Marcha atrás en el Sáhara

Esta nueva posición del presidente del gobierno español es una alteración evidente de la posición española tradicional que tuvo su origen en el conflicto diplomático provocado por Marruecos a raíz de la acogida del presidente saharaui, gravemente enfermo de covid19, en la sanidad española, algo que fue inmediatamente aprovechado por el reino de Marruecos como excusa para presionar al gobierno español para lograr el reconocimiento también de la soberanía de Marruecos sobre el territorio saharaui.

Un cambio de posición que afecta a un compromiso histórico y a una parte sustancial de la política exterior que se ha hecho mediante una negociación discreta, pero que finalmente se ha concretado en una carta publicada por Marruecos, sin que sus términos hayan sido conocidos ni aprobados previamente por parte del gobierno ni del parlamento españoles. Un procedimiento totalmente inaceptable en un gobierno de coalición y en una democracia parlamentaria, que ha provocado un nuevo factor de desconfianza y de división en el gobierno y en la compleja mayoría parlamentaria.

Todo ello en el contexto crítico de la invasión de Ucrania por parte de Rusia que ha desencadenado, junto a la respuesta unitaria y el fortalecimiento del pilar de la política exterior y la seguridad de la Unión Europea, el reforzamiento del papel de la OTAN en Europa. Por otra parte, la respuesta a la agresión rusa, mediante unas sanciones políticas y económicas de una magnitud sin precedentes, ha puesto en un primer plano el papel de Argelia entre otros posibles orígenes en el abastecimiento de gas, como alternativa.

Desde un principio, la posición de España en el Parlamento y en Naciones Unidas como antigua potencia colonial ha sido clara en defensa de la autodeterminación del pueblo saharaui, si bien eso no significa que haya hecho honor a su responsabilidad como potencia administradora. Más recientemente, y a raíz de la propuesta de autonomía del Sáhara por parte del reino de Marruecos en 2007 como la alternativa al referéndum de autodeterminación, ningún gobierno español la había calificado hasta ahora como la " más seria, creíble y realista para la solución del conflicto" ni a los esfuerzos marroquíes como 'serios y creíbles'. Tal valoración ni siquiera se produjo en la segunda legislatura del presidente Zapatero, como se ha argumentado de forma interesada con el objetivo de avalar una supuesta continuidad con la posición actual expresada en la carta enviada a Marruecos por el presidente Sánchez y minimizar con ello tanto el cambio de postura como la falta de consenso.  

Tampoco entonces lo que no dejaba  de ser una valoración tímida y ambigua de la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara, por parte del gobierno de JL Rodríguez Zapatero, estuvo exenta de críticas ni de preguntas e interpelaciones de la oposición en el parlamento como también erróneamente se ha afirmado. Por ejemplo, a iniciativa del grupo de IU ICV en enero de 2009 en que se le reprochó al gobierno su excesiva inclinación hacia la posición marroquí sin el acuerdo de la contraparte saharaui y fuera del marco de la legalidad internacional.

De hecho, está tímida posición se rectificó a finales de ese mismo año 2009 en el contexto de la huelga de hambre de 32 días de la dirigente saharaui Aminetu Haidar tras ser expulsada ilegalmente de El Aaiún en el Parlamento español y a propuesta del propio grupo parlamentario socialista con un texto en que se reafirma  "seguir defendiendo las resoluciones aprobadas por el Congreso, en el sentido de que el estatuto definitivo del Sáhara Occidental deberá ser resultado de la negociación y acuerdo entre las partes y del libre ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, en el marco de Naciones Unidas"

También entonces, como en la actualidad, el PP aprovechó para criticar la política exterior del Gobierno pidiendo explicaciones por haber permitido la entrada en España de A. Haidar, en la línea de las preocupaciones del reino de Marruecos, algo no muy diferente de su actuación ante la crisis más reciente en que ha impugnado la acogida y atención humanitaria al presidente de la República Árabe Saharaui Democrática Brahim Gali y respaldando por contra las denuncias sin fundamento promovidas por la inteligencia marroquí, que finalmente fueron sobreseídas en la Audiencia Nacional. Como más tarde también ha instrumentalizando la avalancha de jóvenes provocada por Marruecos en la frontera de Ceuta, como un instrumento más de oposición a la política migratoria y a la política exterior del gobierno, con la loable excepción del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta Juan Jesús Vivas.

Las contrapartidas de Marruecos al cambio de posición apenas significan buenos deseos de transparencia y de información mutua así como desandar las medidas de presión puestas en práctica de forma unilateral por parte del reino de Marruecos, tanto en la recuperación de la normalidad en las relaciones diplomáticas, la circulación de personas y la política migratoria. Otras materias como la integridad territorial de Ceuta y Melilla y de las aguas territoriales. Sin embargo, el cambio de posición ha provocado un deterioro equivalente de la confianza y de las relaciones con Argelia, que se ha mostrado sorprendida ante los términos acordados con Marruecos y ha retirado a su embajador. De nuevo con posibles repercusiones no solo en materia migratoria sino en la cuestión hoy cada día más trascendental del abastecimiento del gas en España y en Europa.

En definitiva, que el cambio de posición no se justifica ni en el terreno de los principios democráticos ni tampoco en el pragmático de la realpolitik a la que alude Zapatero.