solamente podía participar el 2% de la población. Esta ley inauguró una práctica común del siglo XIX española: el falseamiento de los resultados electorales y el control del proceso electoral por parte del gobierno.

Constitución de 1845

La principal figura política de la primera década del reinado de Isabel II fue el general Narváez. Estableció un sistema de fuerte autoritarismo que intentó frenar a las clases sociales desfavorecidas y proporcionó la estabilidad necesaria para que la burguesía pudiera enriquecerse, en línea con lo que hacían otros regímenes políticos europeos.

La Constitución de esta época, y que estuvo en vigor hasta el Sexenio Democrático, es la de 1845. Se trata de una Constitución moderada, cuyas principales características son las siguientes: soberanía compartida entre las Cortes y la Corona, limitación de derechos, especialmente los de imprenta y reunión, bicameralismo, con Congreso y Senado, siendo los senadores de designación real, convocados por el rey, supresión de la milicia nacional, unidad católica y un sufragio censitario muy restrictivo.

Los gobiernos de la década moderada emprendieron una intensa actividad legislativa para asentar las bases del Estado Liberal según sus planteamientos:

  1. Reorganización territorial del Estado: se mantuvo la división provincial de J. de Burgos, pero se estableció en cada provincia la figura del gobernador civil. Los alcaldes pasaron a ser designados por el rey en los grandes municipios, o por los gobernadores en los pequeños.
  2. Reorganización de la instrucción pública: se centralizó la educación, perdiendo la Iglesia su monopolio en esta materia. Esta centralización se basó en el establecimiento de planes de estudios iguales para toda España. En teoría la educación primaria era destinada para todo el pueblo, aunque la Secundaria para las clases medias. En esta época se aprobó la Ley de José Pidal de 1845.
  3. Intentos de independizar la administración de la política. Se intentó crear una burocracia con la Ley de Funcionarios, que fijó el sistema de acceso a los cuerpos de la administración y el sistema de ascensos en virtud de la antigüedad y los méritos.
  4. Reforma fiscal. La Ley de Alejandro Mon y Ramón de Santillán de 1845 pretendía sanear la maltrecha hacienda española. Se reformó el sistema tributario: creación de nuevos impuestos, elaboración de un plan para su cobro y un sistema de contabilidad para comprobar con rigor los ingresos y gastos del Estado. La Ley estableció dos tipos de impuestos: los directos e indirectos. El impuesto indirecto sobre el consumo de bienes fue fuente constante de problemas sociales porque gravaba los productos de primera necesidad.
  5. Orden Público. Los moderados tenían en el mantenimiento del orden público una de sus grandes prioridades. Elaboraron un nuevo Código Penal (1848), que con sucesivas reformas ha llegado hasta los años noventa del pasado siglo. También, crearon la Guardia Civil, cuerpo militar, pero con funciones civiles de mantenimiento del orden en el medio rural.

Constitución non nata de 1856

La Década moderada, en pleno reinado de Isabel II, entró en crisis en 1854, muy vinculada a la profusión de casos de corrupción, especialmente relacionados con la construcción del ferrocarril. Además, la situación económica de crisis alentó la tensión social. Bravo Murillo reaccionó gobernando con más dureza, por lo que la presión de la oposición se radicalizó. Como el sufragio era censitario y el sistema electoral estaba manipulado, los progresistas utilizaron el procedimiento del pronunciamiento para acceder al poder. El 28 de junio de 1854 se produjo la Vicalvarada, con los generales Dulce, O’Donnell y Ros de Olano como protagonistas. La situación se mantuvo incierta hasta que los sublevados publicaron el Manifiesto de Manzanares, que recogía algunas de las propuestas progresistas. Se dieron varios levantamientos en algunas ciudades que terminaron por forzar a Isabel II a recurrir a Espartero, quien se autoproclamó presidente del consejo de ministros. O’Donnell ocuparía la cartera de la Guerra. El nuevo gobierno restauró provisionalmente la Constitución de 1837. Se aprobó una nueva ley municipal en línea progresista: ampliación del derecho de sufragio y no intervención del gobierno en la elección de los alcaldes. En el Bienio se emprendió una nueva desamortización (1855), la impulsada por Pascual Madoz, de mayor envergadura que la de Mendizábal, ya que puso en venta el doble de bienes. Además, no sólo se ocupó de propiedades eclesiásticas, sino, sobre todo, de las de uso y propiedad común. Fue importante también la Ley de los ferrocarriles de 1855.

El gobierno convocó elecciones a Cortes Constituyentes, una promesa de la Vicalvarada. Ganaron los candidatos gubernamentales, en una especie de coalición formada por los puritanos, es decir, los moderados menos conservadores, y los liberales más moderados, entre los que destacaría Manuel Cortina. Estaríamos en los orígenes de la futura Unión Liberal. En este sentido, un joven Antonio Cánovas del Castillo, autor del Manifiesto de Manzanares, pronunció un discurso en diciembre en el Congreso donde manifestaba la voluntad de crear un tercer partido, la Unión Liberal. A la derecha había un pequeño grupo de moderados y a la izquierda los demócratas, aunque hay que destacar un grupo, que podríamos denominar de “centro-izquierda”, formado por liberales progresistas que no deseaban ingresar en la coalición, como serían Salustiano Olózaga o el joven Sagasta.

El debate constitucional comenzó pronto, y fue intenso en relación con la cuestión religiosa, especialmente por la postura intransigente de la Iglesia Católica, a pesar de que se establecía una propuesta muy tímida, ya que la idea de los demócratas de que se aprobase la plena libertad de cultos fue rechazada por la mayoría gubernamental. Se pretendía que no se podría perseguir a nadie por sus creencias religiosas, siempre y cuando no se manifestasen en actos públicos contrarios a la religión católica, y partiendo de la reafirmación de que el Estado tendría obligación de sostener a la Iglesia y el culto, como se había establecido en la década moderada. La nueva desamortización provocó más tensiones, y se llegaron a romper relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Por otro lado, hubo un resurgimiento de partidas carlistas.

También es interesante recordar que hubo un debate sobre la necesidad de que la educación primaria fuera verdaderamente gratuita y sobre el sufragio universal, propuestas de los demócratas que no prosperaron. El liberalismo progresista o algo más templado de la coalición, aunque deseaba superar el excesivo conservadurismo de los moderados, no pretendía, realmente democratizar el régimen político.

La Constitución partía del reconocimiento de la soberanía nacional, sin alusiones a que se compartiera con la Corona, pilar ideológico del liberalismo conservador o doctrinario español. Se establecía un más amplio reconocimiento de derechos individuales, frente al modelo de la Constitución moderada de 1845. En algunos aspectos, constituyó la base de la futura Constitución de 1869, después de la Revolución Gloriosa de 1868.

En 1855, el estallido de una huelga en Barcelona y la propagación de una epidemia de cólera contribuyeron a enrarecer la situación política, marcada, desde 1854, por los sucesivos cambios de gobierno, a causa de la difícil convivencia en el poder de progresistas y unionistas.

En el verano de 1856, aprovechando el desconcierto provocado por unas revueltas populares en Madrid, O’Donnell abolió la Milicia Nacional y volvió a proclamar la Constitución de 1845, al tiempo que apartaba a Espartero del poder. Pero tres meses después, la reina optó por Narváez, más afín a sus planteamientos, apartando a O’Donnell del poder. Así pues, la Constitución de 1856 nunca sería promulgada, y no entró en vigor.

Constitución de 1869

El Pacto de Ostende, que unió a progresistas y demócratas contra el sistema isabelino, se firmó en 1866. A la muerte de O’Donnell, los unionistas se incorporaron al pacto para derribar a la reina Isabel II y acabar con su régimen político.

El 17 de septiembre de 1868 la revolución se inició con la sublevación del almirante Topete en la bahía de Cádiz apoyado por Prim (progresista) y Serrano (Unión liberal). El movimiento se extendió por todas partes con levantamientos populares y organización de juntas revolucionarias locales. Serrano vencía al ejército gubernamental en la Batalla del Puente de Alcolea. La reina huyó a Francia, y se constituyó un gobierno provisional presidido por el general Serrano, convocándose elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal directo para enero de 1869.

Bajo la aparente unidad de los protagonistas de la Revolución habría al menos dos grandes bloques sociopolíticos:

-Progresistas, unionistas y demócratas moderados, cuya base social estaba formada por la clase media que se identificaba con los planteamientos del gobierno provisional, aspirando a un cambio meramente político con un régimen más abierto y representativo que el isabelino, pero sin planteamientos sociales radicales y ni propuestas revolucionarias.

-Republicanos: escindidos del Partido Demócrata. Tenían el apoyo popular. Pretendían cambios políticos más radicales, como el establecimiento de la República, y la defensa de un programa de reformas socioeconómicas profundas. Sus propuestas coincidían con las de las juntas revolucionarias, disueltas por el gobierno provisional.

Los votantes otorgaron la mayoría absoluta a las fuerzas gubernamentales: unionistas, progresistas y demócratas monárquicos con 236 escaños. Lejos quedaron los republicanos y los carlistas, con 80 y 20 diputados, respectivamente. De estas Cortes resultará la Constitución de 1869, la primera democrática de la historia de España. Sus características generales son las siguientes:

-Una avanzada declaración de derechos individuales: derecho a la participación política, sufragio universal masculino, libertad de imprenta, libertad de culto, aunque la nación estaría obligada a mantener el culto y a los ministros de la religión católica, derecho de reunión y de asociación.

-Soberanía nacional. Todos los poderes emanarían de la nación.

-Clara división de poderes y sistema bicameral.

-Monarquía.

-Protagonismo de las Cortes como máximo órgano representativo de la nación con función legislativa y de control al gobierno. Se limitaba el poder del rey.

Aprobada la Constitución, Serrano fue nombrado regente, en ausencia de un rey; y Prim, jefe del gobierno. El objetivo de ambos era buscar un monarca y frenar la insurrección en Cuba iniciada en 1868, además de las sublevaciones de los republicanos, desengañados por la falta de soluciones para la cuestión social y por la decisión de establecer un sistema monárquico.

Proyecto de Constitución federal de 1873

El 11 de febrero de 1873 nacía la Primera República.

Ante la abdicación del rey Amadeo I el 10 de enero de 1873, las Cortes, en sesión conjunta del Congreso y Senado, proclamaron la República por 285 votos contra 32 al día siguiente, pero este hecho no consiguió estabilizar la agitada vida política española, ya que a los problemas heredados - levantamiento carlista y guerra de Cuba-, se añadió en el seno del republicanismo la división entre unitarios y federalistas. Por otro lado, se agudizaron las diferencias entre los federalistas más moderados y los intransigentes a la hora de establecer el federalismo, ya fuera desde arriba, ya desde abajo. En esta etapa, además, hay que tener en cuenta la presión social que asociaba la República a la necesidad de reformas importantes en favor de las clases populares, como serían la eliminación de los consumos -impuestos indirectos-, o el sistema de quintas, sin olvidar las cuestiones salariales y de limitación de la jornada laboral.

Fuera del ámbito republicano y democrático, los sectores contrarios al establecimiento de un sistema político plenamente democrático trabajaban para liquidar la República, ya fuera desde el extremismo carlista, ya desde las posiciones monárquicas alfonsinas.

La República tuvo cuatro presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi i Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.

En el período de Figueras se dio un pronunciamiento por parte de los radicales, aunque fracasó. Este hecho motivó que Martos y Serrano huyeran a Francia. En mayo se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes en las que triunfaron los republicanos federalistas con una aplastante mayoría de 344 diputados sobre 391. En la primera votación se proclamó la República Democrática Federal.

Pi i Margall accedió a la presidencia de la República el día 11 de junio. El nuevo presidente fracasó a la hora de establecer desde arriba una estructura federal de forma ordenada. La insurrección cantonalista se extendió con gran rapidez en gran parte del este y sur peninsulares. Los cantones serían unidades políticas inferiores a partir de las cuales se debería formar la federación española, es decir, era un movimiento que pretendía montar la estructura federal desde la base. El cantonalismo tuvo un evidente componente social reivindicativo, por lo que debe ser entendido, a su vez, como una reacción ante la posible derechización de la República. Alcoy y Cartagena fueron las principales ciudades que se proclamaron cantones. Fue muy complicado reprimir el cantonalismo, no sólo por su extensión, sino, también porque coincidió con la presión carlista. Estos levantamientos provocaron la dimisión de Pi i Margall, a pesar de que intentó frenar el movimiento a través de una avanzada legislación social: regulación del trabajo infantil, abolición de la esclavitud en Cuba y un proyecto de reorganización del ejército.

Pi i Margall presentó a las Cortes un proyecto de Constitución para la República federal, aunque la discusión parlamentaria no comenzó hasta agosto, con Salmerón en el poder, cuando casi todos los cantones habían sido derrotados. Pero los graves problemas del período alargaron mucho el proceso constituyente.

La Constitución de 1873 recogía una estructura federal del Estado: España se organizaría en municipios, estados regionales y el Estado federal o Nación. Además, se establecía la soberanía popular con sufragio universal. Por vez primera, se proclamaba la separación entre la Iglesia y el Estado. Esta Constitución nunca entró en vigor, pero tiene una gran trascendencia histórica porque diseñaba una democracia y un modelo de organización territorial no centralista.

Constitución de 1876

Después del pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre de 1874, Alfonso XII, hijo de Isabel II, fue proclamado rey.

Antonio Cánovas del Castillo buscó la estabilización de la vida política, recogiendo el sentir de la burguesía. En primer lugar, tenía que terminar con los dos grandes conflictos bélicos heredados de la época anterior: la tercera guerra carlista y la guerra de los diez años en Cuba. En 1876 finalizaba la guerra carlista, con la marcha a Francia del pretendiente Carlos VII. En 1878 concluía la guerra de los Diez Años en Cuba.

En segundo lugar, esa estabilización se basaría, como veremos, en la elasticidad de una nueva Constitución, y en la integración en el sistema de los dos partidos que representaban las dos corrientes del liberalismo español, a través del mecanismo del turnismo. Y, por fin, la estabilización pasaría por la consolidación del poder civil sobre el militar, relegando al ejército a los cuarteles y evitando su intervención.

Cánovas diseñó un nuevo sistema político, basado en la solidez para superar la inestabilidad anterior. Para ello, buscaría la inspiración en el modelo político inglés con la alternancia de dos grandes partidos, y con la consolidación de dos instituciones fundamentales: Monarquía y Parlamento, a pesar de las evidentes diferencias entre ambos países.

La nación, para Cánovas, era una creación histórica configurada en el tiempo. De su experiencia histórica surgiría una constitución interna propia. La Historia habría convertido a la Monarquía y a las Cortes en instituciones fundamentales de la constitución interna de la nación española. Por consiguiente, las dos debían ejercer la soberanía conjuntamente. Como se observa, Cánovas retomaba los principios del liberalismo doctrinario en relación con la soberanía compartida.

Siguiendo el modelo bipartidista inglés, Cánovas pretendía que la labor del Gobierno recayese, en exclusiva, en dos partidos, alternándose en el poder y en la oposición, evitando las consecuencias de inestabilidad que se habían derivado del cuasi monopolio del poder por parte de los moderados en el reinado de Isabel II. Otra cuestión es cómo fue el funcionamiento real de la alternancia en el poder, que se basaba en la manipulación electoral, especialmente cuando se aprobó en 1890 el sufragio universal. Para formar el sistema de partidos organizó el Partido conservador y obtuvo la colaboración de Sagasta para formar el Partido liberal. Fuera del sistema quedarían los republicanos y los carlistas.

Se reunieron Cortes Constituyentes después de unas elecciones. El resultado fue la aprobación de una Constitución de signo moderado basada en la del 45, pero con algunas aportaciones de la del 69. Esta Constitución de 1876 estuvo en vigor hasta el golpe de Miguel Primo de Rivera en 1923.

Se trataría de un texto caracterizado por la elasticidad, es decir con un articulado poco preciso que le hacía compatible con Gobiernos distintos. Se podrían variar leyes sin cambiar la Constitución y eso daría estabilidad, algo de lo que se había carecido con otras Constituciones anteriores mucho más rígidas.

Se proclamaba la soberanía compartida entre la Corona y las Cortes. La declaración de derechos sería semejante en apariencia a la de 1869, pero se limitaba a reconocerlos y dejaba la regulación concreta de su ejercicio a leyes posteriores. Esto permitió a los Gobiernos limitar o anular los derechos por ley. En general, los conservadores los restringían, y los liberales los ampliaban, cuando ejercían el poder.

Después de un duro debate parlamentario se impuso la opinión de Cánovas en materia religiosa: catolicismo como religión oficial del Estado y se prohibieron las manifestaciones públicas de otras religiones, aunque se reconoció la libertad individual de culto.

La Corona conservaba amplias prerrogativas según la tradición moderada: mantendría el poder ejecutivo, tenía potestad legislativa con las Cortes, nombraba y separaba libremente a los ministros, sancionaba y promulgaba leyes, convocaba, disolvía y suspendía las Cortes, que era bicamerales. El Senado tendría un carácter elitista y conservador con senadores vitalicios por derecho propio (nobles, clero, altos funcionarios…), senadores vitalicios de nombramiento regio, senadores elegidos por los mayores contribuyentes y las corporaciones. El Congreso de los Diputados sería electivo, en principio por sufragio censitario, aunque luego, como hemos visto, se cambió.

Cánovas construyó un sistema político duradero, en principio, aunque cada vez más alegado de la realidad social, y que comenzó a sufrir una profunda crisis a partir del Desastre del 98, que se amplió durante el reinado de Alfonso XIII por su incapacidad para democratizarse plenamente.

Constitución de 1931

Las elecciones de junio de 1931 fueron las más democráticas celebradas hasta entonces en la Historia contemporánea de España. Podían votar los varones mayores de 23 años. La participación fue de un 70% y otorgó la victoria a los partidos de izquierda. El partido más votado fue el PSOE con 116 diputados, seguido por el P. Radical con 90 escaños, aunque ya no podría ser considerado un partido de izquierdas. En conjunto, la izquierda obtuvo 279 escaños por 160 del centro-derecha.

La composición de la cámara constituyente explica el carácter democrático y progresista del texto constitucional. Parece evidente la huella de los socialistas en la Constitución. Su discusión fue intensa y generó grandes debates fuera y dentro de la cámara, especialmente los relacionados con la religión y la autonomía. Sus principales características serían las siguientes:

  1. España quedaba definida como “una república democrática y de trabajadores de toda clase que se organiza en régimen de libertad y justicia”.
  2. Declaración de Derechos más amplia hasta entonces del constitucionalismo español.
  3. La propiedad privada de los medios de producción se subordinaba a los intereses de la economía nacional, por lo que se establecen mecanismos de nacionalizaciones de empresas o sectores económicos.
  4. Las Cortes, como poder legislativo, adquieren gran poder y protagonismo, tanto en lo legislativo como en el control del ejecutivo. Constaría de una sola cámara elegida por sufragio universal.
  5. Después de un encendido debate se reconoce el sufragio femenino.
  6. El gobierno era responsable ante las Cortes, que podían retirarle su confianza en cualquier momento. En cuestión religiosa, España se declaraba como un estado laico, reconociéndose la libertad de conciencia y la práctica de cualquier religión, aunque se prohibía a la Iglesia ejercer la industria, el comercio y la enseñanza.
  7. En materia educativa y cultural el Estado adquiría un claro protagonismo. El Estado tenía obligación de extender la educación y la cultura a toda la población sin discriminación alguna.
  8. Se estableció que varias provincias podrían organizarse en región autónoma, pero se prohibía la federación de dos o más regiones. La distribución de competencias entre el Estado y las regiones autónomas se hizo con criterios más favorables hacia el primero. Los estatutos de autonomía debían ser aprobados por las Cortes.

La Constitución fue aprobada el 9 de diciembre de 1931. Este texto constitucional no nació del consenso. La derecha republicana la rechazó y mostró su disposición a revisarla en cuanto tuviera ocasión.

Doctor en Historia. Autor de trabajos de investigación en Historia Moderna y Contemporánea, así como de Memoria Histórica.

Europa en su cenit
El republicanismo en España
El Antiguo Régimen. Sus estructuras sociales, económicas y políticas
El tiempo de las Revoluciones. De 1820 a 1848
Historia del socialismo español
La España del Siglo XVIII. Luces y sombras del reinado de los borbones
Del abrazo de Vergara al Bando de Guerra de Franco
Episodios que cambiaron la Historia de España

Tu opinión importa. Deja un comentario...


Los comentarios que sumen serán aceptados, las críticas respetuosas serán aceptadas, las collejas con cariño serán aceptadas, pero los insultos o despropósitos manifiestamente falsos no serán aceptados. Muchas gracias.

Periodismo riguroso
y con valores sociales
El periodismo independiente necesita el apoyo de sus lectores y lectoras para continuar y garantizar que los contenidos incómodos que no quieren que leas, sigan estando a tu alcance. ¡Hoy con tu apoyo, seguiremos trabajando por un periodismo libre de censuras!
Slider