¿Sabías que el 51,7 por ciento de los gallegos está siguiendo con poco o ningún interés las noticias y temas relacionados con las elecciones autonómicas de Galicia del 18 de febrero, mientras un 46,8 por ciento lo hace con mucho o bastante interés?

El artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que aprobó la Asamblea Nacional francesa el 20 de agosto de 1789 rezaba:

La extrema derecha conquista posiciones de poder: en despachos, en códigos legales y en las mentes. La ciudadanía preocupada responde en las calles. Los líderes del orden liberal señalan al lobo, pero sin resolver los problemas de los corderos. Simplemente, se presentan como los únicos pastores capaces de cuidarlos y protegerlos de la horrible amenaza.

La estrategia de crispación que está realizando la derecha y la extrema derecha en España desde el año 2018, copiando el modelo de Trump para llegar al gobierno de la nación, está deteriorando la democracia en nuestro país.

El encuentro tradicional del mundo económico en Davos ha ofrecido en esta ocasión una representación gráfica de los dos grandes modelos ideológicos en liza a escala global.

Resulta muy difícil hacer un comentario crítico sobre una sentencia del Tribunal Supremo, no solo por ser el órgano jurisdiccional superior, orgánicamente hablando y porque es el encargado de fijar la jurisprudencia, sino también porque quienes ejercemos en el ese Alto Tribunal, en la misma Sala de la que emana una sentencia, para llevarlo a cabo hay que dejar de lado los aspectos personales y profesionales en relación con quienes a diario comparte tareas y respeta como grandes juristas. De ahí que estas notas no pretendan ir más allá de un mero testimonio, desde la deformación profesional de quien ha ejercido de profesor de derecho procesal durante más de veinte años en el departamento de esta rama en la Universidad Carlos III de Madrid, y sin ninguna otra pretensión que aportar una visión, quizás diferente, a lo que unos juristas, sin duda eminentes, consideran se trata de una cuestión meramente adjetiva.

La compleja convalidación de los Decretos-Leyes la semana pasada nos muestra la persistencia de un fenómeno que parecía estar olvidado en la vida política española. Me refiero a la confirmación del fenómeno de la centralidad del Parlamento en la política nacional. Es cierto que desde las elecciones de diciembre de 2015 esa centralidad se había visto confirmada por muchas circunstancias, la más importante de las cuales fue el éxito de la moción de censura en junio de 2018. Pero las votaciones de la semana pasada, cuando el Congreso convalidó dos Decretos-Leyes y rechazó la convalidación de un tercero, evidencian que el Parlamento vuelve a ser, con gran intensidad, el órgano que dirige la política en este país. En algunos medios políticos y mediáticos se ha expresado preocupación por el hecho de que el Gobierno perdiera una de las votaciones y en otros medios, no sin regocijo, se ha hablado de fracaso gubernamental, pero, más allá del percance para las políticas públicas del Gobierno de coalición, ese fracaso debe enmarcarse en el fenómeno, positivo para la democracia, de que el Parlamento ha demostrado que es el verdadero impulsor de la política.

El 28 de febrero del pasado año se aprobaba la Ley 3/2023, de Empleo. Una Ley que representa un cambio cualitativo en cuanto a la concepción de las políticas activas de empleo, la protección por desempleo y el nuevo funcionamiento de los Servicios Públicos de Empleo.