El reputado intelectual y político progresista latinoamericano, Álvaro García Linera, explicaba ya hace unos años que, en el continente americano, ya no había mucho peligro de golpes de estado militares o de intervenciones de soldados de Estados Unidos, ya que de la función de liquidar a políticos y gobiernos de izquierdas se ocupaban los jueces. Si antes en las academias militares de Estados Unidos se preparaban oficiales y torturadores de países latinoamericanos para ir rectificando con la fuerza lo que decían las urnas, en las últimas décadas se formaban a jueces de estos mismos países en las costosas y elitistas universidades del vecino del norte. Al volver a su país, hacían su trabajo con “conocimiento”. Cuando le oí explicar esto, pensé que era bastante cierto y que la forma de acabar con regímenes progresistas en América Latina era, cada vez más, con intervenciones judiciales que hacían la función de brazo armado del reaccionarismo (casos de Evo Morales, Lula, Dilma, Correa...). Pero, yo creía, que sólo podía pasar en territorios donde los sistemas democráticos estaban poco consolidados y la división de poderes no había quedado bien establecida. Que esto no era posible en Europa, vamos. Iba errado. Lo que se ha evidenciado esta semana en España, llamarlo golpe de estado sería un abuso injustificable del lenguaje, pero con la interferencia intolerable del mundo judicial por medio del Tribunal Constitucional sobre el poder legislativo, se muestran algunas vergüenzas, se pone en crisis, ahora sí, lo que se ha dado en llamar el Régimen del 78 y que fue el resultado de la reforma política que permitió salir del franquismo e instaurar un sistema democrático en España.
