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Los socialistas ante la forma de Estado en 1978


Foto de archivo de Luis Gómez Llorente / Foto coloreada por El Obrero. Foto de archivo de Luis Gómez Llorente / Foto coloreada por El Obrero.

Recordamos la intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, de Luis Gómez Llorente en el debate para la elaboración de la Constitución en mayo de 1978. Debemos recordar que el PSOE se abstuvo cuando se votó el apartado del artículo 1 de la Constitución que establecía que la forma de política del Estado era la Monarquía Parlamentaria, siendo fiel a lo que el Grupo había expresado semanas antes por boca de Gómez Llorente.

“La ruptura de estas Cortes con el anterior régimen político de la dictadura se manifiesta precisamente en el hecho de proceder a elaborar una nueva Constitución para España, edificando un Estado de nueva planta bajo la inspiración de principios totalmente distintos y tomando como fuente de legitimación para ello el mandato recibido del pueblo el 15 de junio de 1977.

Ahora bien, al asumir este Parlamento la expresión de la soberanía del pueblo y proceder a elaborar la nueva Constitución que en su día sea sometida al refrendo popular, asumimos la obligación de replantear todas las Instituciones básicas de nuestro sistema político sin excepción alguna. Incluso la forma política del Estado y la figura del Jefe del Estado, porque sería de todo punto incompatible con la soberanía que por delegación del pueblo ostentan las Cortes Constituyentes qua ninguna Institución se hurtara a sus facultades.

En este sentido nuestro Grupo Parlamentario expresa su profunda convicción de que todo poder sólo es legítimo en tanto que sea expresión de la voluntad popular libremente emitida, expresamente declarada a través de formas auténticamente democráticas. La forma de Gobierno y la figura del Jefe del Estado no se sitúan más allá de ese principio y, por ello, para nosotros no puede ostentar otro carácter de legitimidad, sino su asentamiento constitucional.

Ni creemos en el origen divino del Poder ni compartimos la aceptación de carisma alguno que privilegie a este o a aquel ciudadano simplemente por razones de linaje. El principio dinástico por sí solo no hace acreedor para nosotros de poder a nadie sobre lo demás ciudadanos. Menos aún podemos dar asentimiento y validez a los actos del dictador extinto que, secuestrando por la fuerza la voluntad del pueblo, y suplantando ilegítima mente su soberanía, pretendieron perpetua sus decisiones más allá de su poderío personal despótico, frente al cual los socialistas hemo, luchado constantemente.

Por otra parte, tampoco se trata de aceptar la Monarquía meramente como una situación de hecho. Allá los partidos que reclamándose de la izquierda piensan que algo tan trascendente y duradero como la forma política del Estado puede darse por válida a merced de razones puramente coyunturales de pactos ocasionales, o de gratitudes momentáneas. No somos nosotros de aquellos que pueden hacer el tránsito súbito en unos meses desde el insulto a la institución y la befa a la persona que la encarna, al elogio encendido y la proclamación de adhesiones entusiastas con precipitada incorporación de símbolos a enseñas. Da la casualidad de que donde ésos gobiernan fueron derribadas violentamente las Monarquías, y no precisamente por plebiscito.

Bien al contrario, la actitud de los socialistas ante la institución monárquica es más serena, más de principios, más estable, probablemente más sincera. No ocultamos nuestra preferencia republicana, incluso aquí y ahora, pero sobrados ejemplos hay de que el socialismo, en la oposición y en el Poder, no es incompatible con la Monarquía cuando esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular y a la voluntad de reformas y aun trasformaciones que la mayoría del pueblo desee en cada momento, ya sea en el terreno político o económico.

Alguien se ha permitido decir recientemente que si los socialistas creyéramos que podía prosperar nuestro voto particular republicano no lo hubiéramos presentado, o lo hubiéramos retirado, y que, por tanto, lo mantenemos con insinceridad y con demagogia. Esto no es cierto. Se equivocan quienes así hablan, o acaso no nos comprendan porque es difícil entender a otro cuando se parte de una propia manera de hacer da política harto distinta de la nuestra, probablemente condicionada la suya por tantos y tan graves errores que apresuradamente tienen que dar muestras de rectificación.

Lo cierto es que si nuestro voto particular republicano tuviera éxito es porque se darían las condiciones de mayoritario consenso aquí y ahora en hl sentido, y en consecuencia lo mantendríamos con idéntica decisión.

Mas, cabe entonces preguntarse: si los socialistas están conscientes de que en estas Cortes van a ser minoritarios en este punto, ¿por qué mantienen su voto particular sobre la forma política del Estado?

Es sencillo contestar, Señorías: por honradez, por lealtad con nuestro electorado, por consecuencia con las ideas de nuestro partido, porque lo sentimos como un mandato que debemos cumplir de tantos y tantos republicanos que, no habiendo podido concurrir en cuanto tales a las elecciones del 15 de junio, depositaron en nosotros su confianza, sabedores de que hacemos honor a nuestros empeños; también, Señorías, porque cuando se tiene un tan amplio respaldo popular, avalado por una larguísima historia de décadas de lucha por la democracia y la igualdad social, podemos y debemos proseguir una línea de conducta en verdad clara y consecuente. Estamos conscientes de ser los actuales socialistas depositarios de esa trayectoria que fundamenta la credibilidad de grandes masas en nuestro partido, en el partido de Pablo Iglesias, y nos sentimos inexorablemente obligados a continuarla sin mixtificaciones.

Por tanto, puestos en la tesitura constituyente, impelidos los socialistas a definimos sobre la forma política del Estado, mantenemos nuestro criterio y definimos claramente nuestra posición sobre el tema.

Sin embargo, no pretendemos con esto fragilizar el nuevo régimen, ni por nuestra aptitud quedará en precario ninguna de sus instituciones, pues a nadie se le escapa que someter a discusión clara y profunda cada una de ellas, y hacer que todas nazcan del contraste previo de les opiniones y la ulterior decisión democrática sobre cada una, el sistema -en su conjunto y en sus partes- de la nueva democracia española quedará más firmemente consolidado y aceptado.

Empero, sin mengua del valor positivo que damos desde ahora a la Constitución que se otorgue a nuestro pueblo, nosotros reafirmamos ante las Cortes Constituyentes la postura propia de muestras ideas y de nuestra historia, lo que nos lleva a defender la forma de gobierno republicana por diversas razones que sería imposible agotar en el breve plazo que el Reglamento concede a la defensa de un voto particular, pero que parece inexcusable, al menos, apuntar en ciertos rasgos.

Entendemos que la forma republicana del Estado es más racional y acorde bajo el prisma de los principios democráticos.

Del principio de la soberanía popular en sus más lógicas consecuencias, en su más pura aplicación, se infiere que toda magistratura deriva del mandato popular; que las magistraturas representativas sean fruto de la elección libre, expresa, y por tiempo definido y limitado.

( ... ) Las magistraturas vitalicias, y más aún las hereditarias, dificultan el fácil acomodo de las personas que ejercen cargos de esa naturaleza a la voluntad del pueblo en cada momento histórico. No se diga para contrarrestar este argumento que pueden existir mecanismos en la propia Constitución que permitan alterar esas estructuras, pues resulta obvio que tales cambios llevan consigo un nivel de conflictividad inconmensurablemente mayor que la mera elección y reelección.

( ... ) No merece nuestra aquiescencia el posible contraargumento que nos compense afirmando la neutralidad de los magistrados vitalicios y por virtud de la he rencia, al situarse más allá de las contiendas de intereses y grupos, pues todo hombre tiene sus intereses, al menos con la institución misma que representa y encarna, y por mucho que desee identificarse con los intereses supremos de la Patria, no es sino un hombre, y su juicio es tan humano y relativo como el de los demás ciudadanos a la hora de juzgar, en cada caso, el interés común.


Proyectando este pensamiento a la Historia de España en el lacerado tiempo de nuestros esfuerzos y nuestras luchas desde que comenzaron los intentos de establecer un régimen constitucional, nadie puede afirmar con un mínimo de rigor que haya resplandecido precisamente la neutralidad de la Corona en las contiendas sociales o políticas. Acaso era por eso por lo que exclamaba Pablo Iglesias en el Parlamento el 10 de enero de 1912: «No somos monárquicos porque no lo podemos ser; quien aspira a suprimir al rey del taller, no puede admitir otro rey».

Vuestras Señorías conocen bien las aspiraciones igualitarias que mueven a los socialistas, y con cuánto esmero nos hemos esforzado en la teoría y en la práctica por compatibilizar la libertad y la igualdad. De ahí que veamos con reparos la herencia.

¿Cómo no hemos de sentir alejamiento ante la idea de que nada menos que la Jefatura del Estado sea cubierta por un mecanismo hereditario? 
El hecho de que todos hablemos hoy aquí con respeto de las personas de los actuales monarcas y de su familia, entenderán que no empaña nuestras razones, y por respeto a las personas citadas nos abstenemos de entrar en análisis y ejemplos de los Reyes de otro tiempo.

Empero, en el orden de las ideas, nadie sensato puede sentirse ofendido por escuchar la del otro, y cualquiera ha de entender que quienes nos sentimos impulsados por la lucha contra el privilegio, y no aceptamos otra carta de singular retribución que el propio esfuerzo y el mérito, prefiramos la República como forma de gobierno.

( ... ) Antes de concluir nos parece imprescindible recordar que los socialistas no somos republicanos sólo por razones de índole teórica. Menos aún, los socialistas españoles. Pertenecemos, ciertamente, a un partido, el PSOE, que se identifica casi con la República, y no en vano, porque fue el pilar fundamental en el cambio de régimen del catorce de abril de mil novecientos treinta y uno.

( ... ) Durante bastantes años, el PSOE no hizo causa común con el republicanismo en cuanto tal. Sin embargo, hacia 1909 se impuso como una necesidad imperiosa la conjunción republicano-socialista. ¿Para qué? Para combatir el caciquismo, simplemente para algo tan elemental como conseguir unas verdaderas libertades públicas y un régimen democrático honesto.

Hacia 1917, todo lo más sano del país reclamaba Cortes Constituyentes al monarca, pero esas voces de regeneración fueron desoídas.
La Monarquía perdió una ocasión excepcional de europeizarse políticamente. Pocos años después, agotado en sus propios defectos y miserias, el régimen acudía, sin ambages, a violar la Constitución: a la dictadura.
Ved, Señorías, que en España la libertad y la democracia llegaron a tener un solo nombre: ¡República!...

Si en la actualidad el Partido Socialista no se empeña como causa central y prioritaria de su hacer en cambiar la forma de Gobierno, es en tanto en cuanto puede albergar razonables esperanzas en que sean compatibles la Corona y la democracia, en que la Monarquía se asiente y se imbrique como pieza de una Constitución que sea susceptible de un uso alternativo por los Gobiernos de derecha o de izquierda que el pueblo determine a través del voto y que viabilice la autonomía de las nacionalidades y las regiones diferenciadas que integran el Estado.

Pero a la hora en que estamos, y estando por el trance constituyente determinados a definirnos, hemos expuesto nuestros motivos de diversa índole para mantener nuestro voto particular.

Finalmente, señoras y señores diputados, una afirmación que es un serio compromiso. Nosotros aceptamos como válido lo que resulte en este punto del Parlamento constituyente. No vamos a cuestionar el conjunto de la Constitución por esto. Acatamos democráticamente la ley de la mayoría. Si democráticamente se establece la Monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella.”

Intervención de Luis Gómez Llorente, del Grupo Parlamentario Socialista, en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso. Diario de Sesiones del Congreso, 11 de mayo de 1978.