La Organización Internacional del Trabajo en el “Informe Mundial sobre Salarios 2022/2023”[1] constató ya que los salarios y el poder adquisitivo de los hogares experimentarían un menoscabo notable en dicho bienio. Fundamentalmente a consecuencia de la Covid-19 y por el incremento de la inflación.

Esta legislatura va camino de no tener ningún sentido. La configuración y formas a través de las que se llegó a construir una mayoría puramente aparente ya así lo indicaban. Los acuerdos políticos, aparte de lealtad, requieren de reciprocidad. Un quid pro quo que se llama ahora. El pacto de Gobierno en el Estado desafía a todas las leyes de la física y de la política. No hay proximidad ideológica y, en cambio, un profundo sentido de venganza por parte de algunos de los que lo conforman, parece que desempeñan el papel del escorpión de la fábula de Hisopo. Voluntad de unos para gobernar, pagando a cambio un cierto precio por los apoyos aritméticamente imprescindibles, pero algunos de ellos se creen con el derecho de humillar y convertir las agonías del partir gobernante en una especie de divertimento perpetuo. No tiene ninguna lógica y supone un desgaste en la consideración de la política del todo insostenible. Resulta curioso como lo que importan no son las políticas y su significación, sino puramente la representación pública de la confrontación política, lo que se llama el “control del relato”.

Dice Khun que por qué debe llamarse revolución a un cambio de paradigma, “las Revoluciones políticas se inician por medio de un sentimiento, cada vez mayor, restringido frecuentemente a una fracción de la comunidad política; de que las instituciones existentes han dejado de satisfacer adecuadamente los problemas planteados por el ambiente que han contribuido en parte a crear”.

En el pleno del Congreso, el Gobierno logró la aprobación del decreto ómnibus y del de las medidas del escudo social anticrisis, mientras decayó el decreto de reforma del subsidio de paro por el voto negativo de Podemos, PP y Vox. Tras su celebración, el líder del Partido Popular ha subido un peldaño más la estrategia de crispación con la que creía que llegaría a La Moncloa el pasado 23 de julio, y con la que finalmente fracasó.

La jornada parlamentaria del 10 de enero ha dado para muchas crónicas y análisis, pero la conclusión más relevante e indiscutible tiene que ver con el contenido de lo aprobado: un conjunto de medidas que contribuyen al bienestar social, a la modernización y a la creación de buenos empleos en nuestro país.

No podemos restar. No está el horno para bollos. Los esfuerzos para conciliar las diferentes visiones ideopolíticas que coexisten en el ámbito de actuación de la coalición que gobierna España deben acentuarse al máximo. Debilitar a este Gobierno puede ser letal no únicamente para el PSOE, o para su líder Pedro Sánchez sino, por encima de todo, para nuestro país, ya que un retorno de las derechas extremas al Gobierno – no sería posible su acceso separadamente sin tal coyunda PP y Vox– desarbolaría plenamente no solo una trayectoria gubernamental hasta ahora específicamente progresista, sino también y sobre todo, una cohesión estatal que el Ejecutivo coaligado, hoy por hoy, garantiza. Pensar en la posibilidad de que el liderazgo de la actual derecha, o la que cabe vislumbrar a medio plazo por sus contradicciones y luchas internas de poder, se haga con el Gobierno es lo peor que puede suceder a nuestro atribulado país. Y ello porque no hay el menor vestigio de un proyecto político en la mente provincial del actual líder y menos aún en la de la lideresa, sino tan solo aventan un No a todo, como única consigna.

La sesión del Congreso de los Diputados del 10 de enero, con la convalidación de dos importantes Decretos-Leyes de carácter procesal y administrativo, uno, y de carácter económico, otro, y la no convalidación de un tercero, muestran los riesgos en que incurren partidos poco fiables que actúan en el marco de una democracia muy asentada.

Antes de comentar la sesión parlamentaria de 10 de enero conviene recordar un hecho que ha condicionado la estabilidad democrática española. Desde 1986, cuando una parte de la derecha que estaba descontenta con la Alianza Popular de Fraga Iribarne intentó la llamada “operación Roca”, en España ha habido una cierta tendencia a crear pequeños partidos que aparecen muy ilusionados y osados ante la opinión pública, pero luego se deshacen como un muñeco de cartón en el agua. En este país hay políticos y empresarios desnortados que creen que un partido es una creación artificial a base de dinero y de unas pocas figuras mediocres que se presentan ante la opinión pública como innovadores y salvadores. En España, como en las demás democracias asentadas, crear y consolidar un partido cuesta mucho y los partidos “artificiales”, que no responden a los intereses sociales asentados de amplias franjas de la población, acaban fracasando. Fracasó el CDS de Adolfo Suárez, fracasó UPyD de Rosa Díaz, fracasó Ciudadanos y está a punto de desparecer Podemos. La única incógnita que está aún abierta es el destino de Vox que se le fue de las manos al Partido Popular. Viene a cuento esta reflexión por el papel destructivo que puede desempeñar Podemos en esta legislatura, pues, en su afán de venganza contra Sumar, puede comprometer la obra progresista del Gobierno de coalición. Y es que Belarra y Montero están más próximas al nivel mediocre y carente de visión policía de Rosa Díez o Albert Ribera. Por eso hacer política con partidos y personas de este limitado nivel político no asegura la estabilidad institucional y ni siquiera favorece los intereses de los que maldirigen estos partidos: el ejemplo de Ribera, que pudo ser Vicepresidente del Gobierno, es el ejemplo más palmario.

Hecha esta reflexión, habrá que esperar a ver el comportamiento de Podemos en el futuro. Los pocos diputados que tiene actualmente son los últimos de Filipinas y saben que desde el Congreso se van a ir al paro. De modo que podrían ser un poco más sensatos por el interés propio, pues quizá no se han percatado de que si su labor de francotiradores al servicio de la derecha rebasa ciertos límites, el Presidente Sánchez puede decidir disolver las Cortes y el Decreto de convocatoria de elecciones sería como una esquela de Podemos en la prensa. Les conviene controlar sus deseos de venganza contra Díaz y pasar una legislatura tranquila, ya que es la última que van a tener.

La misma reflexión cabe hacer respecto a Junts. Puigdemont y su núcleo más próximo han convertido a la antigua Convergència Democràtica de Catalunya en un partido despegado de los intereses sociales de su antigua base social, las clases medias catalanistas más o menos independentistas. Más de una vez se ha dicho que querían levantar estructuras de Estado sin saber lo que era el Estado. Y así están hoy día. No se puede meter tanta presión al Gobierno de coalición, máxime cuando la amnistía no está aprobada y cada semana que pasa sin amnistía se debilita la posición de Puigdemont y de su grupo más fiel. Es posible que Junts haya tomado el pulso a Núñez Feijóo y haya llegado a la conclusión de que el Partido Popular, con tal de salir de su frustración de no gobernar, también concedería la amnistía a los huidos y encausados. Hace muy pocos días, Enric Juliana, en La Vanguardia del 5 de enero, comentaba una conversación de Carles Puigdemont y de Manfred Werner, donde el ex Presidente fugado le dijo al líder de los conservadores europeos que estaban dispuestos a votar una moción de censura que suscitara el Partido Popular frente al presidente Sánchez. Junts es un partido que no hace política a largo plazo, sino que vive de la tensión que crea, aunque esa tensión no favorezca sus intereses como partido ni a los intereses de sus dirigentes. No han sacado consecuencias políticas de su fracaso en septiembre-octubre de 2017, pero han metido en su cerebro a martillazos que la política es tensar la cuerda. A Junts le puede pasar lo que a Podemos, que se encuentren con unas Cortes disueltas, con sus dirigentes todavía fugados en Bruselas y sin regresar a España.

Por eso Podemos y Junts están jugando con fuego, y, como los niños, no han aprendido todavía que el fuego quema y destruye.

La denominada “segunda fase” de la guerra de exterminio de Israel en Gaza (de Hamas, según el relato oficial; en verdad, del pueblo palestino que allí malvive o muere) y la crisis política en Francia se disputan el interés internacional de este turbulento inicio de año. Por diferentes que sean ambos asuntos -en alcance, en propósitos, en protagonistas- reflejan contradicciones y tensiones que auguran una difícil salida.