EL OBRERO PERIODISMO DE DATOS
18 sept 2026 | Actualizado 11:49 CEST
PERIODISMO DE DATOS
Esquema general del reinado de Alfonso XIII

Los intentos de regenerar el sistema

En la última década del siglo XIX, el sistema de la Restauración había demostrado evidentes signos de debilidad, agravados con las derrotas coloniales de 1898. La crisis generada por las pérdidas coloniales no debilitó aún a la monarquía, pero mostró la necesidad de reformar o regenerar el sistema para que pudiera seguir subsistiendo. Pero siguió rigiéndose por la Constitución de 1876 y el caciquismo, manteniéndose alejado de la mayor parte de la sociedad.

El fracaso de las propuestas regeneracionistas originó una sucesión de crisis que contribuyeron al final del sistema.

La reflexión ante los hechos del 98 se limitó al ámbito intelectual, donde surgió un sentimiento de crisis de la conciencia nacional y se meditó sobre el papel de España en la historia y en relación con la Europa Occidental. Esto se reflejó en la Generación del 98.

La corriente de pensamiento que cuestionó los valores y el sistema político del fin de siglo español fue el regeneracionismo. Su figura más destacada fue Joaquín Costa (Oligarquía y Caciquismo, es su obra más importante). Costa hizo una profunda crítica a la situación política de España y denunció la incultura, la decadencia de la oligarquía y el atraso español. Proponía incentivar la educación, la europeización y una política económica en favor de las obras públicas y la agricultura. Para ello, era necesario la movilización de las clases medias, alejadas de la oligarquía y del movimiento obrero, conducidas por un líder fuerte, un “cirujano de hierro”.

El regeneracionismo influyó en la actividad política del primer tercio del siglo XX, ya que apareció como una corriente crítica tanto dentro del sistema. Pero, en realidad, las diversas corrientes del regeneracionismo tuvieron poca efectividad práctica. Los intelectuales no supieron encauzar políticamente sus planteamientos reformistas, y los políticos elaboraron proyectos que fueron rechazados por el bloque dominante y no aglutinaron un amplio movimiento social en torno a ellos.

Los gobiernos intentaron llevar algunas reformas para intentar regenerar el sistema, pero nunca con la idea de transformar radicalmente la estructura política.

Uno de los principales factores que alteró el funcionamiento del régimen fue la evolución de los partidos dinásticos. La falta de los líderes carismáticos –Cánovas y Sagasta- ocasionó una creciente inestabilidad interna en los partidos (divisiones) y en el sistema político. Esta inestabilidad se intensificó con la llegada al trono de Alfonso XIII, que, a diferencia de sus padres, intervino intensamente en las decisiones políticas.

Los gobiernos conservadores iniciaron las iniciativas reformistas. Francisco Silvela y el general Polavieja plantearon la primera legislación social en España, presentaron proyectos de descentralización del Estado y políticas presupuestarias para paliar los efectos de las pérdidas coloniales. Pero el personaje clave entre los conservadores fue Antonio Maura con su gobierno largo (1907-1909). Pretendía hacer la “revolución desde arriba”, es decir, reformar el sistema para mantenerlo y evitar que se produjera una “revolución desde abajo”. Para conseguirlo, intentó ampliar la autonomía de la administración local y aprobó la Ley de Reforma Electoral (1907). Pero estas medidas no acabaron con el caciquismo, sino que reforzaron aún más el fraude electoral. Aprobó una política de rearme de la Marina, políticas económicas intervencionistas para fomentar la producción industrial y el comercio y reguló el descanso dominical, con la intención de mitigar el radicalismo obrero. Pero la dura represión de los sucesos de la Semana Trágica, provocaron su caída del poder.

Los liberales (1905-1907), por su parte, se centraron en la cuestión religiosa, con la intención de limitar el poder de la Iglesia en la sociedad y en la mentalidad, provocando no sólo el enfrentamiento con el clero sino en el propio seno del partido. También tuvieron que controlar el descontento del ejército, que, preocupado por el auge regionalista, originó el primer gran conflicto del reinado, el asalto a las redacciones de algunas publicaciones catalanas. Ello obligó a aprobar la Ley de Jurisdicciones (1906), que suponía la intromisión militar en la vida política, puesto que se sometían a la justicia militar los delitos contra la patria y el ejército, lo que suponía un atentado a la libertad de expresión y a la Constitución.

Las propuestas de regeneración desde fuera del sistema provinieron de los regionalistas, los republicanos y el movimiento obrero. La escasa representación de estos sectores políticos en las Cortes no permitió que se articulase una alternativa viable para transformar el sistema, que comenzaba a descomponerse.

El movimiento regionalista con mayor incidencia en la política española de comienzos del siglo XX fue el catalanismo, a través de la Lliga Regionalista, de tendencia conservadora, y que dominó la escena política catalana hasta 1923. El partido representaba a la burguesía catalana y osciló entre la defensa del catalanismo y la colaboración con el sistema en momentos de peligro social, como en 1909 y 1917. Sus dos principales líderes fueron Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó. Las reivindicaciones autonómicas de la Lliga nunca derivaron hacia el independentismo ni contra la monarquía, sino por la necesidad de modernizar España, en línea con el regeneracionismo, porque se defendía una Cataluña grande en una España grande. El nacionalismo de izquierdas, afín del republicanismo, comenzará a surgir en este momento, alcanzando el protagonismo político en la Segunda República.

La primera movilización catalanista se produjo en 1906, como reacción a la Ley de Jurisdicciones. Se creó una coalición, Solidaritat Catalana, que consiguió un gran éxito electoral en 1907 en Cataluña.

El gran éxito del catalanismo en este período fue la creación de la Mancomunitat de Cataluña (1914), gracias a una ley del año anterior que permitía la federación de diputaciones provinciales. Aunque solamente tenía algunas competencias administrativas, se concibió como un órgano de poder propio de Cataluña y un primer paso hacia el autogobierno.

En el País Vasco, el PNV comenzó a salir de su aislamiento, a partir de la muerte de Sabino Arana, incorporándose hacia posturas más liberales, aunque en un sentido conservador. También, creció en su seno una tendencia menos independentista y más autonomista. Estos cambios acercaron el PNV a la burguesía industrial vasca. En 1917, el PNV organizó una campaña autonomista. A pesar de su éxito electoral de 1918, el partido sufrió una escisión posterior entre los partidarios y contrarios a colaborar con el sistema, entre los autonomistas y los independentistas.

En Galicia, el autonomismo se reflejó en la creación de Solidaridad Galega (1907) y en la elaboración de los primeros planteamientos nacionalistas. En el País Valenciano, en 1907 se crea la asociación cultural Valencia Nova, y en 1918 se constituyó la conservadora Unió Valenciana. Por fin, en Andalucía comienza, hacia 1910, una corriente regionalista en torno a la figura de Blas Infante, aunque habrá que esperar a los tiempos de la República para que se desarrolle.

El republicanismo proponía una reforma política amplia, así como reformas sociales y de la educación (instrucción pública). Sus bases sociales se encontraban en las clases medias urbanas. El gran problema del republicanismo era su fragmentación. Del republicanismo histórico o decimonónico subsistía la figura de Nicolás Salmerón, que fundó la Unión Republicana en 1903 y colaboró con la Solidaritat Catalana. El nuevo republicanismo estuvo dividido entre el Partido Reformista de Melquíades Álvarez, de escasa implantación social pero con apoyo entre los intelectuales, y el Partido Radical, de Alejandro Lerroux. El programa de esta formación se basaba en un encendido anticlericalismo y un evidente populismo. Estos dos pilares le permitieron captar muchos apoyos populares urbanos, especialmente en Cataluña, frente al catalanismo y al movimiento obrero. Con el tiempo, su discurso e ideología se fueron moderando considerablemente, siendo uno de los partidos clave del centro-derecha en la Segunda República.

El socialismo potenció la expansión del partido obrero de masas, el PSOE, con el fin de tomar el poder y poder transformar la sociedad. En el ámbito municipal comenzó a tener importancia aunque tardó más en tener representación en el parlamento (1910, entra Pablo Iglesias en el Congreso). En la rama sindical, la UGT se implantó con fuerza en Asturias, País Vasco y Madrid, aunque no en Cataluña.

Un importante sector del anarquismo efectuó una transición desde la estrategia terrorista hacia el sindicalismo, participando primero en Solidaritat Obrera (1907), organización alternativa a la Solidaridad Catalana, y creando, después la CNT (1910) o Confederación Nacional del Trabajo. La CNT entendía el sindicalismo como un medio para la transformación revolucionaria de la sociedad, utilizando como método la huelga general revolucionaria. La CNT protagonizó la mayor conflictividad del período impulsando numerosas huelgas por la defensa de los salarios y la disminución de la jornada laboral. Arraigó con fuerza en Cataluña, Levante y Andalucía.

La crisis de 1909

La primera gran crisis del reinado de Alfonso XIII estalló en julio de 1909 por el envío de reservistas a sofocar una rebelión de los rifeños contra la construcción de una línea de ferrocarril minero cerca de Melilla. El embarque de las tropas en el puerto de Barcelona desembocó en un movimiento de protesta, iniciado con una huelga general convocada por las organizaciones obreras y los lerrouxistas.

El gobierno declaró el estado de guerra y utilizó el ejército para reprimir la manifestación. Esto desencadenó una insurrección popular que tomó un carácter militar, pero, sobre todo, anticlerical. A pesar de todo, la falta de coordinación contribuyó a terminar la revuelta que, ante la magnitud de sus consecuencias, muertos, heridos y quemas de edificios religiosos, se denominó Semana Trágica.

La Semana Trágica desencadenó una dura represión, que alcanzó al pedagogo anarquista Francesc Ferrer i Guárdia, acusado sin pruebas en un proceso sin garantías jurídicas. Su ejecución provocó una oleada de protestas internacionales que afectaron al gobierno y a la monarquía.

La crisis provocó la destitución de Maura, sustituido por el liberal Canalejas, que intentó poner en marcha un vasto programa de reformas, en el último intento de regeneración del sistema.

Canalejas se centró en la cuestión religiosa. En 1910 se aprobó la Ley de Asociaciones Religiosas o “ley candado”, que limitaba la creación de nuevas órdenes religiosas con la intención de frenar la influencia de la Iglesia. También, se inició el proyecto de ley de las mancomunidades, con un afán descentralizador.

Canalejas promovió una importante reforma militar al hacer obligatorio el servicio militar y eliminando las redenciones en metálico. Liberalizó la enseñanza, enfrentándose, de nuevo, con la Iglesia. Abolió el impuesto de consumos y promovió leyes con contenido social: arbitraje del Estado en los conflictos laborales, reducción de jornada laboral, prohibición del trabajo nocturno, regulación del trabajo femenino....). Canalejas fue víctima de un atentado anarquista en 1912.

Los dos partidos dinásticos estaban profundamente divididos después de la caída de Maura y la muerte de Canalejas. El turnismo político, cuestionado desde fuera del sistema, entraba en su crisis final. La estabilidad del sistema peligraba.

La crisis general de 1917

Ante el estallido de la guerra mundial, España adoptó una política oficial de neutralidad, aunque la opinión pública se dividió entre aliadófilos y germanófilos. En general, los liberales, progresistas, republicanos y la izquierda defendieron la causa de Inglaterra y Francia, frente a los sectores más conservadores, partidarios de los imperios centrales (Alemania y Austria- Hungría). La neutralidad favoreció a la economía española, puesto que las necesidades de los contendientes estimularon la demanda de productos agrarios e industriales. Pero esta situación no fue tan favorable para los trabajadores, ya que la masiva exportación provocó un alza de precios y la carencia de productos básicos. El deterioro de la capacidad adquisitiva de los obreros generó una fuerte conflictividad social que afectó al sistema.

En relación con el sistema político, en 1913 regresaron los conservadores al poder de la mano de Eduardo Dato, provocando la escisión de los seguidores de Maura, los mauristas. Pero, también los liberales se dividieron en varios grupos, siguiendo a distintos líderes: conde de Romanones, García Prieto y Santiago Alba. Esta disgregación interna de los partidos dinásticos aumentó la inestabilidad. Se rompía así el turnismo. Los gobiernos entre 1913 y 1917 fueron débiles, recurriéndose al cierre periódico de las Cortes, así como a la aprobación de decretos para poder gobernar al margen del parlamento. Esta situación contribuyó cada vez más al desprestigio del sistema. La oposición al mismo comenzó a exigir una reforma profunda en un sentido democrático.

En el verano de 1917 la situación estalló en una crisis múltiple: militar, política y social.

El Ejército empezó a cuestionar el sistema interviniendo en la vida política. Entre los militares había surgido un gran malestar desde la derrota de 1898, acentuado por el auge de los regionalismos y las críticas a su funcionamiento y eficacia. Reaccionó con fuerza y consiguió la aprobación de la Ley de Jurisdicciones, como hemos visto. A la altura de 1917 el malestar había crecido ante la inestabilidad gubernamental, los bajos salarios por la generalizada subida de precios y, especialmente, a causa de la política de ascensos que premiaba a los militares del ejército de Marruecos, discriminando a los que servían en unidades peninsulares. Este malestar militar contra el gobierno provocó la creación de las Juntas de Defensa, especie de asociaciones sindicales que defendían los intereses económicos y profesionales del cuerpo. Presionaron al poder civil, que terminó por legalizarlas, acentuando la autonomía e injerencia del ejército en la vida política española.

Como respuesta al clima de inestabilidad y crisis, el gobierno de Dato decretó la censura de prensa y la suspensión de las garantías constitucionales y de las Cortes. Ante estas medidas autoritarias y en medio de grandes protestas, Cambó, dirigente de la Lliga Regionalista, convocó en Barcelona en julio, una Asamblea de Parlamentarios, a la que solamente asistieron los parlamentarios de la oposición de izquierdas, regionalistas y algunos liberales. Estos parlamentarios pretendían que se convocaran Cortes Constituyentes, la aplicación de un programa reformista y que se respetase la realidad plurinacional de España. Pero la heterogeneidad ideológica de la Asamblea y el rechazo de las Juntas de Defensa, que se situaron al lado del gobierno, facilitaron la disolución de la Asamblea.

La tensa situación social y la creciente fuerza de los sindicatos favorecieron la creación de un comité de acción conjunta de la CNT y la UGT. A pesar de las diferencias evidentes entre socialistas y anarquistas la extensión del conflicto ferroviario de Valencia, llevó a los dos sindicatos a convocar una huelga general revolucionaria para el 13 de agosto para reivindicar un cambio político. La movilización se extendió por Asturias, País Vasco, Madrid y Cataluña pero no contó con el apoyo de la Asamblea de Parlamentarios, defensora de los intereses de la burguesía, ni con el de las Juntas de Defensa. El propio ejército se encargó de la represión con dureza de la huelga.

La quiebra de la monarquía (1917-1923)

Dato volvió a formar gobierno y logró contener la crisis, gracias al apoyo del ejército y de los propios parlamentarios de la Asamblea, temerosos de la revolución social. Pero, realmente, la crisis había demostrado la incapacidad del sistema para ampliar sus bases sociales y democratizarse. La conflictividad social se agudizó en un contexto de crisis económica. La guerra de Marruecos agravó la situación aún más.

El último intento de mantener el sistema vino de la mano de la creación de los gobiernos de concentración. Ante la dimisión de Dato en octubre de 1917, instigada por las Juntas de Defensa, el rey propuso la creación de este tipo de gobiernos, es decir, ejecutivos formados por liberales, conservadores y miembros de la Lliga. La alternativa al turnismo era buscar un gobierno que aglutinara a la oligarquía liberal-conservadora con la burguesía catalana como un intento de mantener el poder ante el miedo a la revolución social.

Estos gobiernos emprendieron reformas. Un gobierno presidido por el liberal García Prieto intentó contentar al ejército con subida de salarios y ascensos por antigüedad; otro de Maura con Cambó en el ministerio de Fomento, impulsó las obras públicas, la agricultura, y los ferrocarriles. Realmente, las reformas emprendidas por los gobiernos de concentración no fueron profundas y, ante su fracaso, se volvió al turnismo, pero la incapacidad para conseguir mayorías estables provocó una permanente inestabilidad gubernamental.

Mientras se producía esta crisis política permanente, España vivía una fuerte crisis económica al terminar la guerra mundial: contracción de la demanda con cierre de empresas, consiguiente aumento del paro y rebajas salariales. Esta situación provocó un aumento de la conflictividad social, en plena Revolución Rusa, ejemplo del triunfo del socialismo.

El descontento de los obreros fue dirigido por los sindicatos, en plena expansión: UGT y CNT. La acción sindical se intensificó en el campo, en las zonas industriales y las grandes ciudades. En Andalucía se produjo el conocido como trienio bolchevique, provocado por las condiciones de vida de los jornaleros. En Barcelona se concentró el mayor nivel de violencia entre los años 1919 y 1923, a causa de la fuerza de la CNT y la dura respuesta de los patronos. El primer gran conflicto fue la huelga general de 1919 iniciada en la empresa “La Canadiense”, que paralizó durante 44 días los servicios en Barcelona. Por mediación del gobierno se consiguió un acuerdo por el que se readmitía a los despedidos y se conseguía la jornada de ocho horas.

Ante la fuerza de la CNT y el acuerdo que estipulaba la readmisión de los obreros despedidos, la patronal recurrió al cierre empresarial y creó una milicia privada, el somatén, e incluso se contrató a pistoleros a sueldo para asesinar a los dirigentes sindicales. Los sindicalistas recurrieron, a su vez, a la violencia, asesinando a políticos (Eduardo Dato) y empresarios. En 1921 se aprobó la “Ley de Fugas”, que permitía matar a los detenidos que intentaran huir. Esto permitió el asesinato impune de muchos dirigentes obreros.

La guerra de Marruecos

En la Conferencia de Algeciras (1906) España consiguió que se reconocieran sus “derechos” a ocupar la región marroquí del Rif, en el norte de Marruecos. Posteriormente, Francia y España establecieron sendos protectorados sobre Marruecos. Pero la ocupación militar del protectorado español resultó una empresa difícil y muy costosa para el ejército español, mal preparado y carente de recursos. Además, las características del Rif no ayudaban a su dominio. Es un territorio montañoso, mal comunicado, y poblado por diversas tribus belicosas y no dispuestas a aceptar el dominio español.

En 1920, ante la ofensiva del ejército español para extender el dominio efectivo español, una de las cábilas rifeñas se sublevó. Estaba liderada por Abd-el-Krim.

La operación acabó en una derrota sangrienta en el conocido como Desastre de Annual (1921). Murieron doce mil soldados y se perdió una gran cantidad de material y pertrechos militares. Además, se perdieron las posiciones logradas. El desastre causó una viva impresión en España, acentuándose el descontento hacia el sistema. Las críticas de la oposición hacia el gobierno, los militares y el rey se acentuaron. El desastre provocó la creación de una comisión para delimitar y exigir responsabilidades. El general Picasso se encargó de realizar un informe.

Ante esta situación de fortísima crisis, se intentó salvar el sistema a través de un nuevo gobierno de concentración, presidido por el liberal García Prieto (1922), que proyectaba una reforma constitucional, otra hacendística y cambios en la política en relación con el protectorado marroquí. Pero el ejército, convencido de que el poder civil no podría hacer frente a los problemas, liquidó el sistema de la Restauración mediante un golpe militar.

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