9 de abril: aquel Sábado Santo del PCE

El PCE había sido la principal organización del antifranquismo. El antifascismo del PCE le llevó en 1936 a ser uno de los integrantes del Frente Popular. Hasta 1948 el partido mantuvo una estrategia política basada en la lucha armada. Pero en 1948 llevó a cabo el “giro táctico”. El PCE empezó a infiltrar a su militancia en las estructuras del sindicato vertical. Allí coincidían con militantes del catolicismo social. Producto de todo ello irán surgiendo de forma espontánea las primeras “comisiones obreras”, en las que el PCE verá un mecanismo eficaz de organizar a la clase obrera en la mejora de las condiciones laborales y de extender el movimiento antifranquista utilizando las estructuras del propio sindicalismo vertical franquista.

En 1956 el PCE adoptó la “Política de Reconciliación Nacional”. Para el PCE, transcurridos veinte años del inicio de la guerra civil, la división entre los españoles ya no era la misma, sino que sectores que veinte años atrás habrían estado enfrentados ahora, en los años cincuenta, no tenían por qué estarlo. Era franquismo el que mantenía la división entre los españoles. Esto permitió al PCE no sólo trabajar con sectores cristianos, sino integrar dentro del propio PCE a hijos de los vencedores de la guerra, que quisieran acabar con el régimen de sus padres.

En los años sesenta, con el desarrollo de las Comisiones Obreras y de la política de reconciliación nacional, el PCE fue creciendo en influencia a medida que se incrementaban los conflictos laborales y sociales en la España del momento. La prioridad era la caída de la dictadura, y para ello era necesario aglutinar a todos los sectores antifranquistas, fuesen monárquicos, católicos, republicanos, socialistas, etc.

Franco tiene en 1974 un primer problema de salud grave. Ello equivalía, para todos los actores políticos españoles dentro y fuera del régimen, a la evidencia que se acercaba una España sin Franco. El PCE impulsó una alianza del antifranquismo en la llamada Junta Democrática, dónde los comunistas coincidirían con los cristianos de izquierdas, monárquicos juanistas y carlistas, andalucistas entre otras organizaciones y tendencias. Sin embargo, la propuesta no fue acogida por el PSOE, quien creó su propia estructura opositora, la Plataforma Democrática, dónde agruparía a sectores democristianos y sectores izquierdistas.

En noviembre de 1975 fallecía el dictador. Los primeros meses del reinado de Juan Carlos I fue una suerte de continuación del régimen con un gobierno presidido por Arias Navarro. Bajo su autoridad se produjeron, en un periodo de incremento de la conflictividad por toda España, la muerte de cinco obreros en Vitoria. El carlismo franquista asesinaba a su vez a dos carlistas antifranquistas en Montejurra. Finalmente Arias Navarro, tras recibir críticas públicas de Juan Carlos I, dimite. Tras una maniobra palaciega es nombrado presidente del gobierno del régimen Adolfo Suárez. Este era un gobierno que tenía por objetivo transformar las instituciones franquistas en un régimen homologable a las democracias de Europa occidental. Mientras, las dos estructuras de oposición se fusionaron en la platajunta.

En los meses siguientes la oposición aumentaba la presión en la calle forzando la ruptura. El gobierno por su lado tenía que llevar a cabo un proceso de reforma, que fuese asumido por las instituciones franquistas, pero que fuese creíble para la oposición y para las potencias exteriores. Pero todo esto había un elemento clave: la legalización del PCE.

El proceso de democratización del gobierno no sería real ni creíble para muchos sectores en el interior y exterior del país sin la legalización del PCE. Pero por otro lado, la legalización de los comunistas era una línea insalvable para un amplio sector del régimen, y en concreto para las fuerzas armadas. El presidente Suárez había tranquilizado a los militares manifestando que la legalización del PCE, con sus estatutos, era imposible. Pero esto mismo, ponía en cuestión la credibilidad del proceso. Distinto era el caso de los socialistas, que encontraban cierta permisividad por parte del Gobierno. Esto generaba a su vez una pugna dentro de las dos principales fuerzas políticas de la oposición de izquierdas.

En diciembre la contradicción en torno a la legalización del PCE fue aumentando. A principios de diciembre el PSOE podía celebrar en Madrid, en semilegalidad, su Congreso, por primera vez desde los años treinta. Una semana después, el 15 de diciembre, el gobierno sometía a referendum la Ley de Reforma Política, que fue aprobada, lo que implicaba la puesta en marcha de unas elecciones en meses. La pregunta era, ¿podría participar el PCE en esas elecciones?, y la pregunta previa a esta era, ¿sería legalizado el PCE? Las circunstancias apuntaban que el PCE no estaría legal antes de las elecciones. Su secretario general, Santiago Carrillo, optó por una iniciativa audaz. Carrillo llevaba viviendo cierto tiempo en Madrid de forma clandestina, pero ahora daba una rueda de prensa, lo que colocaba al gobierno en una tesitura grave. Debía detener a Carrillo, y hacerlo pronto -lo contrario sería muestra de ineficiencia-, pero la detención de Carrillo supondría el cuestionamiento del proceso de reformas dentro y fuera del país. Por otro lado, una vez detenido, el gobierno tenía que garantizar su integridad de una policía acostrumbrada a torturar a los opositores. Carrillo fue detenido el 22 de diciembre y puesto en libertad días después. Se generaba un limbo. Los comunistas seguían siendo ilegales, pero su secretario general era un hombre legal y libre.

La situación del país llegaba al punto de inflexión del proceso de Transición. La extrema derecha, derrotada dentro de las propias estructuras del régimen, puso en marcha la estrategia de la tensión, cuyo objetivo último era la justificación de un golpe militar que acabara con el proceso de reformas.

En enero esa estrategia lleva a la “semana negra” de Madrid, cuao mayor muestra es el atentado de la extrema derecha en el despacho de abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid, en el que son asesinadas cinco personas y otras cuatro son heridas, todos ellos miembros del PCE y de las Comisiones Obreras. Con ello la extrema derecha pretendía una acción de respuesta violenta por parte del PCE que justificase el golpe militar.

Sin embargo, la respuesta del PCE fue una gran manifestación silenciosa. Una demostración de fuerza, disciplina y compromiso con la no violencia que tenía dos consecuencias claras. Por un lado, la deslegitimación de extrema derecha y el fracaso de su estrategia; y por otro lado, quedaban rebatidos los argumentos contrarios a la legalización del PCE. Era evidente el compromiso del PCE con la democracia, y esta no sería posible sin el PCE.

En el mes de marzo se mantuvo una reunión del aún ilegal del PCE con sus homólogos italiano y francés. Una nueva muestra del limbo en el que se estaba viviendo.

El 9 de abril de 1977, aprovechando las fiestas de Semana Santa, el presidente, incluso ocultándolo a parte de su propio gobierno, legalizó al PCE. Los militantes comunistas se reunieron en locales que habían servido se sedes clandestinas para celebrar que por fin se podían sacar las banderas y decir sin peligro que se era comunista. Sin peligro o casi. El ministro de Marina, el almirante Pita da Veiga, dimitió del Gobierno. La Junta de Jefes del Estado Mayor mostraban su malestar. Había ruido de sables, peligro de golpe militar.

En un nuevo ejemplo de compromiso con el proceso, y que traería a medio plazo no pocos problemas en el propio PCE, el Comité Central comunista, en el aniversario de la proclamación de la República, aprobó el reconocimiento de la bandera bicolor y la aceptación de la monarquía. Lo hacía a propuesta del gobierno para calmar a los militares. Diecinueve años tardó el PCE a volver a reclamarse republicano de forma oficial.

Un mes después, 13 de mayo, retornaba a España la presidenta del PCE y símbolo de la lucha antifranquista, Dolores Ibárruri Pasionaria. Durante la campaña electoral el PCE celebraba su primera fiesta. El 15 de junio dejó un sabor agridulce, por un lado, se había podido votar, pero los comunistas habían conseguido sólo 20 diputados, algo que afectó profundamente a dirigentes y militantes que durante cuarenta años lo habían dado todo por la democracia y que ahora obtenían unos resultados que no se correspondían el sacrificio. Con todo, la primera sesión de las nuevas Cortes dejaba una foto simbólica. Unas Cortes, que formalmente se regían por la legislación franquista, estaban presididas por una mesa de edad con dos integrantes comunistas de gran simbolismo; la propia Pasionaria y el poeta Rafael Alberti.

Aunque el papel de Carrillo y del propio PCE ha sido objeto de debate tanto interno como el ámbito de la izquierda en las últimas décadas, el hecho de la legalización es una efemérids que sigue presente en la memoria de los comunistas y de la propia izquierda española.