Las dos guerras que consumen el debate político y económico en Occidente están estancadas, si como tal se entiende la falta de resolución satisfactoria.

Tengo una imagen grabada en mi memoria desde la infancia. Un cartel en la puerta de una pequeña tienda en un barrio obrero de la ciudad alemana de Dortmund. “No turcos. No españoles”, podía traducirse.

Los mimbres para una autocrítica de la izquierda, sin son consistentes, permitirán elaborar un cesto. Y en ese cesto, se podrá verter todo aquello mal hecho desde esa importante franja de la vida, la opinión y la acción políticas. Este texto va dirigido a quienes consideran que la distinción izquierda-derecha sigue siendo válida: la vemos a diario en la palabra y en la imagen, a nada que encendamos el televisor o escuchemos la radio. No obstante, el despliegue de la vida política va registrando hibridaciones insospechadas entre una y otra que pueden deparar sorpresas. Así lo demuestra, por ejemplo, cierto número de votos a la derecha extrema en barrios obreros, por ejemplo, parisienses o madrileños, como Vallecas, o los sufragios a la izquierda en barrios tradicionalmente altoburgueses, como el de Salamanca donde, en pasadas elecciones, quien obtuvo más votos fue Más Madrid. Veremos qué puede explicar estas y otras rarezas.

El encabezado de este artículo corresponde con el título del extenso informe que la OCDE acaba de publicar sobre la economía informal, donde se destaca que seis de cada diez trabajadores en el mundo operan hoy al margen de la legalidad que marcan los organismos internacionales. La mayoría de ellos en economías en desarrollo y en países emergentes.

Según la prensa más reciente, en la reunión PSOE-PP con la Comisión Europea el Partido Popular planteará la despolitización del Poder Judicial además de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Dejando aparte que en la función de la reunión el Comisario comunitario de Justicia sólo tiene como finalidad la renovación del órgano de gobierno del Poder Judicial, la idea de despolitizar el Poder Judicial es interesante, pero imposible de aplicar porque es la derecha política y judicial la que persiste en politizar el Poder Judicial al servicio de sus respectivos fines. Es decir, para seguir controlando el Poder Judicial sin interferencias externas, la derecha judicial politiza ese Poder. Y para utilizar al Poder Judicial como un instrumento más de oposición, la derecha política politiza también ese Poder.

Ejemplos de politización del Poder Judicial por las derechas:

• “El juez García-Castellón cuestiona que se pueda amnistiar a Puigdemont” (El País, 26 de enero de 2024).
• “El juez inutiliza las enmiendas en tan solo 48 horas” (El Mundo, 26 de enero de 2024).
• “El juez del ‘caso Tsunami’ alerta ahora de un supuesto plan contra el Rey” (El País, 27 de enero de 2024).
• “Gracias a los jueces por estar a la altura en los mementos difíciles, os necesitamos” (Isabel Díaz Ayuso en la concentración de la plaza de España de Madrid del 28 de enero de 2024. El País, 29 de enero de 2024).
• “Dos jueces ponen a Puigdemont fuera de la amnistía de Sánchez (El Mundo, 30 de enero de 2024).

Añadamos que el Partido Popular ha intentado manipular también al Ministerio Fiscal, para lo cual el Senado ha solicitado del Fiscal General del Estado un informe sobre el proyecto de ley de amnistía. ¿Cuántas veces el Senado o el Congreso han pedido informes al Fiscal General del Estado sobre proyectos de ley que están en tramitación?

Está a la vista que una mínima fracción del Poder Judicial se ha aliado al Partido Popular para impedir que la futura ley de amnistía tenga eficacia y en este punto el comportamiento de García-Castellón es notable, pues cada día adapta sus actuaciones a la tramitación parlamentaria de la proposición de ley. En un juego perverso, el Magistrado examina los posibles delitos que se podrían indultar y acusa a los independentistas de otros tipos penales que no aparecen en la proposición de ley. Es, como dijo La Vanguardia el 28 de enero, el juego del ratón y el gato. Por eso no se puede dudar de la dimensión abiertamente política (y política de oposición al Gobierno) de este Magistrado, que es diariamente jaleado por los partidos de la derecha y por la prensa conservadora. No parece que García-Castellón tenga otros sumarios en su Juzgado que van vinculados a la futura amnistía. Y no va solo, pues otro Juez de Cataluña empieza a buscar conexiones con Rusia… siete años después del hipotético delito. Mucha casualidad.

Es decir, hay politización de la Justicia por parte de las derechas, que están empleándola como otro instrumento más de oposición. Y para complemento, la Sala Tercera del Tribunal Supremo se dedica a anular todos los actos del Gobierno con contendido político. Con tres Sentencias que tienen nombres y apellidos (Diego Pérez de los Cobos, Dolores Delgado y Magdalena Valerio), la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha tirado por la borda un prestigio que había ido adquiriendo poco a poco.

Afortunadamente la gran mayoría de los Jueces y Magistrados son ajenos a esta operación de politización en apoyo de las derechas y cumplen con su trabajo como honestos funcionarios. Pero basta que haya un García- Castellón o una Sala Tercera para que la imagen en la opinión pública es la de una politización generalizada de los Jueces.

Esa es la verdadera politización de la Justicia, no la que denuncian las derechas, que es la elección parlamentaria de todos los Vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hemos repetido muchas veces aquí que, por ser un órgano constitucional al servicio de todos los ciudadanos, el Consejo General del Poder Judicial no puede ser elegido en su mayoría sólo por los Jueces y Magistrados y por eso ha de ser elegido por el Parlamento que representa a todo el pueblo español. La idea es fácil de entender, pero es rechazada con sorprendente rotundidad por la derecha judicial porque sabe que con la elección parlamentaria del Consejo la Asociación Profesional de la Magistratura no tiene el mismo poder. Y se rechaza la idea por parte de la derecha política del Partido Popular y Vox, porque necesitan un órgano de oposición que supla sus carencias cuando no están en el Gobierno.

Esta es toda la problemática de la politización de la Justicia, la que quieren utilizar las derechas para impedir que el Consejo General del Poder Judicial responda a la composición del Parlamento y no sea un coto reservado a los intereses corporativos.

El bloque (ultra)nacionalista e independentista del Parlamento se identifica votando al unísono por intereses presuntamente contrapuestos. Lo que se diría rareza o una extraña casualidad, en realidad es un retrato de familia. Junts comparte con Vox y el PP mucho más de lo que parece. Por de pronto una ideología ultra neoliberal, que prima el enriquecimiento desmedido del capitalismo especulativo. También les une una reivindicación exacerbada de cierta identidad cultural excluyente, que deja fuera cuanto no se corresponda con las esencias de una u otra patria. Esto genera desconfianza para con los recién venidos y a veces alcanza tintes de xenofobia.

Hace unos días, como es costumbre, se reunió el Foro Mundial de Davos. El poder económico global concertando estrategias de futuro mientras llama a los gobernantes de los principales países a escuchar sus recetas. Una auténtica exhibición del poder real frente a un subyugado ámbito político. Como contrapunto y de forma muy adecuada, Oxfam ha publicado su informe anual sobre el grave problema de la desigualdad económica -Desigualdad, SA-, donde pone de manifiesto que éste es un tema en el que no progresamos adecuadamente, al contrario, la concentración de riqueza en unos pocos y la de pobreza en muchos, va en aumento. Ésta es la dinámica socioeconómica desde hace unas décadas y que la política no consigue contrarrestar. La falta de capacidad de los estados para imponer una fiscalidad realmente progresiva y que elimine la elusión y el fraude fiscal facilita los grandes enriquecimientos y el aumento de la iniquidad, así como la no intervención y regulación adecuada del mercado laboral, comporta una caída, a corto y largo plazo, de los salarios respecto a la inflación. Lo explica de manera fácil el economista francés Thomas Pikkety: las rentas de capital y del trabajo evolucionan de forma dispar mirando series largas. La concentración de riqueza de unos y el empobrecimiento relativo o absoluto de otros tiene que ver con esta lógica perversa.

Impartir justicia es una tarea llena de responsabilidad. Tanta, que puede transformarse en irresponsabilidad, sobre todo, si los jueces olvidan que su poder sancionador procede de la sociedad, no de ellos mismos. Y si, además, el togado no refrena sus pulsiones personales, ideológicas o políticas, el daño que puede causar resulta ser inconmensurable. La imparcialidad es la condición esencial de su cometido. Birrete, toga y puñetas, los tres atavíos de la vestimenta judicial, definen la tríada que habrá de observar quien se eleva a la tarea de enjuiciar: inteligencia, corazón y decisión; instrucción, ponderación y sentencia; escucha, análisis y resolución. Tres trilemas necesarios y suficientes. Y todo ello desprovisto de pasión para garantizar la objetividad del fallo.